En forma subrepticia, ya arrancaron ventanas de la terraza posterior, que tiene vista al jardín, y por lo menos 20 puertas interiores

Guadalajara, Jalisco.-Es una práctica que se reitera por todos los rumbos de la zona metropolitana de Guadalajara. Saben que pueden destruir y que después, probablemente, serán acreedores a una multa, que muchas veces resulta complaciente e insignificante frente a los daños irreversibles causados, y muy leve ante los rendimientos que obtienen de algunos negocios inmobiliarios.

Actúan en forma subrepticia, aprovechan los fines de semana, cuando se supone que no hay autoridad que vigile y que impida la destrucción del patrimonio cultural del estado, porque operan al margen de la legalidad, para darle curso a proyectos inmobiliarios que se amparan en la violación reiterada de las leyes, sin que quede claro si lo hacen amparados en la actitud omisa, complaciente o cómplice de funcionarios públicos que tendrían que aplicar estrictamente las normas.

Hay una casona en riesgo de ser destruida, ubicada en el número 2080 de la calle Morelos, en la colonia Ladrón de Guevara, pese a que fue inscrita en el Inventario Estatal de Patrimonio Cultural de Jalisco, según acuerdo de la Secretaría de Cultura de la entidad, encabezada entonces por Myriam Vachez Pragnol –durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval– y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el sábado 13 de noviembre del 2015 (página 47 de la Sección VI).

El edificio, de dos plantas sólidas y un tercer piso falso en la azotea, está clasificado como Inmueble de Valor Artístico Ambiental y protegido por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios, que tiene por objeto, según se advierte en la página oficial de internet de la Secretaría de Cultura de la entidad: “Garantizar el derecho humano relativo a la salvaguarda del Patrimonio Cultural del Estado constituido por elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural, a los que los habitantes de la entidad, por su significado y valor, les atribuyen importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, natural, literaria, artística, arqueológica, antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica, industrial y urbana”.

Durante más de un año tuvo colgada en la parte frontal, hacia la calle Morelos, una lona que anunciaba: “Disponible”. Finalmente, se vendió y la lona fue retirada a principios de este año. Entre algunos potenciales compradores que visitaron el edificio y mostraron interés por el inmueble, se comentó, extraoficialmente, que el precio era de 1 millón 100 mil dólares.

A principios de junio, durante por lo menos dos semanas, llegaron algunos trabajadores con maquinaria ligera para realizar un estudio de suelo, denominado técnicamente –según los conocedores– estudio geotécnico, que permite obtener información de un determinado terreno.

Perforaron en la parte posterior del inmueble, en el amplio jardín, para obtener información que usualmente se requiere para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto inmobiliario.

El reciente domingo 30 de junio del 2019, durante varias horas, estuvieron trabajando dos personas que desmontaron una puerta en la parte lateral del inmueble. Este domingo 7 de julio llegó una cuadrilla de trabajadores que, a golpe de marro y cincel, arrancaron las ventanas y la puerta de un balcón ubicado en el segundo piso, en la parte posterior del edificio. Además, desmontaron por lo menos 20 puertas de madera del interior, que se llevaron en una pequeña camioneta blanca en cuya puerta estaba rotulada la razón social VEQ. Trabajaron aproximadamente de las 10:00 a las 16:00 horas.

De la fachada del edificio no han retirado ningún ladrillo, ventana o vidrio. Todos los trabajos los hicieron sigilosamente, en el interior y en la parte posterior.

LEY VIOLADA

El Artículo 8 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios establece, en su fracción tercera, que los inmuebles de Valor Ambiental son edificaciones que posean un valor contextual o de ambiente urbano que en conjunto generan una zona susceptible de ser considerada de valor patrimonial, subdividiéndose en dos categorías: a). Inmuebles de valor histórico ambiental construidos antes de 1900; e b). Inmuebles de valor artístico ambiental construidos después de 1900.

Para la protección de estos bienes patrimoniales del estado y la ciudad –establece el artículo 11 de la citada ley– son autoridades responsables de aplicar las normas, así como de vigilar su observancia, en el ámbito de sus respectivas competencias: I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; II. Las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y de los gobiernos municipales competentes en materia de: Cultura, Ordenamiento y planeación de los asentamientos humanos; Equilibrio ecológico y protección del ambiente, y Salvaguarda y administración de documentos. También son responsables la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente; y las demás dependencias y entidades estatales y municipales relacionadas con la materia.

La misma ley es muy clara al advertir en su Artículo 35: “El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán reglamentar las medidas preventivas de salvaguarda sobre los bienes del dominio público o privado inventariados como Patrimonio Cultural, y observarán como mínimo: I.- Las medidas que eviten el perjuicio o menoscabo de las características originales de los bienes del Patrimonio Cultural y III.- Los mecanismos de intervención en caso de riesgo de pérdida o deterioro irreparable de bienes Patrimonio Cultural y los de coordinación con las entidades federales, estatales, municipales y organismos de la sociedad civil, para garantizar la salvaguarda del bien”.

El siguiente enunciado también es muy estricto: “Artículo 36. Para la ejecución de acciones de intervención en los bienes inventariados como Patrimonio Cultural, se deberán observar las siguientes medidas: I.- El proyecto de intervención deberá estar precedido por un detallado estudio del bien, que contemplará lo relativo a la obra original y a las eventuales modificaciones, así como los demás que se requieran atendiendo a las características particulares del bien; y II.- La intervención deberá tener por objeto únicamente respetar y salvaguardar la autenticidad de los elementos constitutivos del bien o zona integrante del Patrimonio Cultural del Estado”.

Estas disposiciones ya fueron violadas en las acciones que depredaron y desmontaron los ventanales en la parte posterior del edificio de Morelos 2080.

¿Se realizó esta intervención con el permiso y conocimiento de la autoridad municipal de Guadalajara que encabeza Ismael del Toro Castro? ¿Se realizaron de manera arbitraria y al margen de la ley?

Sobre este tipo de intervenciones, presumiblemente ilegales y subrepticias, el Artículo 42 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios establece: “Las licencias que expidan los Ayuntamientos en contravención a lo anterior serán nulas de pleno derecho, la Secretaría o la PRODEUR deberán suspender las obras de intervención que hubieren sido autorizadas y, en su caso, se procederá a la demolición de las estructuras no permitidas y la reconstrucción de lo demolido o modificado a su forma original”.

Y agrega, con claridad y firmeza: “Los costos de las obras de demolición, restauración y conservación serán a cargo del propietario o poseedor y serán solidariamente responsables los que hayan ordenado o autorizado la obra y el que dirija su ejecución. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven para los servidores públicos que hayan concedido la autorización, así como a los particulares que hubiesen ordenado las intervenciones de que se trate”.

 CON HISTORIA

La última institución que usó esas instalaciones fue el muy recordado Instituto Cultural Goethe que, al amparo del gobierno de Alemania, ofrecía clases de alemán y promovía un intenso intercambio entre las culturas mexicana y teutona a través de conciertos, lecturas y exposiciones de arte.

La historia siguiente la rescaté de Mural, publicada el 28 de octubre del 2002.

En 1960 el gobierno alemán le ofreció a Ernesto Jäger la posibilidad de abrir una escuela dedicada únicamente a la enseñanza del alemán y le otorgó 2 mil marcos para echarla a andar.

Tras un par de años de trabajo –en 1962– el lugar, que estaba ubicado originalmente en la esquina de Avenida Vallarta y Tepic (hoy Francisco Javier Gamboa), en Guadalajara, se transformó en el primer Instituto Goethe en México. Años más tarde llegaría también a la Ciudad de México.

Al lado de su esposa Helga, Ernesto Jäger continuó al frente del Goethe desde 1962 hasta su muerte, en 1989. Durante el tiempo que dirigió este centro cultural se preocupó por brindarle un espacio a la discusión de los temas sociales, abrió un escaparate para la música de vanguardia, para las artes plásticas y el teatro e impulsó las discusiones sobre cine que dieron como resultado la agrupación Cinecrítica A.C., que sería la semilla de la que nacería más tarde la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara.

“Ernesto, para sacudirse de las experiencias de la guerra, de la posguerra, de las crisis personales, se vino a Canadá en busca de nuevos horizontes. Fue a Canadá en el año 55 con el plan de trabajar como obrero eventual durante un año”, relató Helga Jäger, su viuda, sobre la vida de quien estuvo al frente del Goethe por más de 20 años.

Fue en 2002 cuando el gobierno alemán compró la casa de Morelos 2018, a donde se trasladó el Instituto Goethe. El cierre definitivo de esa noble institución sucedió en 2011, siendo su último director Richard Lang. Además de Jäger y Lang, otros de sus directores fueron Rolf Klieme, Hans Jürgen Augspurger y Richard Lange (Milenio, 9 de febrero del 2017).

El edificio de Morelos 2080, en la colonia Ladrón de Guevara, está clasificado legalmente como un Inmueble de Valor Artístico Ambiental para Guadalajara y Jalisco. La ley advierte que no puede modificarse y mucho menos demolerse. Autoridades municipales y estatales están obligadas a intervenir y aplicar con rigor la ley.