Con 16 mil 192 personas desaparecidas por el crimen organizado —sin faltar, al menos en una ocasión, la participación de policías—, Jalisco ocupa el nada honroso primer lugar nacional en este grave delito. En contrapartida, la entidad padece una de las peores comisiones de búsqueda. En recomendación dada a conocer la semana pasada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirma, en síntesis, que por deficiente actuación de las autoridades locales “no hay acciones de búsqueda inmediatas, oportunas ni transparentes; útiles ni con rigor científico”. Lo peor: falta de empatía (de quienes laboran ahí) con víctimas y sus familiares. Cita la crisis forense de 2018 —tráileres refrigerados con cientos de cuerpos sin identificar— que aún persiste.
