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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su segundo mandato con la firma de más de 60 órdenes ejecutivas desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Estas acciones incluyeron la revocación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, la suspensión de nuevas solicitudes de asilo y la congelación del gasto federal sin previa consulta al Congreso.
Estrategia de “inundar la zona”
Expertos legales han identificado un cambio en la estrategia del mandatario respecto a su primer periodo (2017-2021). En esta ocasión, Trump ha implementado con mayor eficacia la táctica conocida como “flood the zone” (inundar la zona), atribuida al estratega ultraderechista Stephen K. Bannon. Dicha estrategia busca abrumar a la oposición, los medios y la judicatura con un alud de acciones para limitar su capacidad de respuesta.
Hasta el momento, el Partido Demócrata no ha logrado una respuesta efectiva, en parte debido a que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. En este contexto, los jueces han representado el principal freno a la agenda de Trump, bloqueando algunas de sus medidas más controvertidas de manera temporal.
Enfrentamiento con la judicatura
A pesar de estos bloqueos, el presidente ha mantenido su postura y se encamina a un choque directo con el poder judicial que podría resolverse en el Tribunal Supremo. Este organismo cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces contra tres, de los cuales tres fueron designados por Trump en su primer mandato.
El año pasado, el Tribunal Supremo falló a favor de otorgar al presidente inmunidad ante ciertas acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que ha sido interpretado como una expansión del poder ejecutivo. Si el Tribunal respalda sus decretos, el mandatario podría consolidar su capacidad de modificar la administración pública y la asignación de fondos, debilitando el poder legislativo y limitando la intervención judicial.
Cuestionamientos sobre el cumplimiento de fallos judiciales
Trump ha insinuado que podría no acatar fallos judiciales en su contra. En una declaración reciente desde el Despacho Oval, el mandatario criticó a los jueces que han bloqueado algunas de sus medidas y afirmó: “Quizá tengamos que revisar a los jueces, porque es algo muy serio. Creo que es una violación grave”.
El vicepresidente J.D. Vance respaldó esta postura y afirmó en redes sociales que “los jueces no pueden controlar el poder del Ejecutivo”. Elon Musk, actual titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), también defendió esta idea y escribió en X: “Si CUALQUIER juez en CUALQUIER lugar puede detener CUALQUIER acción presidencial en TODAS partes, entonces NO vivimos en una democracia”.
Posibles consecuencias
Aún no está claro cuáles podrían ser las consecuencias de una eventual negativa del presidente a acatar fallos judiciales. Un juez podría declararlo en desacato, lo que podría derivar en cargos penales o civiles. Sin embargo, no existen precedentes claros sobre cómo proceder si el acusado es el propio presidente de Estados Unidos.
El caso histórico más cercano se remonta a la presidencia de Andrew Jackson (1829-1837), quien desafió un fallo del Tribunal Supremo en 1832. Según se le atribuye, Jackson respondió con la frase: “John Marshall ha tomado su decisión; ahora que la haga cumplir”.
Casi dos siglos después, Trump parece dispuesto a llevar ese desafío a un nuevo nivel, intensificando el conflicto entre el Ejecutivo y la judicatura en un escenario sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.