El pasado martes 2 de junio el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió un comunicado en donde expresa su rechazo a la iniciativa presentada en la Comisión Permanente del Congreso ─publicada en la Gaceta del Senado el 20 de mayo de 2020 por integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)─, con la que se busca reformar y derogar distintas disposiciones de la ley para hacer frente a la situación sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). No obstante, la ejecución implicaría la desaparición del fideicomiso 10232 para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A propósito del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resulta oportuno mencionar que su operatividad presupuestaria deriva de la existencia del fondo fideicomiso 10232, el cual tiene por objeto destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas de prevención, protección y urgencia, así como la realización de los demás actos que establezca la ley para el funcionamiento de los mecanismos legales destinados a garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las más de mil 086 personas beneficiarias adscritas al mismo, de las cuales al menos 721 se dedican a la defensa de derechos humanos (371 mujeres y 350 hombres) y 365 al periodismo (97 mujeres y 268 hombres).
En este sentido, el Consejo Consultivo señaló su preocupación, estimando que extinguir, reducir o reorientar los fondos del fideicomiso significaría a su vez poner en riesgo a quienes diariamente se enfrentan a un contexto de alta violencia, y cuyo trabajo resulta fundamental para la consolidación y el perfeccionamiento de cualquier sistema democrático.
La obligación de garantía presupuestal ha sido reiterada al Estado mexicano en múltiples ocasiones por los titulares de organismos internacionales de derechos humanos, como los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión y para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en 2017 llamaron a las autoridades mexicanas a “brindar al mecanismo de protección federal los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su mandato.”
El Consejo Consultivo instó a autoridades y actores del ejercicio legislativo no sólo a garantizar los recursos suficientes para la administración y ejecución del mecanismo, sino también a rechazar cualquier tipo de modificación al marco normativo que regula actualmente el fideicomiso 10232, tomando en cuenta que su operación ha abonado de forma directa a la protección de cientos de personas defensoras y periodistas desde su creación en 2012.
Sin duda, hace falta perfeccionar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, pero el peor camino es eliminar el fideicomiso que podría garantizar su efectividad. Otra vez se vuelven a equivocar quienes pretenden dar pasos atrás en derechos conquistados. Habrá que recordar a las y los legisladores que los derechos humanos son progresivos y, como decía mi abuela: pasos atrás ni para agarrar vuelo.
@lupitaramosp
