Guadalajara, Jalisco.-De enero a marzo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró 79 mil 440 transacciones bancarias sospechosas en Jalisco; equivalente a 174 avisos al día sobre posible blanqueo o lavado de dinero según el gobierno Federal, por lo que ocupa el segundo lugar nacional en el tema.
Las acciones son parte del operativo Agave Azul, con el cual en junio bloquearon las cuentas de mil 939 personas y empresas ligadas al Cártel Nueva Generación.
Por otro lado, el combate a este delito ha sido sumamente bajo. De enero de 2009 a octubre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió solamente una sentencia por cada 10 investigaciones iniciadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ello, es necesario una mejor estrategia y coordinación entre el gobierno federal y los estatales, así como el poder Judicial.
A inicios de este mes, en una reunión con diputados federales, Santiago Nieto Castillo; titular de la UIF, presentó un informe en el que expresó que durante la administración anterior aumentó de manera significativa la operación de los grupos delincuenciales.
Al respecto, apuntó que hay 19 organizaciones delictivas, y Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son de naturaleza “supranacional”. Frente a ello, enfatizó la importancia de fortalecer a la unidad antilavado y hacer cambios legislativos para tener “cero tolerancia” con los grupos delictivos, puesto que además de traficar drogas cometen delitos de extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, e incluso el tráfico ilegal de especies.
Durante los últimos seis años, la Unidad bloqueó cuentas por siete mil 450 millones de pesos, al igual que 345 mil dólares.
Convenio
Con base en información del Gobierno estatal, el objetivo del convenio de colaboración con la UIF es garantizar el intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer de cualquier manera cometer los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La unidad local podrá recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así como los relacionados a ellos.
“La información que brinde el Gobierno de Jalisco podrá ser diseminada por la UIF, dentro de sus atribuciones y de la normatividad, a las autoridades competentes nacionales y extranjeras. Se creará un Grupo de Enlace para el cumplimiento, evaluación y seguimiento del convenio”, se lee en un comunicado del Ejecutivo estatal.
Aumentan 10 veces los reportes de operaciones inusuales
A pesar del Covid-19, el lavado de dinero no paró. En Guadalajara crecieron 10 veces los movimientos inusuales relacionados a él en el primer cuatrimestre del año comparado con el mismo periodo del 2019: pasaron de tres mil 707 a 39 mil 232, según reportes de la UIF. El municipio es el segundo a nivel nacional con más operaciones sospechosas.
Nieto añadió que también han incrementado los delitos cibernéticos, en particular la pornografía infantil.
“Hay una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético relacionado con la pandemia”.
Jalisco ya tiene una UIF para detectar e investigar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados principalmente a los grupos de la delincuencia organizada. El convenio con la UIF se firmó a mediados del año pasado.
“El convenio con la Fiscalía de Jalisco tiene ese propósito: poder diseminar información para que se integren expedientes en el ámbito federal y local, y se pueda combatir este cáncer social que tiene que ver con el lavado de dinero, particularmente en temas vinculados con el robo de hidrocarburos, temas relacionados con corrupción y narcotráfico; incluso, todos los delitos relacionados con éste, así como los temas involucrados con la procuración e impartición de justicia”, destacó Santiago Nieto durante su firma.
Otro riesgo que señalan a causa de la pandemia, es el crecimiento de la economía informal, en la cual actualmente se ubica el 57% de la población. “El Covid-19 seguramente hará que estos números se incrementen… estamos hablando del 2 por ciento del Producto Interno Bruto… es importante tener un diagnóstico claro y mejorar el modelo”.
En los últimos seis años, como petición de la UIF, las instituciones financieras han bloqueado 38 mil 608 cuentas que se presume que pueden estar relacionadas a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde 2015 y hasta la primera quincena de junio pasado se habían congelado siete mil 450 millones de pesos, así como 345 mil dólares y 42 mil euros.
Sobre ello, Santiago Nieto comunicó que es clave saber quién es el beneficiario real de los recursos. “Los que aparecen como propietarios de los bienes muebles e inmuebles, es importante encontrar quién es el beneficiario real, quién es la persona que está disfrutando y gozando esos bienes obtenidos de naturaleza ilícita”.
Agregó que además de bloquear las cuentas, valdría la pena multar a esas personas con una especie de “muerte civil”, para que así no puedan acceder por ejemplo a las notarías, comprar vehículos, obras de arte y joyas.
Indicó que en 2019 se duplicó el número de denuncias, al presentar 164 ante la Fiscalía, y se dieron más de 100 vistas ante procuradurías, fiscalías y otras instancias administrativas locales y federales.
Recursos no reclamados
- Legislación: Durante una sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, uno de los cambios planteados es que la Secretaría de Hacienda pueda recuperar los recursos a través de la extinción de dominio.
- Bloqueos: según la unidad antilavado, hay más de dos mil millones de pesos en cuentas bloqueadas que nadie ha reclamado, de los siete mil 500 millones de pesos congelados en los bancos. “Sin embargo, la ley nos obliga a nosotros a presentar denuncias. El Ministerio Público tiene que asegurar las cuentas o irse por el procedimiento de extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil”.
- Proceso: Nieto recordó que si no hay una facultad normativa que les permita solicitarle al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o al Ministerio Público que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio, deben esperar a que se desarrolle el proceso penal, se judicialice la carpeta de investigación, “y el juez en sentencia condenatoria emita una decisión respecto al decomiso de bienes e instrumentos del delito, lo cual nos va a llevar a varios años de distancia”.
- Cárteles: Nieto especificó que una gran parte de los recursos congelados sin reclamar corresponde a la delincuencia organizada. Un ejemplo es un abogado del Cártel Nueva Generación, de quien se tienen dos millones de dólares bloqueados en el banco que “nadie ha reclamado al día de hoy”.
- Canalizar: por una parte, hay cuentas congeladas en las que se promueven amparos, “pero hay casos donde nadie reclama las cuentas y creo que eso valdría la pena ya poderlo canalizar hacia algún beneficio para la sociedad”.
- Cumplimiento:Nieto recordó que es necesario que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cumpla con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además de que se debería regular el financiamiento al terrorismo, reconocer a la persona políticamente expuesta, dar aviso de operaciones sospechosas en actividades vulnerables, establecer un enfoque basado en riesgo, programas de capacitación y sistemas automatizados, así como auditorías externas e internas.
Entre enero de 2009 y octubre de 2019, según datos vía Transparencia, durante ese periodo abrieron dos mil 341 investigaciones por lavado de dinero, pero solamente 223 terminaron en sentencias o personas en la cárcel.
En diciembre de 2018, es decir al inicio de la actual administración, la Secretaría de Hacienda anunció las primeras denuncias por supuestos actos de corrupción. La primera de ellas contra un ex-presidente municipal, “quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales por un aproximado de 32 millones de pesos”.
La segunda en contra de un grupo de personas que usaban diversas empresas fantasma para evadir las obligaciones fiscales, “las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones”.
El académico del Tecnológico de Monterrey, Anuar García, recordó que para que la UIF pueda solicitar un congelamiento de cuentas en México, tiene la obligación de primero presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General.
Pero, en éstas también puede participar la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), “o lo pueden hacer dentro de una carpeta de investigación. Ellos pueden solicitarle, a su vez, a un juez de control en materia federal que les conceda ese congelamiento de cuentas”.
Entre enero de 2009 y junio de 2019, la Unidad presentó también 33 denuncias por delincuencia organizada.
Con información de El Informador
