Guadalajara, Jalisco.— Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron este lunes una “triple crisis” que, aseguran, atraviesa la ciudad: abandono institucional al cuerpo de bomberos, aumento en la percepción de inseguridad y un incremento injustificado en la tarifa del agua potable.
En rueda de prensa, los ediles Juan Alberto Salinas y Mariana Fernández señalaron que el incendio ocurrido el pasado 30 de abril en El Álamo Industrial evidenció la falta de capacidad del municipio para atender emergencias de gran magnitud. Denunciaron que los bomberos trabajan con equipo obsoleto, carencia de químicos especializados y unidades en mal estado.
“Con dos pipas que se les tira el agua y motobombas insuficientes se pretendía contener un incendio de esa magnitud”, reclamó Salinas, quien añadió que los camiones son reparados por los propios bomberos ante la tardanza del taller mecánico. También cuestionó que mientras el personal operativo carece de recursos básicos, los mandos administrativos cuentan con camionetas de lujo.
Ambos regidores señalaron que, pese a haber solicitado información sobre el estado del patrimonio municipal, solo obtuvieron la promesa de un informe trimestral. “El gobierno de Verónica Delgadillo está más enfocado en lo estético que en lo útil”, acusaron.
Respecto a la seguridad pública, citaron la última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), en la que el 78.8% de los tapatíos expresó sentirse inseguro. Además, solo el 21% considera efectivo al gobierno municipal.
“Guadalajara está muy por debajo de la media nacional. Zapopan, con los mismos problemas, tiene mejores resultados. Hay una diferencia de 34 puntos porcentuales”, comparó Salinas.
Sobre el nuevo aumento propuesto por el SIAPA —un 12.5% adicional a partir de este año—, los regidores recordaron que desde 2019 las tarifas han incrementado más del 76%. Fernández denunció que el servicio sigue siendo ineficiente, especialmente en las zonas más pobres del sur y oriente de la ciudad, donde hay colonias que enfrentan meses sin agua.
También acusaron que el organismo operador mantiene una cartera vencida del 40%, cobra con estimaciones sin lectura real, y carece de personal suficiente.
“Mientras a las grandes empresas no se les cobra lo justo, a los ciudadanos se les exige que midan ellos mismos su consumo”, declaró Salinas.
Finalmente, reprocharon las agresiones contra comerciantes informales por parte de inspectores municipales, como en el caso reciente de un vendedor de tamales y un músico callejero.
“Persiguen al que vende tamales, pero permiten negocios de sus allegados sin licencia”, denunciaron, al tiempo que solicitaron una política de regularización con enfoque social.
