Puntos y Contrapuntos

Criterios

En un clima cómodo, sin cuestionamientos de otras entidades de gobierno y de otros poderes, pero en particular de un amplio segmento de los medios de comunicación –tanto convencionales como digitales–, la Universidad de Guadalajara, orientada por el sabio dedo del factótum que la controla desde hace 30 años, decidirá quién será el nuevo gerente general (rector general) de la institución durante los próximos 6 años, en los que su primordial obligación será garantizar la hegemonía de la cofradía dorada que gravita en torno al cacique Raúl Padilla López.

Hay poderosas razones que explican la tersura con la que ese grupo político ha transitado las tres últimas décadas, en las que ha lubricado, con jugosos contratos publicitarios, su relación con los principales medios de comunicación de Jalisco.

Por convicción, por omisión, por comodidad o por simple conveniencia comercial, en el cumplimiento de sus deberes profesionales y éticos, un amplio segmento de medios de comunicación es omiso en su responsabilidad de escudriñar con una mirada profesional y crítica al jefe político de la UdeG y a su grupo, quienes este año manejarán un presupuesto de egresos de por lo menos 13 mil 742 millones 73 mil 848 pesos.

La UdeG tiene el segundo presupuesto más alto de gobierno en Jalisco, financiado con dinero de los contribuyentes, a los que está obligada a rendir cuentas. El subsidio federal ordinario será este año de 5 mil 733 millones 230 mil 734 pesos, mientras que el subsidio estatal ordinario llegará a 5 mil 689 millones 521 mil 141 pesos.

El gobierno de Jalisco tendrá este año un presupuesto de 116 mil 946 millones 234 mil 556 pesos, según publicó El Periódico Oficial el Estado de Jalisco el pasado sábado 22 de diciembre del 2018.

La publicidad oficial –y la de la UdeG lo es porque se paga con dinero público– “se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como censura sutil o indirecta”, señala el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial 2012, elaborado por Artículo 19 y Fundar.

“La publicidad oficial no debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. En el artículo 7 de la Constitución Mexicana está estipulado que la libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta”, advierte el colectivo #MediosLibres en su propuesta de Bases Mínimas para la Regulación de la Publicidad oficial, página 3, del 7 de febrero de 2018, citada en el informe de la organización no gubernamental Artículo 19, dado a conocer el 20 de marzo de 2018.

“Por lo anterior -agrega la misma organización-, los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez es trascendental reconocer la idoneidad, el público objetivo —con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables— y la no discriminación”.

GASTO ENORME

Por publicidad en radio, televisión y medios impresos, el gobierno panista de Emilio González Márquez, en Jalisco, gastó 237 millones 576 mil pesos en 2010; 269 millones 226 mil pesos en 2011; 278 millones 649 mil pesos en 2012, y en su primer año (2013) el gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gastó 235 millones 440 mil pesos, refiere el informe de la organización no gubernamental Artículo 19, denominado “Libertad de expresión en venta. Acceso a información y censura indirecta en publicidad oficial”, publicado el 12 de agosto de 2015.

La Universidad de Guadalajara tiene una Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, adscrita al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que actualmente encabeza Ángel Igor Lozada Rivera, persona cercana a todos los proyectos culturales y faranduleros del cacique Padilla López.

Es responsable, según se advierte en la página oficial de la UdeG, de “la Coordinación y promoción de la planeación, operación y evaluación de los programas de difusión cultural y promoción artística, así como el diseño y realización de políticas y proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara. Es gestor para todos los efectos de comercialización, promoción, colaboración y mercadotecnia de las producciones en materia de difusión cultural de la casa de estudios”.

Esta secretaría ha dispuesto, según se puede corroborar en los presupuestos oficiales de la Universidad de Guadalajara, de 120 millones 437 mil 755 pesos en 2012; de 142 millones 173 mil 913 pesos en 2013; de 125 millones 972 mil 696 pesos en 2014; de 272 millones 631 mil 793 pesos en 2015 y de 190 millones 628 mil 586 pesos en 2016.

En 2017, el gobierno de Jalisco gastó en propaganda oficial 290 millones 24 mil pesos, según datos de la Secretaría de la Función Pública federal, dados a conocer por Artículo 19 en su informe “Medios: la censura sutil de la publicidad oficial” el 20 de marzo de 2018.

En 2018 el presupuesto de comunicación social autorizado al gobierno de Sandoval Díaz fue de 266 millones de pesos, y para la administración del nuevo mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez (2018-2024), se presupuestaron para esos mismos fines 240 millones de pesos para el calendario 2019, según dijo al periodista Julio Ríos, de Canal 44, el pasado sábado 15 de diciembre del 2018, la coordinadora de los diputados locales del PRI en el Congreso de Jalisco Mariana Fernández Ramírez.

Para la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural de la UdeG hubo 184 millones 162 mil 525 pesos en 2017; se le asignaron 228 millones 505 mil 731 pesos en 2018 y dispondrá en 2019 de 223 millones 574 mil 227 pesos. Es el segundo presupuesto más alto para medios de comunicación en la entidad. La UdeG gasta en publicidad y propaganda más dinero que cualquier ayuntamiento de la zona metropolitana, incluyendo Guadalajara y Zapopan. Y eso tiene muy complacidos a periódicos, estaciones de radio y de televisión, y seguramente irá ampliando día con día su generoso manto publicitario a medios digitales en Internet.

El 31 de enero del 2018 Mural publicó que el Ayuntamiento de Guadalajara había ejercido entre octubre del 2015 y la fecha de la publicación, un presupuesto de comunicación social de 94 millones de pesos.

El Gobierno de Guadalajara señaló que a diferencia de administraciones anteriores se había logrado gastar menos y argumentó que el presupuesto de Comunicación Social en la capital tapatía bajó hasta 45 por ciento, en comparación con la gestión del presidente municipal 2010-2012 Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien como alcalde había gastado en los dos primeros años más de 171 millones de pesos.

Esas cantidades, pese a todo, ilustran lo relevante del gasto que la UdeG hace en publicidad.

LA CORTE

En sesión del 15 de noviembre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (actual presidente del máximo tribunal del país), ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regulara el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, en la que se estableció que antes del 30 de abril de 2014 el Congreso de la Unión debía expedir la legislación en materia de publicidad oficial, lo que hasta entonces no había ocurrido.

Por esa razón, la organización no gubernamental, con presencia internacional, Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso de dar cumplimiento al mandato constitucional.

En su resolución, la Primera Sala proponía analizar la publicidad oficial como un mecanismo que restringe de forma indirecta la libertad de expresión. La Sala consideró que, efectivamente, la ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social —como resultado de la omisión legislativa que reclamaba la (organización) quejosa— daba lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulneraban la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traducía en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión.

La Primera Sala advertía que “la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos —o simplemente se amenace con restringirlo— a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno pues la restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo además un ‘efecto silenciador’ de los medios de comunicación críticos, en la medida en que a través de la asfixia financiera se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público”.

Al conceder el amparo a Artículo 19 y ordenar al Congreso de la Unión que legislara una ley que regulara la publicidad oficial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia señaló: “Se advierte que este estado de cosas inconstitucional también tiene un ‘efecto disuasivo’ en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación en general, toda vez que las afectaciones financieras que sufren los medios críticos pueden llevar a los demás a adoptar posiciones deferentes con el gobierno con la finalidad de no perder los recursos asignados a la difusión de publicidad oficial”.

La publicidad de la UdeG es oficial, pues se paga con dinero de los contribuyentes.

DINERO FÁCIL

Durante dos meses –septiembre y octubre del 2018– los alumnos de la materia Política Editorial y Publicidad, de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), realizaron el pasado otoño un ejercicio que nos permite observar con más cercanía la influencia que la publicidad oficial tiene en los medios de comunicación.

Se tomó una muestra de tres ejemplares por semana, durante ocho semanas. Se seleccionaron tres ejemplares por semana, de los viernes, domingo y lunes, cuando los periódicos locales facturan más publicidad. Se usaron las tarifas declaradas oficialmente por los medios, para calcular el ingreso, con base en los centímetros de publicidad publicada, tanto comercial como oficial, que fue observada en cada diario.

La muestra reflejó que el periódico Milenio de Guadalajara tuvo un 61.9 por ciento de publicidad comercial y 38.1 por ciento de publicidad oficial de instituciones de gobierno.

El trabajo, realizado por las alumnas María José González Garibay, Daisy Castro Teresa y Andrea Landeros Cruz, mostró que de la publicidad oficial, el 50 por ciento correspondió al Poder Judicial; 18.8 por ciento a dependencias del gobierno federal; 10.4 por ciento al gobierno estatal y, empatados con 8.3 por ciento de inserciones pagadas en ese medio, aparecieron el Ayuntamiento de Tlaquepaque y la Universidad de Guadalajara.

El periódico El Informador tuvo, en la muestra referida, el 93 por ciento de publicidad comercial y 7 por ciento de publicidad oficial.

El trabajo, realizado por las alumnas Natalia Luján Maciel, Andrea Lisette Ríos Corral y Valeria Aguillón Zamora reflejó que su principal cliente, entre las entidades financiadas con dinero público, fue en ese periodo la Universidad de Guadalajara. Entre septiembre-octubre del 2018, la UdeG representó el 31 por ciento de los insertos publicitarios en El Informador; en segundo lugar, con 29 por ciento, estuvo el gobierno de Jalisco, y en tercer lugar con 24 por ciento, dependencias del gobierno federal.

El periódico El Diario-NTR de Guadalajara tuvo 65.8 por ciento de publicidad comercial y 34.2 por ciento de publicidad oficial o de gobierno.

En el trabajo realizado por los alumnos Laura Paloma Hernández Martínez, Athziri Medugory Nava Montaño y Fabricio Brusco, se concluyó que el 92.85 por ciento de la publicidad oficial captada por El Diario-NTR en el periodo referido fue de la Universidad de Guadalajara, y el 7.14 por ciento del Congreso de Jalisco.

Finalmente, por lo que respecta al periódico Mural, la muestra referida reflejó que tuvo 82 por ciento de publicidad comercial y 18 por ciento de publicidad oficial.

En esta medición realizada por los alumnos Fabiola Beatriz Gómez Cordero, Miguel Alejandro Ramírez Herrera y Jesús Manuel Tapia Cervantes, se reflejó que, en el periodo comprendido en la muestra entre septiembre-octubre del 2018, el 40 por ciento de la publicidad oficial que facturó ese periódico correspondió al gobierno federal; en segundo lugar, apareció la UdeG, con el 30 por ciento, y en tercer lugar, como cliente publicitario con el 20 por ciento, el gobierno estatal.

Estos números son sólo una pequeña muestra que ilustra que la UdeG está entre los clientes publicitarios más importantes de los periódicos de Guadalajara. Además de la concesión que anualmente hace a alguno de ellos, al que le adjudica el contrato para la publicación semanal de La Gaceta, que por sí mismo representa un negocio adicional para el medio favorecido.

Mientras la UdeG destina más de 500 millones de pesos en promedio cada año, para financiar el Corporativo de Empresas Universitarias que maneja discrecionalmente el cacique Raúl Padilla López y destina cientos de millones de pesos para respaldar y promover sus negocios presuntamente culturales, año con año rechaza al 60 por ciento –en promedio– de quienes aspiran a ingresar a sus aulas.

Esto pese a que la UdeG tiene una red estatal de repetidoras de su canal de televisión y sus estaciones de radio, por las cuales, razonablemente, tendría que canalizar la promoción y la difusión, sin afectar el presupuesto de otras áreas clave. Pero para el factótum es muy importante lubricar, con las pautas publicitarias convenientes, el muy generoso escudo de protección en medios, que no lo cuestionan ni a él ni a sus incondicionales