Relatan las crónicas que dieron cuenta de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de Jalisco (2018-2021), el pasado jueves 1 de noviembre del 2018, que se le vio alegre, dicharachero, desenvuelto, sin penas ni angustias que le agobiaran.
Es probable que esté convencido de que, si en los seis más recientes años no lo importunó y muchos menos lo alcanzó el baldado brazo de la justicia, menos ocurrirá en el sexenio por venir, que empezará el próximo jueves 6 de diciembre del 2018, pues en ese anaranjado gobierno tendrá amigos confiables, comprensivos, agradecidos y generosos que lo cuidarán de todo mal.
Sin embargo, las cuentas del exgobernador panista Emilio González Márquez (2007-2013) siguen alimentado un voluminoso expediente, que está más cerca de ser enviado al archivo muerto –gracias a la generosidad de sus socios y amigos–, que ser explorado en forma seria, profesional y honrada, para delimitar los alcances de culpas, omisiones, irresponsabilidades y potenciales delitos.
El pasado lunes 5 de noviembre del 2018, el exgobernador de Jalisco (2001-2007), Francisco Javier Ramírez Acuña, fue muy claro al acusar de haber traicionado al PAN al exmandatario albiazul González Márquez, por favorecer a Enrique Alfaro Ramírez, actual gobernador electo (2018-2024) de Movimiento Ciudadano, cuando el líder naranja contendió por primera vez por el cargo más importante de Jalisco en el 2012.
En el evento en el que anunció que apoyaba la candidatura de César Octavio Madrigal Díaz para la presidencia estatal del PAN, Ramírez Acuña afirmó: “Emilio nunca podrá quitarse de su chaleco el que traicionó a Acción Nacional siendo gobernador de Jalisco, que en su momento él dio instrucciones para que la gente votara por Enrique Alfaro, siendo candidato de Movimiento Ciudadano; eso nunca se lo va a poder quitar Emilio y los panistas lo saben porque además recibieron esas instrucciones en su momento”.
Pero no sólo las culpas por los señalamientos de su presumible traición persiguen a González Márquez. También hay hechos concretos, respaldados por argumentos contables y jurídicos, que le persiguen desde hace varios años, a través de por lo menos una docena de denuncias que podrían involucrarle, aunque hasta la fecha no haya sido obligado a comparecer ante alguna autoridad jurisdiccional.
PECADOS AZULES
El martes 17 de septiembre del 2013 el periódico Mural publicó que luego de revisar las cuentas públicas del gobierno de González Márquez, de 2007 a 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Ejecutivo estatal panista debería reintegrar a las arcas públicas más de 8 mil 200 millones de pesos que se gastaron de forma irregular.
Un día después, el miércoles 18 de septiembre del 2013, el gobernador de Jalisco (2013-2018) Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aclaró que su administración no estaba dispuesta a reintegrar los más de 8 mil millones de pesos observados en las 90 auditorías practicadas por la ASF a la administración que le antecedió.
“Tiene que haber responsables, y los responsables tendrán que pagar y, por supuesto, los gobiernos tienen que atender con responsabilidad las incompetencias, irresponsabilidades, omisiones de las anteriores administraciones, pero alguien tiene que pagar, alguien tiene que ser sancionado”, aseveró Sandoval Díaz.
El jueves 17 de octubre del 2013 el contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, informó que la dependencia a su cargo había detectado un probable daño patrimonial a Jalisco por más de 7 mil 573 millones de pesos en el último año del gobierno del panista González Márquez, por lo que preparaba al menos 10 denuncias.
Mural publicó el pasado domingo 28 de octubre del 2018: “En este sexenio, el combate a la corrupción sigue estéril. Según información de la Contraloría del Estado, de las 22 denuncias presentadas ante la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, sólo una ha derivado en sentencia o sanción”.
“Dichas querellas por probables actos de corrupción son investigaciones en curso. De ellas, 12 corresponden al periodo del anterior contralor, Juan José Bañuelos, designado con la encomienda de investigar anomalías de la pasada Administración estatal, que encabezó el panista Emilio González”, agregaba la nota.
“Las otras 10 han sido interpuestas ante la Fiscalía estatal bajo la gestión de la actual titular, Teresa Brito Serrano, quien asumió en abril de 2016 y repetirá en el cargo con el próximo Gobernador, el emecista Enrique Alfaro”, concluía la información.
VERBO LIGERO
En su discurso de toma de posesión como gobernador de Jalisco, el viernes 1 de marzo del 2013, Sandoval Díaz prometió una administración austera y sin dispendios, además se comprometió a combatir la corrupción.
“Llegó la hora de actuar, llegó la hora de combatir la corrupción en el estado de Jalisco”, dijo.
El lunes 15 de junio del 2015, luego que el Instituto Electoral de Jalisco le entregó su constancia como alcalde electo de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez sentenció: “No podemos hacer como que jugamos a combatir la corrupción, es en serio (…) El mensaje, desde ahorita, es a quienes han hecho de Guadalajara un gran negocio: se les acabó el veinte”.
Fue contundente ese día: “Si de veras te vas a comprometer a enfrentar la corrupción tiene que ser a matar o morir, no puedes quedarte a la mitad, no puedes hacer un planteamiento de medio voy a arreglar la corrupción”.
El gobernador de Jalisco es el jefe del Fiscal General en la actual administración estatal. También el próximo mandatario de la entidad será jefe del nuevo procurador, en el próximo gobierno que empezará el jueves 6 de diciembre.
Ningún indicio hay de que Jorge Aristóteles hubiese tenido voluntad política de instruir y presionar a sus cuatro fiscales generales –Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Raúl Sánchez Jiménez y Marisela Gómez Cobos– para que fueran a fondo en las investigaciones sobre las irregularidades, abusos o potenciales delitos cometidos por funcionarios de la administración que encabezó González Márquez.
Es poco probable que esta historia tenga un desenlace que haga resplandecer la ley y declare las rigurosas bondades de la justicia en la próxima administración de Alfaro Ramírez (2018-2024). Como en un cuento de Gabriel García Márquez, podríamos decir: “En este pueblo no hay ladrones. Todo el mundo conoce a todo el mundo”. Y todos se cuidan y se protegen con singular afán.
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