En Jalisco estamos en una encrucijada. Entre desapariciones forzadas y levantones, los jaliscienses nos encontramos desconcertados y no sabemos qué está pasando.
Para poder dimensionar lo anterior, es necesario comprender el alcance entre ambos conceptos mencionado.
Primero, por desaparición forzada entendemos lo siguiente: que la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública, es perpetrada por personas cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
Hace tan sólo unos días fueron detenidas 11 policías municipales por el delito de desaparición forzada, acusados de haber privado de su libertad a al menos a 8 ocho personas.
Los 11 elementos pertenecen a las corporaciones municipales de Autlán de Navarro, Teocaltiche y San Pedro Tlaquepaque, y presuntamente participaron en tres eventos distintos entre 2018 y 2020, según se detalló el pasado domingo. Y aún faltan más órdenes de aprehensión que están por cumplimentarse.
Hace algunos meses, la actuación de policías ministeriales que, vestidos de civiles, en camionetas sin placas y armados con bats, tubos y tablas, impidió a más cientos de jóvenes llegar a una manifestación afuera de la Fiscalía General de Jalisco. Los elementos detuvieron de manera arbitraria a decenas de manifestantes, los metieron a celdas, no informaron sobre su paradero y les impidieron avisar a sus familias. Estos hechos, pueden enmarcarse como desapariciones forzadas.
A diferencia de una desaparición forzada, en quien ejecuta es parte del Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno, los L
levantones son privaciones de la libertad que perpetran civiles.
Jalisco atraviesa por una grave crisis pues ocurren las dos cosas.
En este momento, casi un centenar de servidores públicos están siendo procesados penalmente por estar involucrados en delitos de desaparición forzada, incluso jueces.
El desconcierto es total.
Tanto las desapariciones forzadas como los levantones, tienen una relación directa con los hallazgos de cientos de fosas clandestinas, la gran mayoría ubicadas en Jalisco.
Esto explica que son casi 11 mil personas desaparecidas en Jalisco en los últimos años.
En días pasados privaron de su libertad a un estudiante de la Universidad de Guadalajara, Carlos Maximiliano. Un comando de personas armado llegó a su domicilio y se lo llevó, argumentando que iban a cumplimentar una orden de aprehensión.
Los delincuentes dijeron ser personal de la Fiscalía del estado, y aparentemente se identificaron. Personal de la corporación niega habérselo llevado. Dicha afirmación resulta altamente preocupante, pues significaría que en nuestra zona metropolitana andan grupos de personas armadas levantando a personas sin ningún problema.
En estos días también se dio a conoce otro “levantino” con características similares al anterior, se trata de Alejandro Rosales, quien el 8 de septiembre fue sustraído de su domicilio por hombres armado. Esto en la zona de Atemajac, en el municipio de Zapopan.
En virtud de lo anterior, urge un enroque de personal entre autoridades de Jalisco, ya que el personal del Escudo Urbano C5 no ve, ni documenta algo: puede pasar de todo, y ellos no se enteran de nada.
Su personal debería de irse a la oficina de foto infracciones a capacitarse, ya que el personal ahí es altamente eficiente, pues te lleva tu foto infracción hasta las puertas de tu casa.
