Puntos y Contrapuntos
Criterios
Todos los homicidios deben ser investigados. Los criminales, sin distingo, deben ser perseguidos y capturados. Los que violentan la ley deben ser sometidos a proceso y sentenciados.
La fórmula es simple. Pero excepcionalmente se cumple. Un porcentaje altísimo de los expedientes, de las averiguaciones previas, de las carpetas de investigación, como se les llama ahora, es enviado al archivo muerto.
A los expedientes de homicidios cometidos contra gente común y corriente muy pocas autoridades les ponen interés. Al cabo que, salvo a sus familiares, a casi nadie le importan. Esas carpetas de investigación desaparecen con mucha facilidad y prontitud, se pierden, arrinconadas en alguna caja de algún remoto y polvoriento rincón, aseguradas con los fuertes candados del silencio, la impunidad y el olvido.
Aun los expedientes de homicidios de alto impacto, los que llegan a las primeras planas y a los encabezados más importantes de los medios de comunicación, terminan perdidos en la bruma del tiempo.
Si se presume que en el fondo del asunto hay alguna razón política, la mayoría de las autoridades prefiere no investigar.
Si en el caso pudiera estar involucrada alguna expresión del crimen organizado, la mayoría está dispuesta a guardar silencio, a esperar que el asunto se enfríe y se olvide.
Si están presentes los dos factores reseñados, la mayoría asume casi por consenso que más vale mentir, engañar, simular, mientras cada quién pone a buen resguardo sus más inconfesable pecados y delitos.
Ya transcurrieron los primeros 100 días del nuevo gobierno en Jalisco –se cumplieron el reciente sábado 16 de marzo del 2019– y ni siquiera en términos declarativos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez o su fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, han hecho el más elemental recuento de pendientes. Aunque algunos de esos casos involucren directamente a Movimiento Ciudadano, el partido en el gobierno.
CRUCES
La falta de seguimiento a los homicidios y secuestros de alto impacto ocurridos durante su sexenio podría tener muy tranquilo al exgobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien tendría que cuidarse de que no le alcancen las tempestades y sus rayos, si algún día a alguien se le ocurriera llamarlo a rendir cuentas y dar explicaciones sobre las omisiones de la procuración de justicia en su administración.
Sin embargo, la lista de pendientes de su gobierno es muy grande, con respecto a los funcionarios y políticos asesinados entre el viernes 1 de marzo del 2013 y el miércoles 5 de diciembre del 2018, cuando dejó la gubernatura de Jalisco.
Transcurrían las primeras horas de la tarde del sábado 9 de marzo del 2013. Corría apenas el noveno día de la bisoña Administración estatal que encabezaba Sandoval Díaz, cuando fue asesinado a balazos el secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez.
El martes 14 de mayo del 2013, el entonces Fiscal General de la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, presentó a cuatro presuntos asesinos de Gallegos Álvarez, a quienes identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y explicó: “Lo que ellos nos dicen es que sus jefes les comentan que Jesús Gallegos estaba (…) apoyando económicamente a un cártel rival y que por eso tenía que ser privado de la vida”. Hasta la fecha no se ha abundado más en el caso.
El 29 de agosto del 2013 mataron a balazos, en Guadalajara, al regidor de Cabo Corrientes, Héctor Javier Salazar García.
Desde el jueves 19 de junio de 2014 desapareció el jefe de la Policía Municipal de Ahualulco de Mercado, en la Región Valles, Ricardo Hernández Garduño. Una nota publicada por el Semanario Zeta el lunes 23 de junio del 2014 dio cuenta del fatal desenlace: “El exdirector de seguridad pública de los municipios de Tecate y Tijuana, Ricardo Hernández Garduño, quien se desempeñaba como jefe policiaco en el estado de Jalisco fue localizado sin vida luego de tres días de haber sido levantado por desconocidos. El cadáver del capitán retirado del Ejército Mexicano fue localizado con varios impactos de bala a un costado de la brecha que conduce del poblado de Cuisillos a Navajas, en el municipio de Tala, la tarde de este domingo (22 de junio del 2014)”.
El 26 de junio del 2014 fue ultimado a tiros el subdirector de Seguridad Pública de Ayutla, Juan Ramón Ramírez Contreras.
El 3 de agosto del 2014 fueron asesinados con armas de fuego el presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres, y su caballerango, José de Jesús Hernández.
El 22 de septiembre del 2014, cuando transcurría ya el segundo año de la Administración de Jorge Aristóteles, fue secuestrado en Tlaquepaque el diputado federal priista por el Distrito 18, con cabecera en Autlán de Navarro, Gabriel Gómez Michel. Al día siguiente, en Apulco, Zacatecas, población cercana a los límites con Jalisco, fue encontrado su cadáver calcinado, dentro de un vehículo, junto con el de su asistente Heriberto Núñez Ramos.
La Fiscalía General informó el 4 de octubre del 2014 que detuvo a cuatro presuntos implicados en el crimen de Gómez Michel, miembros de una expresión local del crimen organizado, y que los puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR). Del caso, nunca más se ha sabido algo. Desde entonces, nada nuevo se ha informado sobre este asunto.
El lunes 20 de octubre del 2014 fueron asesinados con armas de fuego el exalcalde de Cabo Corrientes (2007-2009), Carlos Alberto Orozco Madrigal, y su acompañante, Elías Ávalos García, cuando circulaban por la carretera que lleva de Cabo Corriente a Tomatlán. El jueves 30 de octubre del 2014 la Fiscalía General de Jalisco detuvo a siete individuos como presuntos responsables del asesinato de Orozco Madrigal, a quien mataron –señalaron– porque se negó a “alinearse” con un grupo delictivo que operaba en la zona.
El miércoles 5 de noviembre del 2014 fue asesinado a balazos en Ciudad Guzmán el presidente con licencia de la delegación del PAN en Jilotlán de los Dolores, Abel Licea Ortiz. Era precandidato a la presidencia municipal de Jilotlán.
El sábado 13 de diciembre del 2014 le quitaron la vida en Tlaquepaque a Efrén Álvarez López, exalcalde de San Sebastián del Oeste por el PRD. Este exfuncionario ya había sobrevivido en 2012 a un ataque cuando pretendía postularse a un cargo de elección popular, según relataron familiares de la víctima.
El lunes 6 de abril del 2015 fueron asesinados a tiros, cerca de San Sebastián del Oeste, 15 policías de la Fuerza Única Regional que fueron emboscados por una banda del crimen organizado que operaba en esa región. Ese mismo día fue ultimado el director de policía de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas.
El sábado 28 de marzo del 2015 mataron en San Martín de las Flores al regidor de Tlaquepaque Feliciano García Fierros, y el lunes 27 de abril del 2015 fue asesinado su hijo Iván Alejandro García Flores.
El viernes 19 de junio del 2015, cuando transcurría ya el tercer año del gobierno de Jorge Aristóteles, fue asesinado a balazos Javier Alejandro Galván Guerrero, delegado del ISSSTE en la entidad, también expresidente estatal del PRI (2004-2007) y exalcalde de Autlán de Navarro. El móvil del crimen podría estar en la disputa de un inmueble, informó el entonces Fiscal Central de Jalisco, Rafael Castellanos.
ROJA ELECCIÓN
Los tiempos electorales en Jalisco, de septiembre del 2017 a los comicios del domingo 1 de julio del 2018, también estuvieron marcados por la violencia y la muerte.
El viernes 8 de diciembre del 2017 fue asesinado el coordinador de Morena en el municipio de Casimiro Castillo, Miguel García González, quien era considerado precandidato a la alcaldía de esa población.
El domingo 24 de diciembre del 2017 mataron al activista social y coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta, Jalisco, Salvador Magaña Martínez.
El jueves 28 de diciembre del 2017 fue ultimado el diputado local del PRD Saúl Galindo Plazola, asesinado a balazos en Tomatlán, Jalisco, quien era considerado precandidato a la alcaldía de ese municipio.
El domingo 15 de abril del 2018 mataron al alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, de Movimiento Ciudadano, quien pretendía reelegirse en su cargo.
DESAPARECIDOS
Están por cumplirse siete años de la desaparición del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio, secuestrado por ocho hombres armados y encapuchados el martes 23 de octubre de 2012 –todavía durante la administración del panista Emilio González Márquez– en una comunidad del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Desde el martes 11 de junio de 2014 está desaparecido el regidor de Cabo Corrientes, Juan Carlos Gordián Ramos.
Desde el miércoles 22 de octubre de 2014 está desaparecido Gerardo Francisco Ornelas García, regidor del PAN en Talpa de Allende.
Desde enero del 2015 está desaparecido el entonces regidor de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, Humberto Gómez Arévalo, caso que involucraría al exalcalde de Puerto Vallarta (2012-2015) y luego diputado local (2015-2018) Ramón Demetrio Guerrero Martínez, así como al presunto operador financiero de una organización delictiva local, Sergio Kurt Schmidt Sandoval, según indicios derivados de información proporcionada en diversas ocasiones por la Procuraduría de Justicia de Jalisco.
EPÍLOGO
El jueves 9 de agosto del 2018 especialistas de las organizaciones independientes México Evalúa y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), presentaron su informe “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, correspondiente a 2017.
En la clasificación que México Evalúa y CIDAC hacen sobre resultados hasta 2017, penúltimo año de gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (periodo 2013-2018), Jalisco aparece como la entidad número uno del país con el más alto índice de impunidad en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio: 99.3 por ciento. Jalisco fue el estado peor calificado, por encima de la media nacional de 87.3 por ciento. Después de Jalisco quedaron Tlaxcala, con 99.1 por ciento de impunidad; Yucatán, con 98.9, y Nuevo León, con 97.3 por ciento.
Durante el gobierno de Sandoval Díaz, Jalisco tuvo cuatro fiscales generales: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, del viernes 1 de marzo de 2013 al lunes 6 de julio de 2015. Desde ese día, hasta el lunes 13 de noviembre del 2017 encabezó la dependencia Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, quien renunció para buscar la postulación del PRI para la Alcaldía de Guadalajara. Le suplió Raúl Sánchez Jiménez, que dejó el cargo el miércoles 17 de octubre del 2018 en manos de Marisela Gómez Cobos, quien concluyó su periodo junto con el mandatario estatal el miércoles 5 de diciembre de 2018.
En Jalisco el alza en homicidios dolosos representó casi el doble en el segundo trienio del gobierno de Sandoval Díaz: pasó de 957 averiguaciones previas o carpetas de investigación en 2015, a mil 784 durante 2018, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), antes de la Secretaría de Gobernación y ahora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, citadas por el periódico La Jornada el sábado 12 de enero del 2019.
Aunque son una legión, en Jalisco los muertos no hacen ruido; aunque no descansen en paz, porque a la mayoría de las víctimas no se les ha hecho justicia, sin importar si son simple pueblo o prominentes personajes de la vida pública. La muerte sí los iguala a todos.
