Una de las decisiones claves del gobierno de López Obrador, la Guardia Nacional, que se ha promovido como el gran acuerdo democrático de los degradados cuerpos de representación popular, y que nos han vendido además como la apuesta estratégica contra la delincuencia, empieza a mostrar fisuras en la construcción estructural.
Cualquier gobierno tiene la obligación de fincar sus proyectos en dos pilares, la honestidad y la eficiencia, si bien hasta ahora las acciones de López Obrador han logrado convencer a la población sobre el interés de respetar la norma moral, las decisiones empiezan a resquebrajarse en la armadura del resultado, es decir en la eficiencia que tendrá el proyecto en desactivar las acciones delictivas.
No está claro para nadie cual es el propósito real de la creación de la Guardia Nacional y queda la sensación de ser una idea exclusiva de López Obrador, más allá de la planeación profesional, de un diagnóstico integral y la experiencia de los países avanzados en el tema. Lo único que está definido es el interés que sea la práctica militar el eje sobre la que se construya dicho proyecto.
Además de la experiencia negativa que ha vivido el país con la participación militar en diferentes ámbitos, y muy a pesar de los defensores de la vida castrense, es imposible negar la participación en el mundo de la delincuencia organizada de los militares, o bien en las violaciones de derechos humanos, en lo que puede considerarse un severo retroceso en la vida democrática y social del país, con experiencias traumáticas y heridas que se niegan a cicatrizar en la historia y la sensibilidad humana.
Han insistido los conocedores y los organismos especializados, que la formación militar es incompleta para enfrentar el complejo asunto de la delincuencia en sus distintas vertientes y niveles, salvo que se quiera aplicar una estrategia primitiva de desaparición del infractor, suponiendo que hubiese posibilidad de tener un conocimiento exacto de la degradación del personaje o grupo, lo que equivaldría a actuar con un parámetro fascista
Severamente cuestionado el proyecto por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ya que con quienes se pretende integrar dicho organismo solamente tienen preparación para la violencia y que al final con cambios cosméticos a la iniciativa, fue aprobada por todas las fuerzas legislativas del senado, presumiendo algo trivial, que hubo algo en que coincidieron, sin que haya claridad si supieron lo que aprobaron. Tal pareciera que todos los grupos estaban ansiosos por quedar bien con López Obrador, para lo que se han visto demasiado obsequiosos.
Perdieron de vista los legisladores que lo importante no es si mandan un mensaje de colaboración o de confrontación, lo que la historia y el país les exige es que voten a conciencia los asuntos de su competencia. Decidir un voto en base a rentabilidad electoral, es además de superficial, irresponsable.
Presentada como proeza del Poder Legislativo viene la Guardia Nacional, se festeja como triunfo una reforma constitucional para crear un cuerpo, dicen con cabeza civil, como si ello fuera el asunto de fondo para resolver los graves problemas de seguridad pública del país. Si bien ha habido resistencia en que los militares participen en labores de prevención y enfrentamiento de delincuentes, también hay certeza que se cometen muchos excesos que deben evitarse a toda costa. Pareciera que para quienes intervienen en el procedimiento de creación del nuevo cuerpo represor, eso es de importancia menor.
La creación de dicho cuerpo enfrenta varias críticas como ser un grupo de choque, cuestionamientos de operación, criterios de conformación, funciones, estrategias y lo que es más importante, para lo que fue creado. No está claro si operará para enfrentar grupos del cuerpo del crimen organizado o si su actuación está pensada como una variante de lo que hace la marina, que se coordina con organismos norteamericanos en labores de investigación y operación. Si solamente será un grupo para operar en enfrentamientos violentos como equipo SWAT o si implementarán actividades de investigación de delito, como actualmente están facultados todos los órganos reconocidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo que no queda claro tampoco es la participación y aprobación de los grupos de representantes populares de las fracciones de oposición, en la elección, asunto del que presumen, sobre todo en su colaboración con el Poder Ejecutivo en la creación de lo que parece ser un órgano de distracción, para operar otros mecanismos que potencialmente frenarían la delincuencia.
Dentro de las posibilidades que se observan al momento es que el organismo al final no sea eficiente para el fin que fue creado, esto es que no resuelva el problema de la delincuencia y en especial la violencia. Para obtener buenos resultados se requieren muchas condiciones, de tal manera que si bastara con un organismo así, Zedillo hubiera resuelto el problema de la seguridad pública en el país.
Voces importantes y sensatas han sido minimizadas por la avalancha de apoyo a López Obrador, que ha generado al enfrentar la corrupción, es decir un pilar importante para el desarrollo sano del país, pero se está generando un fenómeno de ceguera ante el otro pilar, la eficiencia de la administración, lo que quiere decir que seremos muy honestos, y habría que ver si no es todo eso una simulación, pero a costa de seguir viviendo en un mundo de primitiva violencia y degradación humana.
