Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 5 de mayo de 2026. – Con la fecha límite del 30 de junio para registrar las líneas móviles bajo el nuevo esquema de identidad, el gobierno busca imponer, por tercera vez en 17 años, un control estricto sobre los usuarios.
Sin embargo, el historial de datos vendidos en el mercado negro y sentencias de inconstitucionalidad mantiene a la ciudadanía en alerta.
El primer intento masivo fue el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), creado bajo el gobierno de Felipe Calderón, con la promesa de acabar con las extorsiones vinculando cada chip a un nombre.
En 2010, se descubrió que la base de datos se comercializaba en sitios como Tepito por cantidades irrisorias. Los delincuentes registraron miles de líneas con nombres falsos (incluyendo el del propio presidente). El Senado tuvo que derogar la ley en 2011 tras admitir que el registro era inútil y peligroso.
En 2021, la actual administración intentó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que exigía no solo datos personales, sino biométricos (huellas dactilares e iris).
El INAI y el IFT impugnaron la medida, mientras que organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lideraron una ola de amparos.
En abril de 2022, la Suprema Corte (SCJN) declaró el padrón como inconstitucional. Los ministros, encabezados por figuras como Norma Piña y Arturo Zaldívar, determinaron que la medida violaba gravemente el derecho a la privacidad.
El intento actual ha eliminado los biométricos para evitar el veto de la Corte, pero mantiene la obligatoriedad de vincular la línea a la CURP y la identificación oficial antes del 1 de julio de 2026.
Expertos y defensores de derechos digitales advierten que los peligros no han desaparecido.
Jose Flores (R3D) ha señalado reiteradamente que estos registros generan una “falsa sensación de seguridad”, ya que los criminales utilizan técnicas como el spoofing (clonación de números) o chips de otros países para seguir operando.
Grecia Macías (Analista de políticas públicas) advirtió que centralizar los datos de identidad de 120 millones de líneas crea una “piñata de datos” sumamente atractiva para los hackers, poniendo en riesgo la integridad física de los usuarios si sus domicilios y nombres se filtran.
Especialistas en Ciberseguridad: Indican que la medida fomenta el mercado negro de tarjetas SIM ya registradas a nombre de terceros (suplantación de identidad), lo que podría incriminar a personas inocentes en delitos que no cometieron.
Con menos del 20% de las líneas registradas a pocas semanas del límite, el gobierno se enfrenta a un dilema: desconectar a millones de usuarios el 1 de junio o admitir, por tercera vez en la historia moderna, que el control de los celulares es una estrategia fallida que sólo vulnera al ciudadano honesto.
