Guadalajara, Jalisco.-Las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la contaminación del Río Santiago son una oportunidad para que el estado realice acciones para sanear la cuenca del lugar, de acuerdo con Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto del Derecho Ambiental.

Gutiérrez Nájera señaló que los gobiernos mexicanos tienen la obligación de cumplir con los aspectos dictados en la resolución.

“Esto implicaría una política integral con los aspectos de salud ambiental donde rebasa las capacidades de la voluntad y lo que quiera hacer el gobierno del estado de Jalisco, porque además le dice (la CIDH) que todos los programas, todas las acciones, todos los proyectos que van a implementar, los debe de hacer con los afectados y sus representantes”.

Entrevistada por el diario NTR Guadalajara, la ambientalista hizo hincapié en que cualquier acción que el gobierno lleve a cabo debe ser siempre acompañada por los habitantes afectados.

“Es algo que los pobladores deben saber (las medidas cautelares) para empezar con ellos a establecer un mecanismo efectivo de participación ciudadana, sino va ser una resolución incompleta y el Estado mexicano no podrá acreditar haberla cumplido”.

Gutiérrez Nájera destacó que el gobierno federal no ha estado presente en el debate sobre la contaminación del Río Santiago que han llevado a cabo durante las últimas semanas, quien es central para llevar a cabo lo propuesto por la CIDH.

“Aquí el gobierno federal tiene que entrar a la coordinación de todos los actores relevantes que están, tanto en la cuenca Lerma-Chapala, como en la parte del Santiago, sobre todo en el Santiago alto que es donde está evidenciada, documentada, y súper estudiada la contaminación”.

La CIDH adoptó una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, en Jalisco, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos por una presunta contaminación ambiental.

Se recomendó a México adoptar “las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta cinco kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán”.

No obstante, ayer, durante su visita a Jalisco, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, evadió el tema, indicando que la Secretaría de Salud federal es la que tomará las previsiones necesarias.

Con información de NTR