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El alarde y la defensa de lo superfluo

El alarde y la defensa de lo superfluo

Puntos y Contrapuntos

Criterios

Es un asunto de profundas implicaciones jurídicas que confronta a los tres poderes: al Judicial contra el Ejecutivo y el Legislativo, este último representado por las mayorías del partido Morena en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Es un asunto que compromete el sano equilibrio de la República, lo que obligaría a los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo a procurar acuerdos inteligentes y razonables que contribuyan a restablecer la normalidad y los equilibrios.

También es un problema de legalidad, pero, más profundamente, de legitimidad, porque se cuestionan los privilegios de un poder frente a la repulsa de la mayoría de un pueblo hambriento, marginado y desencantado, a la que se suman los reclamos de un amplio segmento de la clase media agobiada por sus estrecheces, sus angustias y sus rencores.

Es un asunto de profundos significados éticos, pues pone en cuestionamiento la respetabilidad, sensibilidad y juicio generoso de quienes deberían basar el cumplimiento estricto de sus deberes con la justicia en la dignidad y el decoro con el que se conducen en la vida pública.

El pasado miércoles 5 de noviembre del 2018 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entrarían en vigor con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en las que se establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República”.

El sueldo estimado para el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 es de 108 mil pesos mensuales.

Luego de recibir y darle curso a la promoción de una Acción de Inconstitucionalidad presentada por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del legislador independiente Emilio Álvarez Icaza, el pasado viernes 7 de diciembre del 2018 el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán,  ordenó suspender la aplicación de esa ley, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto jurídico.

Al dictar la medida cautelar, el ministro Pérez Dayán argumentó: “Sí es factible conceder la suspensión, más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el tema a decidir en el fondo, de manera tal que, de continuarse con su aplicación, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado”.

Explicó: “Precisado lo anterior, con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”.

Juez y parte en el diferendo jurídico, los ministros de la Suprema Corte se esmeran por conservar sus privilegios en salarios y prestaciones laborales desmesuradas, desestimando y argumentando una excepción a la disposición establecida en el párrafo cuarto del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aclara: “La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.

El pasado lunes 11 de diciembre del 2018, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la suspensión a la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no altera la discusión y aprobación del presupuesto para el próximo año. La Cámara de Diputados, dijo el morenista, aplicará el artículo 127 constitucional, que desde 2009 establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Esa medida, agregó, incluye a los organismos autónomos. Los ministros estarían violando esa disposición.

La autonomía del Poder Judicial de la Federación no significa, en modo alguno –y muchos menos en su caso particular–, que pueda estar por encima de la Constitución General de la República.

DESMESURA

El pasado viernes 7 de diciembre del 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso de la Unión que apruebe la Ley de Austeridad Republicana, para acabar con los lujos de los servidores públicos y terminar con los asesores, los autos de lujo, los vinos, viajes al extranjero y hasta los bonos que se les otorgan.

Este martes 11 de diciembre del 2018 el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador criticó de nueva cuenta la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los jueces del Poder Judicial, al asegurar que “se rayaron con sus sueldos elevadísimos”, según crónica del periódico El Financiero.

El mandatario aseguró que sólo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un sueldo superior al de Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México.

Insistió sobre el tope a los salarios de los funcionarios públicos: “Se tiene que respetar la Constitución. Se molestan (los jueces), pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaron con sueldo elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganan 600 mil pesos, pero si no son 600 mil, son 500 mil pesos”, aseguró.

También este martes 11 de diciembre del 2018, la plataforma digital Animal Político publicó: “¿Los ministros ganan 600 mil como dice AMLO? De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018, todos los ministros de la Corte perciben un ingreso bruto total al año –sin descontar impuestos– de 6 millones 938 mil 234 pesos. Es decir, un promedio mensual de casi 578 mil 186 pesos”.

La nota explicaba: “Dicha cifra comprende tanto lo que se percibe nominalmente como salario, así como un conjunto de pagos que cada ministro recibe por múltiples prestaciones que van desde un bono especial por riesgo, hasta concepto de prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, prima quincenal, ayuda para despensa, seguro colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, apoyo económico para adquisiciones de vehículo, entre otros”.

Las conclusiones de Animal Político son similares a las que hace Grupo Reforma, también este martes 11 de diciembre de 2018, sobre el sueldo total bruto anual de 6 millones 938 mil 234 pesos de los ministros de la Suprema Corte, que representarían un ingreso mensual de 578 mil 186 pesos. Cifras que son validadas también, en iguales términos y montos, por el portal Aristegui Noticias, en la conclusión del analista de negocios Enrique Galván Ochoa.

INCONGRUENCIAS

Todas las sesiones del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son presididas y observadas desde el muro central del salón por la imponente presencia de una pintura de don Benito Pablo Juárez García (1806-1872), quien los observa, sobrio y severo.

El Benemérito, ícono superior del Poder Judicial de México, fue gobernador de Oaxaca en dos periodos (en 1846-1852 y 1956-1957), presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1857) y presidente de la República (1858-1872).

Juárez García rechazaba los excesos de los funcionarios públicos y advertía: “La respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro”.

Acuñó una sentencia estricta: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

En la Suprema Corte se observa a Juárez García con profundo respeto, se le cita con veneración, pero en los hechos reales y en las pruebas tangibles, muy poco se le atiende y menos se siguen sus enseñanzas.

El Poder Judicial parece dispuesto a enfrascarse en una batalla jurídica con los otros dos poderes, por razones que parecen menores y mezquinas, desafiando una reforma constitucional frente a los enormes retos que tendría que enfrentar y que podría superar la República si se enriqueciera con las virtudes, las bondades, la generosidad y el amor a la patria de sus presuntos servidores públicos y de sus ciudadanos en general.

“La República es una forma ideal de Estado basada en la virtud de los ciudadanos y el amor a la patria”, advierte Norberto Bobbio (filósofo y jurista italiano, 1909-2004) en la página 10 de su libro Diálogo en torno a la República, que publicó junto con otro científico social, Maurizio Viroli, en la colección Kriterios, de Tusquets Editores (España, 2002).

Frente a la descomposición que erosiona a una clase política mayoritariamente frívola y a cofradías privilegiadas de presuntos servidores públicos, Viroli, nacido en Italia en 1952, y profesor de historia del pensamiento político en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, advierte, con severidad: “Si no hay ciudadanos dispuestos a mantener la vigilancia y a comprometerse, capaces de resistir ante los arrogantes y de servir al bien público, la república muere y se convierte en un lugar donde unos pocos dominan y los demás sirven” (página 15).

Nadie puede disfrutar y hacer alarde de lo superfluo cuando hay tantos que carecen de lo esencial. Y muchos menos cuando algunos de esos pocos privilegiados se presumen servidores públicos y preservadores de un bien social superior que debe ponerse al servicio de la mayoría con dignidad, decoro y respeto. No son un buen ejemplo. No dan un buen ejemplo.

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