Guadalajara, Jalisco.-Entre duros cuestionamientos de legisladores locales y denuncias de uso excesivo de la fuerza, el Gabinete de Seguridad del Estado compareció hoy ante el Congreso de Jalisco para rendir cuentas sobre el operativo desplegado durante la manifestación del pasado 11 de octubre, donde ciudadanos protestaban por el agua contaminada que llega a hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
A la sesión acudieron algunas de las personas que fueron reprimidas en dicha manifestación, así como la madre de un oficial de policía que resultó golpeado durante los enfrentamientos.
El recinto legislativo permaneció custodiado en su exterior por un fuerte aparato de seguridad con vallas metálicas y presencia de la policía estatal, mientras afuera se concentraban manifestantes.
Exigen deslindar responsabilidades
Durante el intercambio, la oposición centró sus exigencias en identificar a los mandos a cargo de la orden para lanzar chorros de agua, emplear gases lacrimógenos y concretar las detenciones que calificaron de arbitrarias.
La legisladora del PRI, Alondra Fausto, recriminó la falta de claridad en las líneas de mando operativo, lanzó preguntas cómo Quién tenía el mando operativo, quién autorizaba los cambios en el uso de la fuerza y quién ordenó o autorizó la utilización de agua y gases lacrimógenos
Por parte la diputada de Futuro Mariana Casillas acusó la violencia ejercida contra los manifestantes y presentó videos para evidenciar los excesos cometidos en la vía pública por las corporaciones de seguridad, “Sus policías les esperaron con gases lacrimógenos”.
Acusaciones de tortura y desaparición forzada
Las señalamientos escalaron al abordar la presunta comisión de violaciones graves a las garantías individuales. Las diputadas de Morena y Futuro, Itzul Barrera y Tonantzin Cárdenas cuestionaron si las actuaciones policiales derivaron en actos de tortura o desaparición forzada.
“En donde sí hubo exceso de la fuerza, en donde sí hubo una falta porque dicen que hay 17 personas que están investigando y doscientas y tantas comparecencias, pero mientras tanto no nos aceptan la responsabilidad de sus cargos, tienen que aceptar que torturaron personas”.
Al ser cuestionado sobre estas severas acusaciones, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, evitó calificar los hechos argumentando las indagatorias en marcha, “el hecho de que si hay tortura o desaparición no me atrevería en estos momentos a afirmar o negar porque pues tiene que delimitarse y arrojar las investigaciones”.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Carlos Arias Madrid, sostuvo que desde la administración pública no existió instrucción alguna para reprimir a la sociedad, “protestar pacíficamente es un derecho”.
Mientras que el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, argumentó que los efectivos actuaron conforme al marco normativo y confirmó que existen procedimientos administrativos abiertos en contra del personal involucrado.
Preciso que actualmente hay 17 elementos policiales bajo investigación, los cuales se encuentran temporalmente apartados de sus labores operativas mientras la fiscalía y los órganos internos determinan las sanciones correspondientes.
Esta fue mi intervención en la comparecencia del Gabinete de Seguridad de Jalisco, donde se abordaron los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco. @_MorenaJalisco @dip_morenajal @Morena_Partido https://t.co/94rAyilymC
— Candelaria Ochoa (@CandeOchoaA) November 5, 2026
