El Rincón de Clío
Criterios
Las revueltas y levantamientos ciudadanos en Ecuador no son ajenos a la competencia electoral establecida luego de la dictadura militar de Guillermo Antonio Gilberto Rodríguez Lara, de 1972 a 1976. A partir de ese momento, el país sudamericano lo mismo ha tenido gobiernos de derecha que de izquierda. Ambos espectros políticos han tenido que lidiar con las trifulcas callejeras a consecuencia de las malas decisiones gubernamentales.
Esa inestabilidad política y el distanciamiento hacia los electores de parte de los gobernantes, han ocasionado que en las últimas siete elecciones triunfen seis partidos distintos. Y de los siete presidentes, la mitad se ha visto obligado a renunciar antes de finalizar su periodo. Por ello, no debemos llamarnos a sorpresa frente a la crisis estructural de representatividad y legitimidad en aquella nación.
Si además de la inestabilidad político-electoral, los gobiernos en turno pactan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciones económicas-financieras-comerciales desfavorables para la población, el descontento social no tarda en aparecer.
Así, en la última semana hemos presenciado el desbordamiento de una parte de la población por las principales calles de distintas ciudades de Ecuador. La razón se debe a que el gobierno de Lenín Moreno (quien ya trasladó la sede del Palacio de Gobierno al puerto de Guayaquil, obligado por las circunstancias) pactó en febrero pasado con el FMI el acceso a un crédito de 4 mil 209 millones de dólares, que, por supuesto, contempla una serie de compromisos por parte del gobierno ecuatoriano referentes a reformas tributarias, laborales y monetarias, con la finalidad de reducir el déficit fiscal.
El convenio se materializó en el despido de miles de trabajadores de la burocracia, la eliminación de mil 300 millones de dólares de subsidio a los combustibles que generó un alza de 123% en su precio, luego de cuatro décadas de contar con el apoyo gubernamental, la reducción de aranceles a la importación de productos informáticos, una disminución de los salarios de los contratos temporales en el sector público, e incrementos de 10% en precios referenciales para el comercio al por mayor de productos básicos como arroz, huevo y papa (El País, 6 de octubre de 2019).
Esto no podría haber generado otra cosa que la irritación ciudadana. La gente tomó las calles. La población exige que el gobierno recule en sus decisiones.
Ante ello, el gobierno respondió con la declaración del estado de excepción por 60 días, con lo cual los militares han salido a las calles y ya fueron detenidas al menos 380 personas y se reportan casi cien heridos.
Además, las autoridades ecuatorianas han comenzado la articulación discursiva para deslegitimar las movilizaciones, asegurando que las movilizaciones son orquestadas por agitadores y golpistas manejados por el ex presidente Rafael Correa, quien se encuentra refugiado en Bélgica, así como por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Sin duda, Ecuador está sumido en la peor crisis política desde 2005. Lo que vive aquella nación es una crisis política de grandes dimensiones. Por lo que no se mira lejana una situación similar a la que generó en 1997, 2000 o 2005 la salida del gobierno de los ex presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005).
No le demos más vueltas. El motor de la inconformidad ciudadana es por la insistencia del gobierno de Lenín Moreno de regresar a las políticas económicas y financieras que en el pasado no funcionaron y que sumieron en la pobreza a millones de ecuatorianos. Debemos entenderlo, si algo no ha generado crecimiento y desarrollo económico en América Latina han sido las reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial, y puestas en marcha por los gobiernos del sub continente. Se impone aprender de la historia.
@contodoytriques/ Profesor de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
