Puntos y Contrapuntos
Criterios
El despilfarro de recursos de los contribuyentes en la promoción de la imagen de los poderosos circunstanciales que quedan al frente de los gobiernos de los estados es un asunto que debe observarse con mucha atención, para exigirle a los congresos locales que fiscalicen con rigor y sancionen con energía a quienes se excedan en los presupuestos autorizados.
También deberían ajustarse los gobiernos estatales a un régimen de austeridad, que impida la discrecionalidad en el uso del dinero que se destina a medios de comunicación, con el propósito de posicionar a funcionarios que encabezan proyectos políticos.
El gobierno federal ha puesto el mal ejemplo, pero las entidades federativas han incurrido en los mismos abusos.
En los primeros cinco años de su gobierno (2013-2017) el priista Enrique Peña Nieto gastó 44 mil 59 millones de pesos en publicidad oficial, según refiere Grupo Reforma en nota publicada el jueves 22 de febrero del 2018. Durante los seis años de su gobierno (2006-2012) el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa habría gastado 38 mil 947 millones de pesos en comunicación social, según publicó Grupo Reforma el miércoles 22 de noviembre del 2017.
Un ejemplo ilustrativo es que durante 2016 las 32 entidades federativas del país despilfarraron más de 9 mil millones de pesos en publicidad oficial.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló el lunes 13 de noviembre del 2017 –según publicó el periódico Mural– que, sólo durante el 2016, los gobernadores gastaron para promocionarse 139 por ciento más de lo aprobado por sus congresos.
Los gobiernos estatales ejercieron 9 mil 528 millones de pesos en comunicación, a pesar de que sólo tenían autorizados 3 mil 994 millones de pesos.
En un comparativo, el IMCO advirtió que los 5 mil 534 millones adicionales rebasan incluso los 4 mil millones de pesos que fueron asignaron a los partidos políticos para todo 2017.
Estas malas prácticas son muy viejas y siguen muy enraizadas en los hábitos de los gobiernos. Fundar y Artículo 19 reseñan en su informe del 12 agosto del 2015 que sólo durante 2013 el gobierno federal y 27 entidades federativas en México gastaron más de 13 mil 640 millones de pesos en la difusión de sus políticas, programas y servicios; pero también en elogios mediáticos a sus logros e imágenes.
“Lejos de informar a la sociedad, la publicidad oficial puede servir como una herramienta de censura indirecta o sutil, que favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, la información que transmiten, y las opiniones que éstos construyen y difunden”, advierten Fundar y Artículo 19.
Concluyen que “la publicidad oficial viciada tiene el potencial de (…) lesionar seriamente la construcción y consolidación de una sociedad democrática, crítica y plural”.
ARISTÓTELES
En 2013, el Gobierno de Jalisco que encabezaba Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gastó en publicidad oficial y propaganda 235 millones 440 mil pesos, según se advierte en el informe de la organización no gubernamental Artículo 19, denominado “Libertad de expresión en venta. Acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial”, publicado el 12 de agosto de 2015.
Ese mismo informe refiere que por publicidad en radio, televisión y medios impresos, el gobierno panista de Emilio González Márquez, en Jalisco, gastó 237 millones 576 mil pesos en 2010; 269 millones 226 mil pesos en 2011; 278 millones 649 mil pesos en 2012 y que en su primer año (2013), el gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gastó 235 millones 440 mil pesos.
Sin embargo, en sus primeros 14 meses (de marzo de 2013 a mayo del 2014), el gobierno de Jorge Aristóteles gastó en publicidad más de 360 millones de pesos, que repartió a radiodifusoras, televisoras, diarios y pasquines, así como a periodistas con proyectos supuestamente independientes y empresas relacionadas con funcionarios públicos y con Alberto Lamas Flores (entonces jefe de Gabinete y responsable de la imagen del gobernador Sandoval Díaz), quien firmaba los convenios por parte de la administración estatal, según publicó el suplemento “Proceso Jalisco” el 8 de junio del 2014, cuando su editor en la entidad era el periodista Felipe Cobián Rosales.
El despilfarro del gobierno de Jorge Aristóteles también lo documentó Mural en una nota firmada por el entonces periodista José David Estrada Ruiz Velasco, el 2 de octubre del 2013: “En tres meses, el Gobierno de Jalisco gastó 98 millones de pesos para difundir sus campañas de útiles, mochilas y transporte gratuito para estudiantes, cantidad superior a los 95 millones que obtuvo de ahorros al recortar celulares y viáticos, entre otros (…) La difusión de la campaña de ‘Bienestar’ emprendida por el Ejecutivo que encabeza Aristóteles Sandoval se hizo en todos los medios”.
En 2017, el gobierno de Jalisco gastó en propaganda oficial 290 millones 24 mil pesos, según datos de la Secretaría de la Función Pública federal, dados a conocer por Artículo 19 en su informe “Medios: la censura sutil de la publicidad oficial” el 20 de marzo de 2018.
En todo el país, entre las 32 entidades federativas sólo el gobierno de Coahuila que encabezaba Rubén Moreira Valdez (2011-2017) superó al de Jalisco: gastó durante 2017 un total de 528 millones 499 mil pesos en publicidad oficial.
EL NUEVO
En 2018 el presupuesto de comunicación social autorizado al gobierno de Sandoval Díaz fue de 266 millones de pesos y para la administración del nuevo mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024) se presupuestaron para esos mismos fines 240 millones de pesos para el calendario 2019, según dijo al periodista Julio Ríos, de Canal 44, el pasado sábado 15 de diciembre del 2018, la coordinadora de los diputados locales del PRI en el Congreso de Jalisco Mariana Fernández Ramírez.
¿Son pocos o son muchos 240 millones de pesos para comunicación social en Jalisco?
Comparados con los millones que gastó el panista González Márquez parecen un presupuesto razonable. Comparados con los millones que despilfarró Sandoval Díaz parecen poco. Ajustados a los imperativos éticos de los tiempos, cuando en el país se requiere una verdadera política de austeridad en todos los gastos superfluos, lo que se autorizó al gobierno de Alfaro Ramírez para 2019 es mucho.
El gasto no parece razonable cuando se compara con lo que les presupuestaron a otras dependencias del gobierno de Jalisco para 2019. Por ejemplo, a la Procuraduría Social le etiquetaron 130 millones de presupuesto; a la Contraloría del Estado, 113 millones; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 158 millones de pesos; al Tribunal de Justicia Administrativa, 183 millones y a la Coordinación General Estratégica de Seguridad 234 millones de pesos.
En la asignación de los recursos de comunicación social Alfaro Ramírez tuvo sus empresas favoritas cuando fue presidente municipal de Guadalajara (2015-2018).
El pasado 10 de febrero de 2018, Mural publicó que el gobierno de Guadalajara, que encabezaba Enrique Alfaro Ramírez (ya entonces alcalde con licencia), a través del Comité de Adquisiciones, había autorizado adjudicaciones directas, sin licitación de por medio, por 15 millones de pesos, a las empresas de comunicación favoritas del alcalde: La Covacha, Euzen e Indatcom, con el argumento de eran servicios especializados.
El 9 de junio del 2016 Mural publicó que “la adquisición de los servicios especializados de comunicación de la empresa Indatcom, aprobada hoy por la Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento tapatío, fue señalada como una simulación”.
“Es una burla hacia los ciudadanos porque si sumamos lo que se les ha dado a estas empresas en gastos de comunicación, son casi 20 millones de pesos entre Indatcom, la Covacha, Euzen y MMM Comunicaciones, que el día de hoy le dieron otra asignación por 2.4 millones (de pesos)”, denunció la regidora priista Ángeles Arredondo.
Entre simulaciones, despilfarros y el uso discrecional del dinero de los contribuyentes para financiar publicidad oficial, los gobiernos ejercen de facto un derecho de veto, que les permite entrometerse en los medios de comunicación para inducir o inhibir la publicación de información que les incomode o afecte; gestionan despidos o cambio de fuentes de reporteros incómodos; o castigan o premian a los medios de comunicación, a sus directivos y a sus reporteros, según resulten dúctiles o rebeldes a sus intereses y sugerencias.
