Defensores comunitarios

Yanuaria de Alba
Los defensores comunitarios son personas que, de forma individual o colectiva y pacífica, promueven, protegen y defienden los derechos humanos, los derechos colectivos, el territorio, el medio ambiente o los sistemas normativos de sus comunidades.
Para ellos el uso desproporcionado de las normas penales es una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente; también el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras puedan exigir sus derechos.
El derecho a las protestas busca la transformación jurídica y política que ha quedado plasmada en diversos procesos de reformas constitucionales. En el caso de México, en el tema de reformas para pueblos originarios, se adoptó la pluriculturalidad como principio fundamental de la nación; se reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos y se precisó un marco constitucional para el ejercicio de su libre determinación y autonomía. Todo esto para dar certeza legal y protección a quienes protestan en el rubro. Amnistía septiembre 2023
Amnistía México señala en el tema de protesta para protección al medio ambiente que: “El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente; mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”. Esto dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La protesta de cualquier índole suele ir de la manos de la persecución penal y estigmatización, con estrategias de desacreditación de los representantes, líderes y de sus cercanos incluyendo colaboradores, familias, amigos. Esto genera un ambiente de frustración y mengua el apoyo que se pudo conseguir en un momento.
Las instituciones procuran que exista quien levante la voz, por ejemplo, la UNAM y el INPI preparan defensores comunitarios por los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo la criminalización injusta de personas defensoras que protestan pacíficamente alcanzan varios niveles de agresión, que van desde las físicas, psicológicas y económicas, incluso enfatizando en enfermedades, dolores físicos como consecuencia de golpes recibidos, miedo, ansiedad, dificultades para dormir, estrés, impotencia, sentimiento de injusticia por lo que les pasó y afectaciones en su labor de defensa de derechos.
Con agresiones dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes, o las personas más visibles de movimientos de protesta, a quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pacíficas. Aunado a esto los procesos suelen alargarse por diversas causas, incluyendo la reactivación de procesos o fabricación de nuevos delitos.
Interesa desarrollar mecanismos idóneos donde los pueblos y comunidades participen en un diálogo horizontal con respecto a las diversas cuestiones que afectan sus modos de vida debería ser una de las discusiones centrales, porque existen quienes distraen la atención sobre las causas raíz y los desafíos que enfrentan las personas defensoras, por esto es necesario crear espacios que ayuden a garantizar la participación en los asuntos que afectan a sus comunidades; fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se abstengan de utilizar cuerpos de seguridad militarizados, como la Guardia Nacional, para la vigilancia de protestas.
Entre las recomendaciones, Amnistía Internacional propone que el Estado cese la criminalización de la protesta y que los hechos de violaciones a derechos humanos se investiguen de manera adecuada, para asegurar a las personas defensoras una reparación integral del daño. Sin olvidar que existen la privación de la libertad y seguridad, así como el uso excesivo de la fuerza y que las represiones suceden en todos los niveles de gobierno.
Fuentes: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/09/mexico-land-defenders-criminalized-right-to-protest/