Puntos y Contrapuntos

Criterios

Todo mundo percibe el hedor, que hasta náuseas provoca. Pero la inmensa mayoría prefiere voltear el rostro, mirar hacia otra parte, disimular que el asunto no le involucra y mucho menos le compromete.

El país es el botín de los canallas, bendecidos y beneficiados por las omisiones, disimulos y complicidades que han abultado los capítulos de una crónica infame que refiere cómo en amplios espacios del servicio público se han perdido la gallardía y el decoro de las personas honradas.

Hay delitos mayores y menores, pero los que se cometen para vulnerar los más elementales derechos del pueblo, los que traicionan su confianza y hacen naufragar sus esperanzas, esos, son imperdonables.

Hay muchos pozos profundos, oscuros, pantanosos, en los que se difuminan las finanzas de muchas universidades públicas, que manejan en forma discrecional y opaca los recursos que les son confiados por el Estado, para lubricar la esperanza legítima de millones de jóvenes que pretenden avanzar por la vía del conocimiento y ven frustrados sus sueños porque en las universidades públicas nunca hay cupo suficiente, pero sí dinero en abundancia para despilfarros, frivolidades y saqueos.

Muchas de esas universidades, que tendrían que estar al servicio del pueblo para ofrecer educación superior gratuita y de calidad, están controladas por académicos de dudosos méritos y falsos intelectuales, que las utilizan como fuente de apoyo y financiamiento para proyectos políticos o meramente comerciales, en detrimento de las tareas sustantivas de esas instituciones, que deberían estar enfocadas hacia la docencia, la academia y la investigación.

Es urgente que la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, las contralorías estatales, las auditorías superiores de los congresos locales y la Auditoría Superior de la Federación,  órgano técnico-contable de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entidades que revisan los gastos que realizan todas las dependencias del gobierno federal, las estatales y las municipales, se comprometan a fiscalizar con mayor rigor a las universidades públicas del país.

El pasado viernes 1 de marzo del 2019 los mexicanos tuvieron una vez más la oportunidad de observar la punta del iceberg: “La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países, aseguró este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo”, publicó ese día el periódico El Financiero.

Ese mismo día el periódico Reforma precisó que el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo involucraría al cacique y jefe político de esa institución, Gerardo Sosa Castelán –quien encabeza el patronato de la institución universitaria–, un expriista que en las pasadas elecciones del domingo 1 de julio del 2018 se alió con el partido Morena para postular candidatos al congreso local y a algunas alcaldías de esa entidad.

Explica el diario que Sosa Castelán es líder del denominado Grupo Universidad, integrado por personajes para los que –según una queja de morenistas externada en junio pasado– compró candidaturas por 50 millones de pesos.

El pasado viernes 22 de febrero del 2019 se anunció el congelamiento de las cuentas de la máxima casa de estudios hidalguense y, al día siguiente, el sábado 23 de febrero del 2019, Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Sosa Castelán, fue atacado a balazos en un camino de terracería en Tulancingo, Hidalgo, y murió cuando era atendido en el hospital, agrega la información de Grupo Reforma.

ATRINCHERADOS

Información publicada por el periódico Mural de Guadalajara el reciente viernes 1 de marzo del 2019 detalla que el actual presidente del patronato de la UAEH militó durante poco más de 40 años en las filas del PRI, y bajo las siglas de ese partido fue diputado local de 1981 a 1984 y dos veces ha ocupado una curul como legislador federal, la primera de 2000 a 2003 y la segunda de 2006 a 2009.

Dentro de la UAEH, Sosa Castelán ha fungido como secretario general de la institución y rector, así como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Hidalgo.

En dos ocasiones, en 1998 y 2005, intentó ser el candidato del PRI a la gubernatura del estado, sin embargo perdió la carrera interna ante Humberto Lugo Gil y Miguel Ángel Osorio Chong.

El oscuro pasado de este personaje fue retratado en el libro “La Sosa Nostra, Porrismo y Gobierno Coludidos en Hidalgo”, del escritor y periodista Alfredo Rivera Flores, cuyo prólogo fue escrito por el columnista de Grupo Reforma Miguel Ángel Granados Chapa. En 2004 Gerardo Sosa Castelán promovió una demanda por daño moral en contra de los dos periodistas, además del fotógrafo y de la casa editorial Porrúa.

En 2011 Granados Chapa fue exonerado pero Rivera Flores sí fue condenado a pagar una indemnización al político aludido.

“El libro documentó hechos de corrupción e impunidad ligados al poder político y al dinero así como el uso de la fuerza en la comisión de distintos ilícitos en los que se involucra a Sosa Castelán, exrector de la UAEH, precandidato al Gobierno de Hidalgo, por el PRI, ex presidente estatal de ese partido y ex diputado federal”, reseña una nota de Reforma del 6 de abril del 2011.

El caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo no es aislado. Seguramente ustedes recordarán el muy emblemático asunto de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”, documentado por reporteros del portal Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) –publicada el 5 de septiembre del 2017–, en el cual el gobierno federal, a través de 11 dependencias de la administración pública, entre 2013 y 2014 desvió 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. De este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. En esa transacción participaron por lo menos 8 universidades públicas.

NEGOCIOS

Este domingo 3 de marzo del 2019 el periódico Milenio informó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, señalada por presunto lavado de 156 millones de dólares por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, opera 22 empresas, entre ellas un hotel, un centro de seminarios, un club deportivo e incluso una gasolinera, integradas al Corporativo de Empresas del Patronato Universitario que encabeza Sosa Castelán.

De igual modo –refiere Milenio–, la UAEH posee el Club Universitario Real del Monte, ubicado en la ciudad de Pachuca, el cual ofrece un espacio exclusivo para la comunidad universitaria, socios y público en general, y tiene canchas de tenis de arcilla, cancha de frontenis, gimnasio adaptado con aparatos de última generación, alberca semiolímpica, sala de vapor con regaderas y salón de usos múltiples donde se imparten clases de baile y yoga.

La UAEH tiene una empresa de transporte universitario con 44 unidades. También cuenta con la empresa Productora Universitaria de Lácteo, un hospital veterinario, el poliforum Carlos Martínez Balmori con capacidad para seis mil espectadores, una empresa productora de muebles, una librería, una tienda de ropa, una editorial, un centro de calidad y un periódico local.

Entre la forma como operan algunas situaciones en la UAEH y en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, hay singulares similitudes. En la Universidad de Guadalajara también opera un grupo político con vasos comunicantes con PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, que se ha atrincherado en el control de los gremios de trabajadores, profesores y alumnos de la institución.

Sus dirigentes han surgido del gremio estudiantil, primero de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (1951-1991) –la mítica y violenta FEG del socialismo teórico y el pistolerismo práctico– y de la Federación de Estudiantes Universitarios (1991-2019).

Ellos forman, bajo el mando del cacique Raúl Padilla López (presidente de la FEG 1977-1979 y rector de la UdeG 1989-1995), los cuadros que han nutrido a la cofradía dorada que goza de los beneficios del dinero y el poder lubricados con el subsidio público, manejado en forma discrecional y patrimonialista.

Además, en la UdeG funciona también un Corporativo de Empresas Universitarias (CEU) que controla Raúl Padilla López, como presidente de su Consejo de Administración.

El CEU de la UdeG, que aglutina 14 empresas, opera cada año con un presupuesto promedio superior a los 500 millones de pesos, sin aportar utilidades a la institución que sean orientadas hacia el financiamiento de algún programa educativo, académico o de investigación.

Sólo para que usted tenga idea de lo que esto significa. De acuerdo con los documentos oficiales que la misma UdeG ofrece en su plataforma de transparencia, desde 2014 hasta 2018, en los más recientes cinco años, esa institución ha sumado 59 mil 299 millones 666 mil 762 pesos de presupuesto acumulado.

En ese mismo periodo el Corporativo de Empresas Universitarias que maneja Padilla López ha dispuesto de un financiamiento acumulado de 2 mil 959 millones, 701 mil 495 pesos. El 4.99% por ciento de los recursos totales que la UdeG ha recibido estos cinco años.

En 2018 el CEU de la UdeG operó 14 entidades económicas: Club Deportivo UdeG, Editorial Universitaria, Empresa Desarrolladora de Software y de Negocios, Empresa Servicios Universitarios, Feria Internacional del Libro, Hotel Villa Montecarlo, Hotel Villa Primavera, Inmobiliaria Universitaria, Operadora Universitaria de Energía, Operadora Auditorio Metropolitano, Operadora Centro Cultural Universitario, Operadora de Estacionamientos, Operadora Parque Industrial Los Belenes y Sistema Corporativo Proulex-Comlex.

¿Cuánto aportan estas empresas al financiamiento de algún programa educativo, académico o de investigación de la UdeG?

Veamos sólo dos ejemplos: en la página 62 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 de la UdeG, referido al CEU, calcula utilidades por 53 millones 880 mil 344 pesos. Y al pie de página aparece esta leyenda: “Nota: Las utilidades serán para el pago de los intereses y abono a capital del crédito para el Auditorio Metropolitano, según resolutivo tercero del dictamen número II/2006/484 del H. Consejo General Universitario de fecha 19 de diciembre de 2006. Fuente: Oficio de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA No. SVDE/1570BIS/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016”.

Por lo que corresponde al ejercicio 2018 del CEU, en el presupuesto oficial de egresos de la UdeG se calcularon utilidades por 56 millones 676 mil 14 pesos. Al pie de la página 62 del documento se advierte: “Nota: Las utilidades serán reinvertidas en las empresas y nuevos proyectos productivos. Fuente: Oficio de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA No. SVDE/1569/2017, de fecha 23 de noviembre de 2017”.

¿Cómo viven los dirigentes o los jefes políticos de las universidades públicas? ¿Cómo han obtenido sus bienes, sus riquezas y cómo financian sus negocios? ¿Han pagado y pagan todos sus impuestos? ¿En qué bancos tienen depositados sus ahorros o utilidades? ¿Cuántas universidades o sus dirigentes han creado entidades offshore, en paraísos fiscales para lavar o esconder dinero mal habido?

Ha llegado el tiempo de que las universidades públicas sean verdaderamente fiscalizadas y sus dirigentes investigados. Es tiempo de que la autoridad ponga freno a los abusos y sancione con severidad a los caciques o dirigentes que hayan hecho mal uso de los recursos que les fueron confiados por el pueblo.