Guadalajara, Jalisco.- Aunque desde 2017 los planes parciales para el distrito 2 de la Minerva se encuentran suspendidos por un juzgado y en proceso de declararse si son o no legales “debido a múltiples irregularidades e inequidad en los mismos”, el ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por Ismael del Toro, ha buscado la manera de otorgar permisos para la edificación de torres verticales, según denunció el Parlamento de Colonias.
A través de un boletín, la organización aseguró que ante proceso judicial, la administración municipal debería ceñirse a los planes parciales vigentes hasta 2003 para dicho distrito. No obstante, apuntó, se han utilizado procedimientos a través de disposiciones administrativas “para justificar licencias irregulares”.
El Parlamento de Colonias recordó que dichos procedimientos “no están por encima de ley” y tampoco deben ser aplicados a nuevas construcciones, pues incluso Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, en su época como presidente de Guadalajara promovió restricciones para regular el crecimiento de algunas zonas.
“Esta administración municipal de Guadalajara otorga licencias de construcción ilegales, excediendo las normas de edificación vigentes, según lo permitido por la Ley de Desarrollo Urbano, en deterioro de la calidad de los vecinos de dichas edificaciones, pero para no incurrir en violación a la suspensión de un juez federal de los planes parciales, es que aplica indebidamente el recurso de revisión, mismo que resuelve el Comité Dictaminador de los Recursos de revisión en Materia de Desarrollo Urbano en Guadalajara, presidido por el mismísimo Ismael del Toro Castro”, explicó la agrupación.
Como ejemplo, citó el caso del edificio en construcción ubicado sobre la calle Mar Tirreno 62, en la colonia Country Club, por el que diversos vecinos de la zona han interpuesto demandas de amparo y nulidad, ya que se altera el uso de suelo al construir una edificación de ocho niveles y dos sótanos, en donde solamente se permiten dos pisos.
“La obtención de los permisos es a través de un recurso de revisión con numero de expediente CDRRMDU/084/2018, promovido por los hermanos de apellidos Martínez Negrete Canales, donde se aprecia la manera en la cual se obtienen los permisos ‘extraordinarios’ en la actualidad.
“Sin embargo la problemática no termina ahí, (el ayuntamiento) sigue con las argucias y complicidad entre los constructores y la administración municipal para evitar el cumplimiento de las medidas cautelares que son concedidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y por los juzgados de distrito. Para esto obtienen suspensiones de supuestas órdenes verbales de clausura y se escudan en ellas para dejar de cumplir las suspensiones reales ordenadas por las autoridades judiciales que determinan suspender la obra, así, el ayuntamiento, a través de su jefe jurídico, impide que se clausure”, talló el Parlamento de Colonias sobre el presunto modo de operación.
“Este es el caso de la medida cautelar dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia con número de expediente 237/2020, la cual no ha sido cumplida por el Ayuntamiento de Guadalajara a pesar de estar notificada desde el 19 de febrero de 2020, donde se ordena la inmediata paralización de la obra. En dicha irregularidad, la clave es la Dirección Jurídica del ayuntamiento de Guadalajara, a cargo de Bárbara Lizette Trigueros Becerra”.
Finalmente, el Parlamento de Colonias exigió a Del Toro Castro “hacer cumplir el Estado de Derecho”.
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