En desacato a las autoridades federales se encuentran directivos de la inmobiliaria Grupo San Carlos y funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara, quienes a pesar de la orden de no tocar “ni un árbol” en el predio del exclub Chivas San Rafael, al oriente de la ciudad, reiniciaron las maniobras en el sitio el lunes 29 de octubre, denuncia Gabriela Cervantes, del colectivo Unidos por Jardines de la Paz.
Los vecinos vieron en el predio –en donde se pretende edificar varias torres para vivienda– maquinaria conocida como trascabo, “camiones con agua y unos 10 camiones de volteo… a pesar de las dos suspensiones, una de ellas por parte del colectivo; la nuestra es la 2610/17 y es definitiva”.
Dicha suspensión impide a la inmobiliaria talar árboles y hacer movimiento de tierra. “Nada, no puede hacer absolutamente nada dentro del predio”.
Los vecinos no descartan el contubernio entre la empresa y autoridades municipales.
Acudieron a Obras Públicas para que a través del área de Inspección y Vigilancia comprobaran la violación que comete la empresa. Señala que fueron atendidos por la empleada Martha González, quien les dijo que no podía hacer nada, que no podía enviar a alguien a verificar.
Ante ello, los vecinos llamaron a un notario público para que diera fe de los hechos.
El martes 30 de octubre, la empresa constructora emitió un boletín para deslindarse de un grupo de albañiles que estaban en huelga, quienes el lunes 29 entraron a laborar al predio. El comunicado señala que pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
“Grupo San Carlos no se puede deslindar, son sus trabajadores. El personal (de preventa de departamentos) es el que les abre las puertas en donde están colocados los sellos de suspensión y nos son personas ajenas a la construcción, son las mismas; lo hacen abierta y descaradamente. Saben que los vemos, que les tomamos fotografías, y siguen”.
La vocera de los vecinos agrega que en el predio sí hay una manta de Conciliación y Arbitraje en donde se señala que trabajadores de la obra están en huelga, “pero sí así fuera, estuvieran en las oficinas de la empresa y no en el predio San Rafael. No estamos en Japón, en donde las huelgas se realizan con mayor productividad”.
-¿Quién desacata?
-La empresa y el gobierno municipal. La empresa, porque está desacatando una suspensión de un juez de Distrito, y el ayuntamiento por ser permisivo.
Agrega que el problema afecta más allá de los vecinos. Es un caso público, en donde también se perjudica a las personas de otras latitudes que buscan justicia. “La gente de San Carlos, que tiene mucho dinero y que está coludida con el ayuntamiento, aprovechan esas corruptelas para pasar por encima de los derechos de los ciudadanos”, asegura.
Ni cómo negociar
El actual gobierno de Guadalajara, que encabeza Ismael del Toro, no tiene interés en buscar el diálogo con los vecinos. Prueba de ello es que el viernes 26 de octubre acudió a las inmediaciones del área de San Rafael para inaugurar un parque pequeño llamado Vicente Guerrero, “en donde nos talaron más de 14 árboles. El evento fue muy rápido. No nos buscaron, no se han dado tiempo de establecer la relación entre vecinos y autoridades”, dice la denunciante.
-¿Aceptarían la construcción con negociaciones, por ejemplo, mejoras en su colonia?
-En estas condiciones, no. Vemos cómo se burlan de nosotros porque tienen mayor poder; entonces, esas señales no hablan de un trato digno o de querer negociar. Lo que queremos son construcciones acordes. Aún no existen todos los edificios que van a haber y ya estamos viviendo un impacto negativo en movilidad; hay escasez de agua, a cada rato nos tumban la energía eléctrica y subió el vandalismo y la inseguridad. Ante eso ¿cómo negociar con San Carlos o Guadalajara?
