Guadalajara, Jalisco.-Diputadas y diputados deben acudir al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) del Poder Judicial para promover un juicio de suspensión al incremento de la tarifa del transporte urbano anunciado el 24 de julio por el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, afirma Oscar Constantino Gutiérrez, consultor en derecho constitucional y administrativo.
El motivo es simple, dice. “Esa película ya la vimos”, el ejecutivo argumenta sin sustento el aumento a la tarifa para que después se den las mejoras en el servicio para los usuarios.
El especialista señala a Partidero que cualquier persona puede realizar el proceso, sin embargo, lo preferible es que lo hagan las y los legisladores en su carácter de representantes populares.
En noviembre de 2012, durante la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputados acudieron al TAE para promover una suspensión general, “es decir, no sólo para quienes promovieron la demanda sino para toda la sociedad; en este caso, con beneficio para todos los usuarios”.
En esa fecha, a quien le tocó resolver fue a la entonces magistrada Patricia Campos, y a los secretarios de sentencias Daniel Limón y Oscar Constantino Gutiérrez.
“Existen vertientes para cuestionar este incremento a la tarifa. Lo ideal es (que se haga) un programa de mejoras y después los incrementos tarifarios”, expone.
“Además, no hablamos del aumento a la tarifa a cualquier servicio, hablamos de que la mayoría de las personas que lo usan gastan más de un 40 por ciento de sus ingresos en el transporte, y hay estudios sobre eso. El golpe para la economía familiar es terrible”, advierte.
Una persona que gana el salario mínimo y que utiliza al día tres o cuatro camiones, “simplemente esta medida lo puede dejar en una situación de inoperatividad “.
–Entonces, ¿es posible y factible que se repita el proceso de la suspensión?
–En efecto, se puede replicar. Lo ideal es que los mismos legisladores presenten una demanda e invoquen el mínimo vital como criterio, y como una segunda parte, el argumentar que no hay criterios técnicos que justifiquen la alza; es decir, subir el precio con la promesa de que mejorará el servicio del transporte ya lo vivimos, ni mejora y ni es una justificación técnica.
La suspensión otorgada en 2012 por la quinta sala del TAE fue el primer caso en Jalisco. “Quizá sea el único, no conozco otro igual en otra entidad”, señala.
El criterio utilizado fue el mínimo vital que evoca a los derechos humanos.
La actuación del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, en materia de transporte urbano no es diferente a las aplicadas en administraciones estatales pasadas del PRI o del Partido Acción Nacional (PAN).
“Desafortunadamente, cuando hablamos de negocios concesionados, las presiones o intereses de los poderes económicos siguen siendo los mismos, y no cambia la respuesta de los gobernantes, suele ser la misma; sinceramente yo no veo diferencia”.
Ante lo expuesto, “lo ideal es que algún diputado arrope la causa y hable como representante popular”.
–¿El TAE es independiente?, ¿aceptaría la suspensión?
–Si de entrada niega la suspensión, hay el recurso de revisarse en otras instancias. Mira, en México en derecho administrativo casi no se usa pero existe la figura per saltum, que significa ir a la siguiente instancia. No estaría demás que si se considera que no hay suficiente neutralidad o imparcialidad en el tribunal, se puede ir a tribunales federales bajo ese criterio.
Sin embargo, el especialista agrega que la recomendación técnica sería acudir al TAE, y si la resolución es negativa, entonces, presentar el recurso per saltum.
El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, anunció el miércoles 25 de julio que la tarifa en el transporte urbano pasara de 7 a 9.50 pesos.
A partir del sábado 27 de julio aplicará para los servicios de Macrobús y Tren ligero, y a mediados de agosto para las rutas 380-A, 258 y 176-B y a finales de agosto para las rutas 614, 78-C, 631, 634, 632, 629 y 644-A.
“No es un acuerdo de este gobierno, no es una tarifa establecida por este gobierno, es una tarifa aprobada hace un año y que entra en operación conforme se van acreditando las rutas empresas”, dijo Alfaro Ramírez en conferencia de prensa.
