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Diputado Jesús Hurtado denuncia persecución política

Diputado Jesús Hurtado denuncia persecución política

Guadalajara, Jalisco.-Tras denunciar inconsistencias en la revisión que la Contraloría del Estado de Jalisco realizó al polémico programa A Toda Máquina del gobierno de Jalisco, el diputado panista Jesús Hurtado denunció ser víctima por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El funcionario aseguró a Notisistema que desde sus dichos ─a finales de mayo pasado, cuando la Contraloría resolvió el proceso administrativo de la investigación─ han arribado elementos de la Fiscalía al municipio de Unión de San Antonio, de donde es originario y fue presidente municipal, para hostigar a la población e investigar acciones llevadas a cabo durante su gobierno.

“Da la casualidad que las investigaciones que se están iniciando (por parte de la Fiscalía) son contra la administración anterior a la de él, que es la mía, y son por obras en el periodo que yo estuve al frente, por eso tengo claridad que es contra mí. Se les está obligando a decir si yo acudí o no acudí a hacer las entregas de las obras”.

Hurtado aseguró que los elementos de la Fiscalía están llevándose a personas para declarar sin una orden de por medio, por lo que anticipa una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explica información recogida por José Luis Escamilla.

Según el congresista, este jueves unos 40 elementos de la Fiscalía a bordo de 10 vehículos, llegaron a esa localidad y, sin un documento que respaldara la acción y sin mostrar alguna identificación, subieron a las unidades móviles a decenas de personas.

Hurtado narró que los ciudadanos “levantados” fueron llevados ante el Ministerio Público, donde les informaron que habían sido presentados en calidad de testigos.

No obstante, Torres posee un historial de arbitrariedades, mismo que se remontan a su paso por la alcaldía de San Antonio. En 2015, cuando abandonaba el cargo para disputar una diputación federal, un reportaje de Gloria Reza en la revista Proceso dio cuenta del actuar del funcionario, quien cometió un fraude y encarceló a un grupo de mujeres para burlar su responsabilidad.

“Las sentenciaron a dos años de cárcel y a un pago por daños de 32 mil pesos cada una. Después de la apelación de su defensor, se les fijó una fianza de 23 mil pesos para dejarlas en libertad condicional”, precisa la citada publicación.

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