Frente al desbordamiento del flujo migratorio de haitianos y centroamericanos cruzando por México y empujando para entrar a Estados Unidos, ni siquiera podemos hablar de “crisis migratoria”, no es que no lo sea, pero sucede que se ha vuelto una constante en los últimos veinte años. Es cierto, que la presencia de personas migrantes en nuestro país, sea en tránsito o buscando asilo para permanecer en la República no es constante, pero sí marca una tendencia al alza desde hace dos décadas. Todo va en aumento: los ingresos “con o sin papeles”, las detenciones, las deportaciones, las solicitudes de asilo, el tráfico de personas, la incapacidad gubernamental para enfrentar, respetando los derechos humanos, la migración.
Las solicitudes de refugio en México por parte de haitianos entre enero y agosto de este año, equivalen a 56 por ciento de las promovidas entre 2013 y 2020. Mientras en nuestro país registró la llegada de 147 mil migrantes entre enero y agosto, el triple de 2020, las autoridades de la Unión Americana detuvieron 212 mil migrantes solo en julio, la primera vez que se supera la barrera de los 200 mil en 21 años.
Las imágenes de al menos 13 mil haitianos hacinados debajo de un puente en Del Río, Texas, frontera con Ciudad Acuña, Coahuila, es una muestra clara de la incapacidad de los gobiernos de Haití, México y Estados Unidos para generar condiciones dignas de vida para esas personas.
Los haitianos comenzaron su periplo en enero de 2010 luego del terremoto que les arrebató lo poco que tenían. Comenzaron su andar por Brasil donde encontraron trabajo en la construcción de las instalaciones olímpicas y mundialistas que usaría el gigante del sur. La crisis económica y política carioca los terminó por expulsar y corrieron a Ecuador, Chile, Colombia, Centroamérica, México y pocos a Estados Unidos. Las tragedias no terminaron ahí. Este año, un nuevo terremoto que causó más de 2,200 muertos, y el asesinato, el 7 de julio, del presidente de la nación caribeña, Jovenel Moïse complicó la situación. Son al menos 4 millones de haitianos, de cerca de 11.5 millones, quienes padecen inseguridad alimentaria, y se han visto forzados a salir de la isla al menos dos millones de personas.
En su peregrinar buscando un lugar para vivir, los haitianos solo encuentran puertas cerradas y políticas de expulsión. El gobierno norteamericano, en voz del secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas precisó que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se aplicará “solo a los haitianos que vivían en Estados Unidos antes del 29 de julio”, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley. Aunque las voces de la clase política estadunidense se manifiestan de manera general “por solucionar la crisis migratoria y resolver la estadía de millones de personas sin papeles”, en la práctica miramos acciones diferentes. Más de 6 mil haitianos han sido trasladados a centros de procesamiento migratorio. 800 isleños han sido deportados a Haití. Incluso, poco más de cien fueron trasladados a la Ciudad de México y esperan ser enviados a Puerto Príncipe.
Por otro lado, las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México no cuentan con recursos humanos, institucionales ni económicos, para atender a las miles de personas migrantes que diariamente arriban a la franja fronteriza.
Las imágenes de la Guardia Nacional en México y los agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos deteniendo, golpeando y persiguiendo a los migrantes haitianos, son la burda y violenta respuesta a la pregunta ¿dónde caben los migrantes?
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