Guadalajara, Jalisco.-El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas presentó este miércoles un pronunciamiento en el que delineó siete ejes de acción necesarios para enfrentar la crisis de desapariciones en Jalisco. Este planteamiento se dio a conocer tras una reunión entre integrantes del próximo gabinete estatal y especialistas en el tema, donde el Comité destacó la importancia de abordar públicamente el problema como una herramienta para combatirlo.
El primer eje subraya la necesidad de reconocer la magnitud del problema. Según cifras oficiales, hasta octubre de 2024 se reportaron 15,882 personas desaparecidas, de las cuales 9,476 corresponden a los últimos seis años. Además, en el mismo periodo se localizaron 2,722 personas sin vida, muchas de ellas en fosas clandestinas. Estas cifras reflejan un panorama que, según el Comité, solo puede ser enfrentado si se dimensiona adecuadamente el alcance de la tragedia.
Asimismo, el Comité hizo un llamado a recuperar la indignación colectiva ante la normalización de la violencia. Señaló que la falta de reacción social favorece a los perpetradores y propuso la construcción de alianzas amplias entre sectores gubernamentales, civiles y sociales para rechazar de forma contundente estas prácticas.
Otro eje fundamental del pronunciamiento aborda la necesidad de romper los pactos de impunidad que han permitido la expansión de las desapariciones. El Comité señaló que la complicidad de autoridades, policías y actores locales con grupos criminales ha sido un factor clave en el incremento de estos delitos. Durante el sexenio que termina, 285 policías municipales fueron procesados por desaparición forzada, un indicador del nivel de infiltración en los cuerpos de seguridad.
La máxima publicidad de la información también fue destacada como una estrategia esencial para combatir el problema. El Comité denunció que el silencio y la opacidad han sido recurrentes en la gestión de los casos, con más de la mitad de las denuncias sin cédulas de búsqueda y escasa difusión de información. Propuso un enfoque de transparencia que garantice datos accesibles y útiles tanto para las autoridades como para la sociedad.
El pronunciamiento también señaló el rezago institucional como una barrera para resolver el problema. Indicó que la falta de personal, recursos y buenas prácticas ha limitado los avances, mientras que los esfuerzos gubernamentales se han centrado en aparentar resultados más que en generarlos. Aunque reconoció la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, el Comité cuestionó su efectividad para abordar directamente la crisis de desapariciones.
Colocar a las víctimas en el centro de las políticas públicas fue otro punto clave del documento. Según el Comité, la revictimización de quienes denuncian o buscan justicia es una práctica que debe ser erradicada. También se enfatizó el papel crucial que han desempeñado las familias de las víctimas en los avances logrados hasta ahora, razón por la cual se les debe priorizar en cualquier estrategia.
Finalmente, el Comité planteó la necesidad de implementar políticas de memoria y construcción de paz para prevenir la repetición de estos crímenes. Destacó que garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la memoria es indispensable para transformar las condiciones sociales y culturales que permiten la violencia en el estado.
El pronunciamiento cierra con un llamado a las autoridades y a la sociedad a asumir un compromiso conjunto frente a esta crisis, considerando los siete ejes como una hoja de ruta para la acción inmediata.
