El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Iván Duque, ha optado por la militarización antes que el diálogo, por lo que este sábado 29 de mayo ordenó el despliegue del Ejército en Cali, para controlar las protestas.
Al respecto, la alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha pronunciado por una investigación independiente por las 14 personas asesinadas en los últimos días en las protestas contra la administración colombiana en la ciudad enclavada en Bogotá.
Cali, con 2.2 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande de Colombia y se ubica en un punto estratégico que conecta el océano Pacífico con el puerto de Buenaventura. Es una de las ciudades más importantes del país cafetalero y ha sido el epicentro de las protestas contra el presidente Iván Duque. Por ello, Bachelet urgió a una investigación rápida y que “ambas partes continúen dialogando”.
“Es esencial que aquellos que presuntamente han tomado parte en lesiones o muertes, incluidos los funcionarios públicos, se sometan a una investigación rápida, efectiva, independiente e imparcial”, dijo la representante internacional en un comunicado.
Su oficina mencionó los reportes que hablan de 14 muertos en Cali desde el viernes y dijo que 98 personas habían resultado heridas, 54 de ellas por herida de bala.
Las manifestaciones de protesta comenzaron en Cali y otros lugares de Colombia después de que el gobierno presentara un proyecto de reforma fiscal que habría rebajado el umbral de ingresos a partir del cual se declaran impuestos.
El presidente justificó la medida como necesaria para continuar con las políticas de apoyo a las que ha obligado el impacto económico de la pandemia de covid, pero muchos en Colombia la vieron como inoportuna, excesiva e injusta.
Aunque el proyecto de reforma fue finalmente retirado y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su dimisión, las protestas han continuado en demanda del fin de la violencia policial, la pobreza y la mejora de atención sanitaria.
Por su parte, la organización Human Rights Watch afirma que hay “informaciones creíbles” de al menos 63 muertos en diferentes puntos del país desde que comenzaron los incidentes. También describió la situación en Cali como “muy seria”.
Tras un aumento de la violencia el viernes, Duque anunció desde Cali el “máximo despliegue de asistencia militar” a la Policía allí.
“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia también en puntos neurálgicos”. Con esta medida, el gobierno colombiano se decidió por la militarización y no por el diálogo y la atención de las graves problemáticas que ocurren en el país. La violencia policial se ha hecho presente desde el inicio de las protestas.
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el Caribe y el séptimo en el mundo según el Fondo Monetario Internacional. La reforma fiscal fue un detonante para las históricas demandas que no han sido atendidas. La respuesta del Estado ha sido la represión, hasta este momento, se han documentado más de mil casos de abuso policial y la desaparición de decenas de personas, además de las casi 70 personas asesinadas. Están abiertas las venas de América Latina y es en Colombia donde están sangrando.
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