Uno de los temas centrales que deben abordar quienes pretenden administrar el país, el estado y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es el crecimiento anárquico y agresivo en que predomina el interés mercantil sobre las personas y sus comunidades. Los candidatos se manifiestan con declaraciones saturadas de lugares comunes y retórica, hablan de generalidades y de buenas intenciones sin que propongan algo concreto que los comprometa para mejorar la vida de los habitantes.
La necesidad de vivienda de los pobladores del estado ha sido aprovechada por la voracidad de quienes pretenden acumular riqueza rápida y a cualquier costo, incluyendo el despojo de los ahorros de las familias. Esa condición ha creado grandes y constantes abusos, sumado a la rapacidad de autoridades estatales, municipales y representantes populares que se han prestado entusiastamente a modificar la normatividad regulatoria.
El crecimiento urbano anárquico y acelerado viene a partir de la década de los noventa, aunque los orígenes son múltiples, el primario fue la comercialización de los ejidos en una perversión del uso del suelo, con finalidad distinta a la que se previó en el utópico proyecto del reparto de la tierra.
Fue durante el periodo de Alberto Cárdenas en que se construyeron las condiciones jurídicas para los grandes negocios inmobiliarios, con dos acciones centrales y otras periféricas, la primera fue derogar la legislación que condicionaba entre otras acciones la entrega del veinte por ciento de los terrenos a urbanizar a los municipios para convertirlos en terrenos de uso común, que se podían dedicar a parques y zonas verdes o bien construir iglesias, mercados y escuelas, lo que privilegiaba y garantizaba espacios para la convivencia social.
La Ley fue sustituida en 1998 por un Código Urbano que entre otras ventanas favorables a los desarrolladores, permitía incorporar las áreas de donación al desarrollo inmobiliario mediante la adquisición monetaria a los municipios. Aquello además de dañar los bienes comunales permitió que los negociantes y los funcionarios municipales negociaran bajo la mesa precios bajos por los bienes de uso común, a cambio de beneficios personales irregulares para los funcionarios.
La aprobación del Congreso del Estado de dicho Código a propuesta del gobierno de Cárdenas fue rápida y expedita por los diputados del PRI, PAN y PRD. Los representantes populares eran los líderes reales de los tres partidos, que hicieron caso omiso a su papel de contrapeso, asumiendo los acuerdos y arreglos con extrema diligencia entre rumores y sospechas de sumas de dinero que corrieron a sus bolsillos de las cuentas bancarias de los desarrolladores.
La segunda acción fue la creación de las figuras de Derecho Administrativo de la Negativa Ficta y la Afirmativa Ficta, que permitieron a un Tribunal Administrativo acomodaticio y corrompido sustituir las decisiones de las administraciones municipales, mediante triquiñuelas. No debemos olvidar que los tribunales se convirtieron en espacios de los grupos locales, mediante la distribución de denigrantes cuotas de poder.
Otro factor determinante fue la influencia del gobierno federal en las políticas de vivienda. Destacadamente en el INFONAVIT regulado por la Secretaría de Hacienda que fija las condiciones para el otorgamiento de créditos y que la intervención de agentes aparentemente externos, determinaba la certeza de un mercado protegido con el ahorro de los trabajadores. Fue evidenciada por los medios la intervención de los hijos de Martha Sahagún, en el sexenio de Vicente Fox para poyar a la empresa Homex, en la construcción del desarrollo de Santa Fé, en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.
Las empresas de mayor poder económico que con el apoyo federal se apoderaron del control de la vivienda fueron Homex, Geo y Urbi. En este sexenio y por razón de que perdieron la simpatía de los funcionarios, les fue restringida la protección discrecional de sus inversiones y cayeron en un bache financiero, que los llevó a la bancarrota de la que no logran salir.
En medio de los intereses y las corruptelas se encuentran atrapados quienes han obtenido un crédito para adquirir una vivienda aportando sus ahorros de años, reunidos a través de su trabajo y que los gobiernos, las empresas desarrolladoras y personajes sin escrúpulos han convertido en objeto de su insaciable voracidad. Factores como el tamaño de la vivienda o la construcción de fraccionamientos sin cumplir los requerimientos mínimos para su habitabilidad, que carecen de los servicios municipales y de transporte público entre otras carencias, que los municipios se niegan a recibir por no cumplir los requisitos mínimos y que sin embargo fueron sospechosamente aprobados para su construcción.
El efecto es que muchas familias se han visto obligadas a abandonar las viviendas y perder sus ahorros por las condiciones infrahumanas que se generan con la falta de servicios, la destrucción de vías públicas, la violencia que provoca la inseguridad y el asentamiento de delincuentes, el consumo de drogas y la proliferación de pandillas, como fenómenos colaterales.
Sumado a todos los fenómenos que agreden al desarrollo armónico de los habitantes, debe considerarse el daño que se le ha causado al crecimiento equilibrado del estado, al privilegiar la Zona Metropolitana con inversiones de los gobiernos para generar condiciones favorables a los negocios inmobiliarios. Tampoco se han generado políticas de protección de los recursos naturales con casos como el abuso del agua para abastecer el entorno metropolitano, ni que decir de la incapacidad de los gobiernos para tratar las aguas residuales, entre otros muchos males en perjuicio de quienes viven en la Zona Metropolitana y de manera indirecta en todo el estado.