Javier Duarte (derecha) junto a Roberto Borge (izquierda); ambos exgobernadores del PRI actualmente presos.
Chetumal, Quintana Roo.-Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo, fue vinculado a proceso por un juez de control, quien le dictó dos años de prisión preventiva justificada mientras concluye su juicio por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública y se le dicta sentencia.
La dictaminación del juez ocurrió la madrugada de este martes tras celebrarse una audiencia vía teleconferencia en Chetumal, capital de Quintana Roo, ya que Borge se encuentra recluido en una prisión del estado de Morelos. El proceso legal se extendió desde las 14:00 horas del lunes hasta las 03:00 horas de hoy.
La defensa del exfuncionario priista, rechazó, a petición del propio Borge, ampliar el término constitucional de su situación legal, situación que prolongó la audiencia.
“El reporte que me pasaron los fiscales que estuvieron en la audiencia, es que el imputado solicitó que todo termine ya, que prescribiera todo hoy y ya estuvo, que lo dejaran libre. Él, todavía prepotente”, narró la titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción del estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, a medios de comunicación.
“Querían hacer valer la prescripción del ejercicio de la acción penal, pues en algunos imputados la autoridad federal ha determinado la prescripción y en otros no; nosotros debatimos que de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución local, vigente en esa fecha, hasta septiembre de 2017, establecía que el gobernador sólo se podía acusar por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el tiempo de su cargo; él concluyó su encargo en septiembre de 2016”, agregó la funcionaria.
Villanueva Arzápalo explicó que la audiencia de formulación de imputación de delito se desarrolló en ordenamiento a un amparo interpuesto por la defensa de Borge Angulo, para evadir comparecer ante un juez en Chetumal, presencialmente; sin embargo, se determinó hacerlo a través de la teleconferencia.
El proceso legal en contra del exgobernador comenzó en 2016, cuando el Congreso de la Unión solicitó auditorías para su administración, ya que se señaló que Borge empleó 51 millones de dólares la renta de dos aviones y un helicóptero a la empresa Vip Saesa, relacionada con diversos proyectos asignados por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Posteriormente, diversas investigaciones periodísticas revelaron que Borge poseía múltiples propiedades con valores millonarios, conseguidas a través de una red de corrupción compuesta por funcionarios públicos y notarios que arrebataba el patrimonio a empresas y particulares.
El 3 de junio de 2017 la Fiscalía quintanarroense giró una orden de aprehensión contra Borge por presunto lavado de dinero. El exmandatario estatal fue detenido un día después en Panamá, cuando se disponía a abordar un avión que lo llevaría hacia Fancia. Su extradición a México desde este país se prolongó hasta el 6 de enero del año pasado.
