Morelia, Michoacán. — Un juez especializado en justicia para adolescentes dictó la pena máxima de internamiento contra el joven de 15 años penalmente responsable del feminicidio de dos profesoras, un suceso que aconteció el pasado 24 de marzo en un plantel educativo del municipio de Lázaro Cárdenas. La resolución jurídica se obtuvo mediante un procedimiento abreviado promovido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Sentencia y reparación del daño
Durante la audiencia procesal, la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género acreditó la responsabilidad del adolescente, identificado con las iniciales O.H.A., en el delito cometido contra las docentes María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años.
La resolución del órgano jurisdiccional estableció las siguientes determinaciones legales:
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Medida de internamiento: Una sanción de tres años de privación de la libertad, lo cual representa el límite máximo permitido por la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes en el país.
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Sanción económica: Una orden de pago que supera los tres millones de pesos destinada a la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.
El origen de la agresión
Los hechos del expediente se registraron en las instalaciones de la preparatoria privada Antón Makárenko. De acuerdo con las indagatorias ministeriales y los indicios recuperados de las plataformas digitales del propio estudiante, el ataque ocurrió luego de un conflicto derivado de la negativa de acceso al plantel por llegar tarde. Las autoridades señalaron que los materiales analizados en sus redes sociales mostraban afinidad previa con ideologías de tintes violentos.
El día del incidente, el agresor accionó un arma de fuego en contra de las profesoras dentro de la escuela; posteriormente, alumnos del mismo salón de clases intervinieron en el sitio para someterlo y desarmarlo antes de entregarlo a los cuerpos de seguridad.
La representación social de la FGE destacó que el fallo judicial busca garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas, remarcando que el desarrollo de la investigación formal se condujo con estricto apego al debido proceso y bajo el marco legal que rige el interés superior de la niñez.
