Por primera vez en la historia de Jalisco, su Congreso estará integrado predominantemente por mujeres, es decir, la LXIII Legislatura estará constituida por 24 mujeres y 14 hombres.
El PAN contará con tres diputadas, al igual que el PRI. El partido Verde tendrá a sólo una, tal como Hagamos, mientras que el partido Movimiento Ciudadano tendrá 11 legisladoras y Morena contará con cinco.
La LXIII Legislatura será reconocida por la paridad, en un acontecimiento histórico. El camino no ha sido fácil y ha estado lleno de obstáculos. Ha sido gracias al movimiento amplio de mujeres y al movimiento feminista que desde la década de 1990, México impulsó medidas para incrementar la representación de las mujeres.
En 1993, el COFIPE sólo sugería la promoción de una mayor participación de las mujeres en los partidos, en la fracción 3 del artículo 175.
La reforma de 1996 tampoco obligó a los partidos, “recomendó” que no se presentaran candidaturas con más de 70 por ciento de personas del mismo género.
En 2002, se incorporó la obligación del uso de las cuotas de género en el registro de las candidaturas, se aprobó la exigencia del 30 por ciento en los distritos plurinominales. A partir de 2003, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) empezó a abrir las puertas a las demandas relacionadas con la vida interna de los partidos políticos.
La reforma electoral de 2008 estableció que se debía postular al menos el 40 por ciento de candidaturas propietarias de un mismo género, procurando llegar a la paridad (se ha denominado horizonte paritario), y también añadió un obstáculo: la posibilidad de exceptuar a los partidos del cumplimiento de la cuota en candidaturas de mayoría relativa si el método de selección aplicable era democrático, conforme estipularan sus estatutos internos. En 2009, el escándalo de las “Juanitas” y la elección de 2011-2012 exigieron que la fórmula completa (propietario y suplente) fuera integrada por mujeres y se rechazó la posibilidad de que hubiera excepciones de cumplimiento de la cuota en función del método de selección de candidaturas.
En 2014, la reforma constitucional adopta el principio de paridad para la integración de las postulaciones a los cargos legislativos federales y estatales tanto en las candidaturas postuladas por el principio de mayoría relativa (paridad horizontal) como por el de representación proporcional (paridad vertical). La nueva Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LEGIPE) incorporó la exigencia de la paridad de género en las candidaturas.
En 2015 se incorporó el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso y desempeño de cargos públicos para las elecciones en las comunidades indígenas.
En 2017, el Consejo General del INE estableció nuevos criterios e incluso nuevas medidas de acción afirmativas, para el registro de candidaturas, con la idea de profundizar el alcance del principio de paridad constitucional.
En 2019 diversos colectivos de feministas junto a un conjunto de mujeres de diversos partidos y redes de mujeres, impulsaron la iniciativa de “Paridad en Todo” que estableció la exigencia de integración paritaria de los órganos de las tres ramas y tres niveles de gobierno, así como de los órganos autónomos.
En 2021 se alcanza la paridad en diversos congresos locales, en Yucatán, estará integrado con 14 diputadas de los 25 que integran la legislatura; En Jalisco por primera vez estará integrado por 24 legisladoras que representan el 63%. Ahora la LXIII legislatura ha superado el piso de la paridad, lo que sigue es conformar no solo la bancada de mujeres, sino una agenda común en todo el órgano legislativo con Mirada de Mujer, incluyendo las coordinaciones políticas y las Comisiones de mayor relevancia en el Congreso. Esperemos que esto signifique un cambio cualitativo para abatir las brechas de desigualdad histórica de las mujeres.
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