Puntos y Contrapuntos
Criterios
Sólo alguien muy ingenuo, o muy perverso, argumentaría que no existe algún conflicto de interés en el hecho de que el poderoso superdelegado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, aspire a seguir haciendo negocios como proveedor de medicamentos del sistema de salud federal o de algunas entidades de la República.
Si ese fuera el argumento de alguien muy ingenuo, debería ser separado del servicio público de inmediato, porque quienes carecen de malicia y sagacidad para detectar a los abusivos y corruptos, no deben estar salvaguardando los intereses del pueblo, pues lo más seguro es que tarde o temprano serán alimento apetecido de los lobos.
Y si la argumentación fuera de algún perverso personaje, presunto servidor público, de inmediato tendría que ser separado de la nómina de gobierno antes de que se apropie, malbarate o transe con los recursos que le han sido confiados, tanto en dinero como en bienes materiales.
Una de las constantes que definen la corrupción pública es el aprovechamiento de las influencias, las relaciones o las afinidades políticas para hacer jugosos negocios al amparo del gobierno o con dinero público.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que puntualiza las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación, define con claridad en su artículo 3 el concepto de conflicto de interés: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Señala, en su Artículo 70, otra conducta recurrente entre funcionarios que comparten afinidades partidistas o de negocios: “Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal”.
Agrega: “También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos”.
FUNCIONARIO NEGOCIANTE
Un caso que reiteradamente ha despertado sospechas es el del superdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
“Señalado como el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos, el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, busca ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la megalicitación de medicinas que ha convocado la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público”, señala una información publicada en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), firmada por el reportero Samuel Adam, este martes 18 de junio del 2019.
“Laboratorios Solfran, S.A. –advierte la nota–, una farmacéutica que el propio Lomelí reconoció como suya el mes pasado, presentó su carta de interés para participar en la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal que podría decidirse en las próximas semanas”.
Explica que “Solfran es una de las empresas que busca quedarse con contratos de la compra consolidada de medicamentos. En ejercicios de anteriores administraciones esta compra ha sido de alrededor de 17 mil millones de pesos”.
Aclara que “el representante legal de Laboratorio Solfran, Christian Arriaga, confirmó vía telefónica a MCCI que la empresa se registró en la licitación para vender medicamentos al gobierno”.
“Nosotros manejamos alrededor de 28 claves; todo medicamento que tenemos es genérico, es ahí donde queremos enfocarnos y esperamos que nos asignen unas claves”, dijo a MCCI. “Más o menos representa entre 150 y 250 millones de pesos”. Arriaga también confirmó que el Laboratorio Solfran forma parte de Grupo Lomedic.
La publicación agrega otros datos que dejan clara la presencia del superdelegado Lomelí Bolaños en ladistribuidora que aspira a hacer jugoso negocio con el gobierno de López Obrador, en el que el superdelegado tiene muchas influencias.
Los accionistas de Solfran son Karina Lucía Navarro Pérez, esposa de Carlos Lomelí, y Lomedic, compañía insignia de la red de empresas farmacéuticas del político jalisciense.
De las acciones tipo A de Solfran, Navarro Pérez posee el 1%, mientras que Lomedic detenta el 99% restante, según un acta del Registro Público de Comercio que el 12 de junio de 2018, fecha en la cual se modificó el volumen accionario. Lomedic es dueño de otras series de acciones, de acuerdo con la misma acta. El capital social de Solfran hasta ese día era de 293 millones 611 mil 859 pesos, precisa la información publicada este martes 18 de junio del 2019.
Refiere el trabajo periodístico que “en un acta del Registro Público de Comercio de fecha 20 de diciembre de 2018, Lomedic aparece representada por Carlos Lomelí”.
La noche del mismo martes 18 de junio del 2019 Lomelí Bolaños publicó una réplica en su página oficial de Facebook, dirigida a Claudio X. González, presidente de MCCI y al periodista Salvador Camarena, director de esa organización: “Manifiesto que un servidor refrenda su palabra y compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los ciudadanos de Jalisco y del país, de que mis empresas no venderán ningún medicamento al gobierno federal”.
“Aclaro –agrega el comunicado– que ningún representante de la empresa presentó una carta de interés para participar en la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal. Es totalmente falsa su afirmación”.
Señala también Lomelí Bolaños: “La Secretaría de Hacienda convocó a toda la industria farmacéutica para dar a conocer las demandas del sector salud para lo que resta del año. La invitación fue abierta a todos los laboratorios del país. Un representante de la empresa en la que tengo participación, asistió a la reunión informativa. Lo cual no implica interés en participar en proceso de licitación”.
Este jueves 20 de junio del 2019, en su conferencia matutina, al ser interrogado con respecto al caso de Carlos Lomelí Bolaños y el conflicto de interés que habría entre su actividad política y de negocios como proveedor del gobierno, el presidente informó que la secretaría de la Función Pública está por concluir el análisis del caso.
Anticipó que el estudio respectivo le será entregado la próxima semana, sin abundar en mayores detalles.
Sin embargo, no podría descartarse que, ante la presión de algunos sectores de la sociedad, el caso derivara en la separación de Lomelí Bolaños del cargo público que actualmente tiene como superdelegado de la administración de López Obrador en Jalisco.
ANTECEDENTES
Hace siete años, el 26 de junio del 2012, el periódico Excélsior, de la Ciudad de México, publicó: “Empresario polémico financia a López Obrador”.
Se refería el periódico a Lomelí Bolaños, quien tuvo una posición privilegiada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal (2000-2006).
La información aportaba datos inquietantes: “Lomelí Bolaños es uno de los empresarios fuertes del país que financian la carrera política de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000, cuando fue uno de quienes contribuyó económicamente a apuntalar la campaña del tabasqueño por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal (GDF), pero también estuvo cerca de él en el 2006 y en este proceso electoral (del 2012), en el cual también respalda con donaciones a Enrique Alfaro, candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno del estado (de Jalisco)”.
Excélsior consideraba muy exitoso a Lomelí Bolaños, gracias a su cercanía con el poder: “Lomelí también ha sido retribuido por este grupo político, pues a pesar de ser señalado en 2008 de incurrir en diversos casos de fallas en el abastecimiento de medicamentos en el sistema del Seguro Popular de Jalisco ha logrado un aumento en sus contratos, al grado que actualmente trabaja con 29 hospitales del Gobiernos del Distrito Federal; 460 centros de atención médica de Jalisco; 100 en Aguascalientes y cinco hospitales centrales de Nayarit, amén de otros cinco que tuvo en Colima como clientes”.
“LoMedic fue la empresa que obtuvo distintos contratos para la distribución de medicamentos y equipos médicos, convirtiéndose en la principal proveedora del Sistema de Bienestar y Seguridad Social del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del DF y de la propia Secretaría de Salud del DF, contratos que le fueron renovados por el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012)”, advertía el periódico.
El reciente lunes 20 de mayo del 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó información en la que ya advertía que Carlos Lomelí Bolaños era el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
Ese grupo farmacéutico –explicaba MCCI– ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, relacionada con Lomelí Bolaños, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, había ganado en el transcurso de 2019 más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
PALABRA COMPROMETIDA
El presidente López Obrador estaría obligado a honrar su palabra, para conjurar de raíz un potencial conflicto de interés que podría poner bajo sospecha la solvencia ética de su proyecto, que siempre ha presumido comprometido en el combate a la corrupción, al influyentismo y a los negocios turbios al amparo del poder y de las relaciones políticas.
Habría que recordar que el pasado jueves 13 de junio del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un memorándum, dirigido a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general, en el que les pide no permitir gestiones de sus familiares o amigos, ni recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, y mucho menos escuchar propuestas indecorosas.
Las siguientes citas son textuales:
“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.
“Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos.
“En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’.
“Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante.
“Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada.
“Sólo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.
Fin de la cita textual del memorándum.
EPÍLOGO
Los autonombrados “juaristas” de la Cuarta Transformación deberían honrar a don Benito Pablo Juárez García (1806-1872), ejemplo de servidor público, presidente de la República 1858-1872, quien acuñó principios imperativos: “Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder” (Apuntes para mis hijos, Fondo de Cultura Económica, México 2006, Pág. 81).
También advirtió con solemnidad y convicción: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, afirmó en el discurso que pronunció, siendo gobernador de Oaxaca y ante la X Legislatura de su estado, al abrir el primer periodo de sesiones ordinarias el 2 de julio de 1852.
En esa ocasión agregó: “Pero los hombres que no pueden soportar el yugo suave de la ley, tampoco pueden conformarse con ese orden de cosas, y de aquí procede ese constante empeño de destruir el sistema federativo, substituyéndolo con el poder absoluto”.
El caso de Lomelí Bolaños es una prueba de fuego para López Obrador. Los negocios, desde el gobierno, con el gobierno, representan una gravísima expresión del tráfico de influencias, de la corrupción solapada, consentida desde las entrañas mismas de la administración pública.
Nadie puede aspirar a ser poderoso funcionario público y al mismo tiempo privilegiado negociante con adjudicaciones de contratos operadas por sus socios, aliados, amigos o cómplices. No es ético, no es honrado, no habla bien de las instituciones y del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
