Puntos y Contrapuntos

Criterios

Si fuera cierto, como presume que es su intención, que el nuevo gobernador de Jalisco pretende limpiar de fondo el Poder Judicial del Estado para ponerlo al servicio de la sociedad y de los más altos valores e intereses de la justicia, bien haría en llevar a cabo una seria, sistematizada, profesional y plenamente libre consulta entre todos los colegios y organizaciones de abogados de la entidad, para que opinen y propongan medidas para cumplir ese objetivo.

Ese sería un buen principio que mostraría a la sociedad las intenciones honradas y sinceras del nuevo mandatario que apenas tomó posesión este jueves 6 de diciembre del 2018 y que llegó al poder con la pretensión de refundar el estado, con el argumento de que él sí tiene el valor y la visión para pensar en grande, para realizar cambios verdaderos que mejoren las instituciones.

Debiera el nuevo gobernador, bajo compromiso estricto de respetar y preservar la confidencialidad y la secrecía de quienes se atrevan a aportar testimonios y pruebas sobre la corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, poner en práctica una política de puertas abiertas, para que le platiquen cuál es la cotización actual de un cargo de juez o magistrado y quienes cobran por hacer esos favores, previo cabildeo en altas instancias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los partidos políticos y del Consejo de la Judicatura.

Podría el nuevo gobernador escuchar las voces de decenas o quizá hasta de cientos de ciudadanos que han padecido abusos, agravios y dilaciones aberrantes, en sus aspiraciones de que les sea administrada justicia y gracia en forma expedita, con generosidad, bondad, sentido humano y estricto apego a las leyes.

Podría el nuevo mandatario estatal, si su voluntad fuera sincera, realizar una discreta pero sistemática consulta entre algunos magistrados y jueces de buena fe –que sí los hay en el Poder Judicial, aunque sean los menos–, para que le platiquen, desde las entrañas mismas del monstruo, cuáles son las fibras más enfermas en la institución que administra justicia en la entidad.

Bien haría el nuevo mandatario en poner al frente de una consulta de esta naturaleza a alguien que combina cualidades de jurista y humanista, como el doctor y abogado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad en la administración 2018-2024, para que se convierta en el garante de que la información proporcionada por abogados y ciudadanos en general no se distorsionaría ni sería utilizada con fines aviesos.

Y muy útil sería que en la misma sintonía fuera ubicado el Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, para que instruyera a su gente a darle seguimiento a todas las denuncias que fueran formuladas por ciudadanos dignos, honrados y de buena fe, en contra de integrantes del Poder Judicial presuntamente corruptos.

Habría entonces espacio para que la gente empezara a creerle la promesa que hizo el pasado martes 1 de mayo del 2018, en plena campaña electoral, cuando dijo que, de ganar la gubernatura, limpiaría a fondo el Poder Judicial de Jalisco.

“El proceso para limpiar el Poder Judicial de Jalisco será total y no habrá excepciones para acabar con los privilegios”, dijo con firmeza Enrique Alfaro Ramírez.

Siendo la Universidad de Guadalajara alma mater de miles de juristas, aclaró que esa institución sería un actor central de la refundación de Jalisco y de la renovación del Poder Judicial, pero en el entendido de que se acabaría el reparto de cuotas.

“(La UdeG) tiene que ser un actor central de ese proceso, siempre y cuando Raúl (Padilla) y todos los actores políticos de este Estado entendamos que ya no va a haber simulación, que ya no vamos a entrar en un ejercicio, insisto, de engañar y engañarnos entre todos”, explicó Alfaro Ramírez ante integrantes de la Barra de Abogados de Jalisco, según reseñó Mural.

DURA DENUNCIA

Para empezar, el gobernador bien podría poner atención al desplegado que se publicó este jueves 6 de diciembre del 2018 en la página 6 de la sección Comunidad del periódico Mural, firmado por representantes de tres gremios, en el que se formulan serias acusaciones contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Cito textual el desplegado: “A todos los jaliscienses nos interesa y nos conviene un Poder Judicial fuerte, autónomo, imparcial, capacitado, comprometido con la justicia y con la ciudadanía, pero también le conviene que este Poder se encuentre presidido por un jurista de reconocida probidad, honradez y que su principal compromiso sea el Poder Judicial, la aplicación de la ley y la justicia…”.

Agrega el documento: “Sin embargo, quien actualmente preside el Poder Judicial es el Magistrado Ricardo Suro Esteves, quien llegó a ese cargo a través de la extorsión y el chantaje ejercidos por sus padrinos políticos Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y su secretario General de Gobierno Roberto López Lara, quienes en su momento citaron a cada uno de los Magistrados para presionarlos y exigirles que tenían que votar por Suro Esteves y que él, por encargo de los primeros, tenía que ser Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura”.

Exigen en el documento: “Además, a usted, Magistrado Suro Esteves, le pedimos que no se anote para reelegirse, que usted no se reelija, ya que usted representa los intereses del gobernador saliente y de su padre el Magistrado Leonel Sandoval Figueroa, quienes han sido y siguen siendo un cáncer para el Poder Judicial; también representa los intereses de los consejeros de la Judicatura que cambian jueces a capricho para colocar a sus amigos, que mayormente son incapaces, sin entender que por su culpa la sociedad jalisciense está dolida al ver como sueltan impunemente a los delincuentes”.

Reclaman los firmantes: “Usted se ha dedicado a proteger al consejero Pedro de Alba Letipichia, y juntos no han tenido tiempo en dos años de revisar los expedientes de los 63 jueces señalados por recibir nombramientos ilegales por no cumplir con los requisitos más básicos que pide la ley para ser juez, usted representa la continuidad de la pésima gestión de Vega Pámanes, usted no debe reelegirse y usted no nos representa a los ciudadanos honrados”.

Piden en el desplegado: “A todos los demás magistrados les pedimos que no se dejen presionar ni extorsionar por el actual presidente del Supremo Tribunal, por el gobernador saliente o por el entrante, queremos un Poder Judicial libre, fuerte, autónomo e imparcial”.

El documento está firmado por el abogado Juan Martínez Álvarez, quien se asume como presidente del Colegio de Abogados Constituyente Luis Manuel Rojas; también lo suscribe el abogado Eduardo Guzmán García, quien es presentado como Secretario General del Sindicato Plural de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado y se suma al pronunciamiento la abogada Karla Azucena Díaz López, quien firma como Secretaria General del Sindicato Confianzapopan. El responsable de la publicación es Guzmán García.

LAS MISMAS VEREDAS

Hay personajes que transitan siempre por las mismas veredas. Se cuidan, se ayudan, se protegen y procuran que a los miembros de su cofradía les vaya bien.

El viernes 11 de julio del 2014 el Congreso de Jalisco nombró, para un periodo de siete años, dos nuevos magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad: Ricardo Suro Esteves y Armando Ramírez Rizo.

Suro Esteves, propuesto por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue asignado a la Séptima Sala Especializada en Materia Civil, donde compartió espacio con el magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, padre del mandatario estatal, y con el magistrado Héctor Delfino León Garibaldi.

Al respecto, Mural publicó: “Se eligió a Suro Esteves y Ramírez Rizo con 27 votos a favor del PRI, PAN, PRD y PVEM, frente a nueve nulos de parte del grupo denominado G9, conformado por la fracción de MC y tres del PAN. Trascendió que los elegidos llegaron por acuerdos, el primero por el PRI y el segundo por el PAN, respectivamente”.

Como establecen los protocolos políticos tricolores, ya para entonces nada se movía en el PRI y en la mayoría de los asuntos públicos o de gobierno sin la anuencia del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

El nombramiento fue cuestionado por otros aspirantes a magistrados, quienes consideraron que la experiencia de los favorecidos era muy limitada, menor a 10 años de trayectoria profesional.

Gente vinculada estrechamente al Poder Judicial de Jalisco, que conocieron a los referidos personajes en esa época, señalan que el relator de toda la confianza del magistrado Sandoval Figueroa en la Séptima Sala Civil era el abogado Jaime Reynoso Ramos, quien en las muy intermitentes y frecuentes ausencias de su jefe –a quien siempre le ha gustado más la política partidista que la judicatura– era comedidamente supervisado por el magistrado Suro Esteves, cuando se trata de elaborar proyectos de sentencias.

Dos años después, el jueves 15 de diciembre del 2016, con el apoyo del gobernador Sandoval Díaz y del influyente magistrado Sandoval Figueroa, el magistrado Suro Esteves fue nombrado presidente del STJ de Jalisco para los siguientes dos años.

Otro dato aporta luz en detalles importantes de esta historia. El martes 9 de septiembre del 2014 el gobernador Sandoval Díaz envió al Congreso de Jalisco la terna de aspirantes al cargo de Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales en Jalisco: Ricardo Suro Gutiérrez, Ana Violeta Iglesias Escudero y Tlacaél Jiménez Briseño.

El jueves 27 de noviembre del 2014, con la bendición del gobernador Sandoval Díaz, el Congreso de Jalisco designó fiscal electoral a Suro Gutiérrez, quien se desempeñaba aún como director de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

El nuevo fiscal electoral tomó posesión de su cargo hasta el martes 13 de enero del 2015. El magistrado Ricardo Suro Esteves es medio hermano del fiscal electoral Ricardo Suro Gutiérrez. Los hermanos Suro son a su vez hijos del abogado Ricardo Suro Campos, quien se presume amigo cercano de Sandoval Figueroa.

En 2015, luego de un intenso activismo electoral a través de la organización política priista “MAS por Jalisco” (MAS es acrónimo de Movimiento Aristóteles Sandoval), Sandoval Figueroa fue acusado de delitos electorales por Movimiento Ciudadano.

“Papá Leonel” fue exonerado por el fiscal Ricardo Suro Gutiérrez. Tampoco procedieron peticiones de juicio político en su contra, en un congreso en el que el PRI y aliados tenían mayoría.

Si la intención del nuevo gobernador de refundar el Poder Judicial de Jalisco, para reconocer los méritos de quienes los tienen –que si los hay, por supuesto– y para extirpar a quienes se han enquistado parasitariamente en el muy frágil sistema de administración de justicia estatal, tendría que contar con la colaboración del Congreso de Jalisco para modificar la Constitución estatal y las leyes reglamentarias que correspondan, para establecer nuevas reglas del juego, limpias, sanas, transparentes.

Tendría que elaborarse un paquete de reformas jurídicamente bien diseñado, para evitar que quienes pretendan perpetuarse en las entrañas de ese poder, sin aportar virtudes y bondades a la justicia, pudieran recurrir a instancias jurisdiccionales del ámbito federal.

De entrada, la mayoría de diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco –en alianza con los del PAN, y hasta con los de Morena–, tendrían que remover de la presidencia de la Comisión de Seguridad y Justicia al diputado perredista Edgar Enrique Velázquez González, exdirigente del gremio de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara, incondicional del cacique universitario Raúl Padilla López, quien tiene fuertes intereses en el Poder Judicial, pues ambos –jefe y subordinado– se convertirían en un obstáculo ante cualquier intento de reformas que pretendieran limpiarlo y dignificarlo.