Partidiario

Criterios

El domingo 26 en La Huacana, Michoacán, once soldados fueron retenidos por mujeres, hombres mayores, niños y por el crimen organizado que los tiroteó y desarmó en esa región donde surgieron las autodefensas que luego el comisionado peñista, Alfredo Castillo, desarticuló y encarceló a su principal líder, José Manuel Mireles.

Además de desarmarlos y arrebatarles otros enseres, los integrantes del pelotón fueron vejados por sus aprehensores que, al despojar de su celular a un oficial cuando pedía órdenes a su superior, un sujeto le ordenó prepotente: “On´tán las armas, pendejo”. Le quita el teléfono y grita al mando superior: “¡Ey, jefe!, tienen todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular… al pueblo”… a La Huacana. No somos gente armada, somos del pueblo. Hasta que las mandes, vamos a soltar a tus muchachos. Míralos cómo están”.

Tras la retención y forzada negociación en que los soldados, arrinconados y sentados en el piso, guardaron cordura, los atrevidos malhechores se salieron fácilmente con la suya y el pelotón humillado fue liberado.

Por el video difundido, no queda más que pensar: ¿en manos de quién o de quiénes estamos los mexicanos?

El primero de mayo de 2015, en Villa Purificación, Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asestó el más duro golpe que se le haya dado al Ejército mexicano en los últimos decenios: el derrumbe del helicóptero con disparos de fusil Barret 50 milímetros, similar al decomisado por los soldados a sus captores y que luego tuvieron que devolver para lograr su liberación el pasado domingo.

Ninguno de los responsables del helicopterazo ha sido detenido hasta la fecha, pese a la humillación asestada a la institución castrense nacional.

Pero lo grave del problema de la inseguridad nacional –“la peor crisis de violencia desde la Revolución”, ha dicho el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo– no se circunscribe a hechos aislados ni a unos cuantos lugares. Está presente en todo el territorio nacional y cada día son hechos más frecuentes y peores.

En la misma entidad michoacana, la madrugada de ese domingo que sería la toma de soldados, un convoy conformado por cerca de 30 de camionetas de reciente modelo con logotipos del CJNG –según describió aquí Francisco Castellanos– arribó a Zamora y dio muerte a tres policías, dejó heridos a otros diez e incendió tres vehículos.

El 23 de mayo, también en Michoacán, en el municipio de Uruapan, diez policías sufrieron una emboscada letal.

En tanto, en Jalisco, por las mismas fechas, se informó de la desaparición de dos elementos investigadores, precisamente del área de desaparecidos de la Fiscalía General. A poco fueron encontrados asesinados en Etzatlán, mientras que en Lagos de Moreno fue tiroteado el lunes 27 el subdelegado de la Fiscalía General, Lino Morales, sin haber sido herido.

Frente a esta serie de hechos, uno se pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo para que haya tantas agresiones en contra de quienes nos deben dar paz y seguridad? ¿Los atacan por hacer el bien y evitar que se haga el mal? O también: ¿se habrán equivocado en su actuar? ¿Se han trastocado los protocolos o estos no funcionan y hay que cambiarlos, al igual que las mismas estrategias si es que ya resultan obsoletas?

¿Será que para evitar críticas el gobierno no ha querido hacer cumplir la ley y, en su caso, aplicar la fuerza requerida, y estipulada por la ley, sólo por el temor a ser calificado de represor mientras la gente clama integridad en su persona y en sus bienes?

Cuando los plantones de maestros del CNTE en días interminables en las vías del ferrocarril –de nuevo en Michoacán–, en donde ni el gobernador Silvano Aureoles ni el presidente López Obrador se atrevieron a tocarlos sólo porque son o han sido aliados y votantes de Morena, pareciera que se les envió la señal a los malandros de hacer lo que les viniera en gana. Y ahí está el mismo país con sus mismos o mayores tormentos.

Ese hacer nada en contra de los que desquician el orden público y perjudican gravemente a terceros, la no aplicación de la ley en contra de quienes roban, asaltan, secuestran, desaparecen personas y asesinan, es como una carta o cheque en blanco para los malandrines de que pueden hacer cuanto les venga en gana.

Esa parálisis en el cumplimiento del deber de gobernante, de cumplir y hacer cumplir la ley para tener paz y seguridad “o que el la nación y el pueblo lo demanden”, es una forma de corrupción.

En el caso de La Huacana, los soldados mantuvieron el equilibrio, aunque hubo algunos que se resistieron en el primer momento a entregar sus armas, salvaron la situación y no hubo más daños que lamentar.

No obstante, el sentir general es que falló la estrategia previa y eso debe corregirse, pero ya, pues nadie quiere ver de nuevo a soldados arrinconados y vejados por esa gente del “pueblo”.

Y surge una última interrogante: ¿Qué ocurrirá con la Guardia Nacional? ¿Cómo actuará en momentos así? ¿Estarán preparados, o se les está preparando para cumplir y hacer cumplir obligaciones y derechos –sin excluir los humanos, por supuesto–, o se doblarán frente al poderoso y, otra vez, la ciudadanía común y corriente pagará lo que toca pagar a los criminales, a los influyentes y poderosos, porque alguien tiene que pagar los platos rotos y los desaciertos de quien gobierna?