Durante 2024, México registró un incremento del 266% en las detenciones de personas migrantes en comparación con el año anterior, al pasar de 97,516 en 2023 a 356,988, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tan solo entre enero y abril de 2025, se contabilizaron 88,737 personas detenidas en condición de movilidad. Las nacionalidades con más aprehensiones fueron la venezolana (17,356), colombiana (7,688) y ecuatoriana (7,590), de acuerdo con el mismo reporte.
Guardia Nacional, Ejército y contención migratoria
El incremento de detenciones ha coincidido con un mayor despliegue de fuerzas federales en las fronteras norte y sur del país. Tonatiuh Guillén López, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), señaló que “el gobierno de México comprometió y posicionó a 10 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en labores de vigilancia de la frontera”, lo cual, advirtió, tiene efectos directos sobre las personas migrantes y refugiadas.
Guillén sostuvo que el endurecimiento de las políticas migratorias es resultado del alineamiento progresivo de México con las disposiciones del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, iniciado en 2019 y consolidado en los últimos años. “También nosotros estamos militarizando nuestro lado de la frontera”, afirmó.
Documentan violaciones a derechos humanos
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Universidad Iberoamericana han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas migrantes como resultado de estas políticas de contención y vigilancia militar.
El Centro Prodh ha denunciado casos graves, como el ataque del Ejército a un grupo de migrantes en Chiapas en 2021, en el que murieron dos personas, y el asesinato de dos migrantes en Chihuahua en 2023. Además, en 2024, la Guardia Nacional fue señalada por la muerte de dos ciudadanos colombianos en la frontera con Estados Unidos.
El informe de la Ibero titulado “La militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes” advierte que esta tendencia ha propiciado que los agentes actúen de manera arbitraria y fuera del marco legal.
“El uso de fuerzas militares en tareas de contención migratoria genera un entorno de riesgo para personas ya vulnerables por su situación”, señala el documento. Las organizaciones defensoras del derecho a migrar han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas en las políticas migratorias mexicanas.
Con información de El Universal.
