La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la Ley de Amnistía para liberar a presos políticos, aprobada por unanimidad horas antes en la Asamblea Nacional, la cual responde a demandas de la oposición y de organizaciones como Foro Penal.
La ley cubre detenciones vinculadas a una docena de episodios de agitación política ocurridos desde 2002, como el paro petrolero de 2002–2003 y las protestas por presunto fraude electoral de 2017 y 2024, contra opositores, sindicalistas, estudiantes y periodistas que manifestaron su descontento con las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Asimismo, la norma permite que las personas exiliadas se representen ante los tribunales mediante apoderado, sin requisitos adicionales, aunque deberán comparecer personalmente si así lo solicita la justicia.
Quedan excluidos de la amnistía los casos relacionados con homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar. Los tribunales deberán anular los procesos en un plazo de 15 días.
