A primera vista, y salvo ajustes que deberán hacerse de aquí a 2027 cuando se realice la elección de jueces y magistrados en Jalisco, como está planteada, parece viable, congruente y justa. Destaca sobremanera -a diferencia de la federal que terminó en tianguis con tómbola y dados cargados–, aquí prometen selección rigurosa; pruebas técnico-jurídicas; 5 y 10 años de práctica profesional; no color partidista; exámenes de oposición, psicológicos y psicométricos. No obstante, me brinca “que no hayan sido sentenciados por violencia familiar, violencia política de género…”. ¿Y por qué no otros antecedentes penales?.
