Hostal
Alberto Osorio
El asesinato del juez segundo civil de Tlajomulco, Sergio Zúniga Luján, ocurrido el 24 de noviembre en la colonia Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara, exhibe la vulnerabilidad que enfrentan quienes imparten justicia en Jalisco y, paradójicamente, demuestra la fuerza de una de las poderosas corrientes políticas que opera en las entrañas del Poder Judicial, por encima de la representación institucional y en un tema que llama la atención de la autoridad federal ante las graves denuncias de corrupción.
La titular de Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, anunció que pedirá la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en tanto en Jalisco se analizan diferentes líneas de investigación sobre el crimen contra el juez Sergio Zúñiga, quien tenía en su contra al menos 18 señalamientos ante el Consejo de la Judicatura por presunto abuso de autoridad o corrupción, según reconoció el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Suro Esteves.
En el Poder Judicial de Jalisco para nadie es un secreto de la existencia de esa célula de poder conocida como la Corriente Azul, de la que Sergio Zúñiga era parte y en donde se reconoce a más de una veintena de jueces, además de consejeros de la Judicatura, magistrados, y que cuenta con el apoyo desde el fuera del Poder Judicial de diputados panista y regidores ligados al Partido Acción Nacional (PAN).
En ese grupo convergen figuras como el exsenador José María Martínez; Eduardo Rosales, exdirigente del PAN Jalisco; José Antonio de la Torre Álvarez, excandidato a la alcaldía de Zapopan y hoy regidor; Octavio Esqueda Ávalos, cercano colaborador de Eduardo Rosales y exfuncionario del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Pieza clave en el citado grupo es el exsubsecretario de Gobernación y empresario de la lechera Sello Rojo, Abraham González Uyeda, entre otros más.
El homicidio del juez Sergio Zúñiga fue descrito como un crimen histórico por Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Según Suro, es la primera vez en la historia contemporánea de Jalisco que un juez es abatido. La noche del domingo 24, Zúñiga Luján fue atacado a balazos cuando salía de una finca ubicada en el rumbo de las calles Genaro Vega Salazar y Hacienda la Calera, en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en el municipio de Guadalajara.
En esa misma agresión fueron balaceados Israel Paredes Beltrán, empleado del Consejo la Judicatura (excolaborador de Zúñiga) y Christian Diego Gómez Mercado, secretario del mismo juzgado donde despachaba el juez Sergio. La agresión ocurrió en un momento en el que no se descarta que alguien le haya solicitado al juez Zúñiga que saliera de la finca, porque al parecer iban a pasar por él y sus acompañantes, quizás para trasladarlos a otro lugar.
Apenas en el mes de agosto otro integrante de ese mismo grupo, el juez Melchor Gómez, estuvo a punto de perder la vida al ser agredido a balazos cuando circulaba por la carretera a Chapala a bordo de un vehículo tipo Jeep que recibió más de 10 impactos de bala.
El juez Melchor resultó herido en un hombro y una pierna. Hasta el momento se desconocen las causas de ese ataque. A ese mismo juez se le liga con el abogado Andrés Barba. Las autoridades estatales han mostrado reservas para hablar del caso, y el gobernador Enrique Alfaro ha optado por guardar silencio. La propia representación del Poder Judicial ha optado por mantenerse lejos de los medios de comunicación.
En torno a la muerte del juez Sergio Zúñiga trascendió –en medios de comunicación– que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) analiza una línea de investigación relacionada con juicios de viviendas con problemas en sus pagos de créditos del Infonavit y el supuesto “blanqueo” de fraudes orquestados entre funcionarios judiciales, notarios y abogados particulares para poder rematar esas fincas.
Otra línea de investigación sobre el crimen de Zúñiga sugiere posible conexión con el ataque registrado contra el juez, Melchor Gómez, quien llegó a ocupar el juzgado que atendía Sergio Zúñiga (en Chapala), mientras Zúñiga era asignado al juzgado de Tlajomulco donde despachaba Melchor, en una especie de enroque.
A Mario Sergio Zúñiga se le ubica como pieza clave en el entramado jurídico que terminó con la expulsión de la empresaria Angélica Fuentes del Consejo de Administración de la empresa Omnilife, que pertenecía a su exesposo, el desaparecido dueño del equipo de futbol Chivas de Guadalajara, Jorge Vergara, quien falleció el 15 de noviembre de 2019. Vergara y Fuentes se divorciaron en 2015, luego de un pleito legal en donde se acusaba a Angélica Fuente de enriquecimiento ilícito.
Como antecedente, unos días después de conocerse la muerte de Jorge Vergara el periodista mexicano, radicado en Estadios Unidos y colaborador de la televisora ESPN, Rafael Ramos, adelantó que el equipo legal de Angélica Fuentes se prepara para reclamar por la vía legal el equipo de Chivas y la empresa Omnilife.
Quienes conocen la forma de operar de la Corriente Azul indican que se trata de un poderoso grupo político especializado en el tráfico de influencias, gracias al acomodo de sus “peones” o “alfiles”, y a su capacidad de ordenar o derivar los casos de su interés a jueces afines a ese grupo.
Opera con sus propios liderazgos, incluso por encima de la dirigencia formal del PAN Jalisco que encabeza la señora Pilar Pérez Chavira o de quien está al frente del STJ, Ricardo Suro Esteves. Por cierto, Suro llegó a la cúspide del Poder Judicial con todo el apoyo del exgobernador priista de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y el apoyo del polémico magistrado Leonel Sandoval Figueroa, conocido como “Papá” Leonel, padre de Aristóteles.
El consejero de la Judicatura Jorge García González, responsable de la Comisión de Carrera Judicial, hace unos meses renegó de su filia panista, justo cuando estaba a punto de enfrentar una solicitud de juicio político en su contra. Ajeno a su costumbre, en el pasado mes de junio, Jorge García ofreció una rueda de prensa para denunciar a un grupo de jueces corruptos y la manera como operan los panistas Octavio Esqueda y José Antonio de la Torre.
Acusó al juez penal Carlos Alberto Fregoso de descontar a algunos de sus empleados con cuotas del 20 o hasta el 50 por ciento del sueldo contra algunos trabajadores, también mencionó que Octavio Esqueda y José Antonio lo presionaban para proteger a jueces corruptos.
Dijo que el intento de juicio político que se levantaba en su contra, era en realidad una represalia “por no aceptar proteger a jueces corruptos”. En la solicitud de juicio político llegada al Congreso de Jalisco contra el consejero Jorge García, también se incluía la misma petición contra Sergio Zúñiga Luján y Cielo Aguamarina Ledezma Verdín, por presunto abuso de autoridad.
La solicitud había sido presentada por un particular que denunciaba presuntos actos de corrupción de funcionarios judiciales que, en contubernio con abogados particulares, entre ellos Andrés Barba, le habían despojado de una finca en el exclusivo fraccionamiento Valle Real, a raíz de una deuda por 5 millones de pesos.
En la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, el consejero García González hablaba del movimiento de 21 jueces cercanos al PAN por el rezago en la atención de expedientes, de cómo ellos protegían a presuntos aviadores en sus despachos.
Finalmente, el Congreso no sancionó a nadie y menos inició juicio político, pero el asunto derivó en el crecimiento de la fractura de la Corriente Azul. Entre los jueces integrantes de ese grupo se citan a Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, responsable del Juzgado Quinto Civil y quien aspira a conseguir un espacio en el Consejo de la Judicatura gracias a sus influencias en el grupo panista.
Salazar es cuñado del diputado Gustavo Macías, líder del PAN en el Congreso y quien fue procesado por hace algunos años por desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, cuando se desempeñaba como líder de los diputados del PAN en el Congreso.
Mención especial al interior de esa corriente merece el empresario panista Abraham González Uyeda, exsubsecretario de Gobernación y excolaborador del exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Según quejas que provienen incluso de su propia familia, Abraham González aprovechó sus influencias y sus controles en el poder judicial para lograr expulsar de la Junta de Administración de la empresa Sello Rojo a varios de sus hermanos, gracias al trabajo encargado a uno de los jueces a su servicio.
Los quejosos, a través de sus abogados, denunciaron corrupción en un juicio donde se discutía la propiedad legal de la lechera Sello Rojo. Argumentaron que bajo la influencia de Abraham y su hermano Rubén Masayi (presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco) se expulsó a socios mayoritarios del consejo de administración.
En medio de un presunto juicio amañado y atendido por el juez séptimo mercantil, Juan Pablo González Magaña, señalado por responder a los intereses del exsubsecretario de Gobernación Abraham González. El 29 de julio los trabajadores de Sello Rojo observaron la manera en que cerca de medio centenar de hombres armados, entre ellos policías del estado, llegaron a esa lechera ubicada al oriente de la ciudad y tomaron las instalaciones con el objetivo de expulsar de la empresa a los hermanos González Uyeda: Roberto Eiji, Aida Araceli, Sergio Akira y Alfredo Shigeru.
El escándalo suscitado fue de tal magnitud, que los inconformes promovieron una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado contra el juez González Magaña por presuntos actos de corrupción. Luego de la queja, el caso quedó en manos de la Sala Octava del Supremo Tribunal de Justicia, donde despacha otro de los alfiles de la Corriente Azul y una persona cercana a Abraham González Uyeda, el magistrado Roberto Rodríguez Preciado.
Al mismo juez González Magaña le tocó atender la denuncia sobre el despojo del predio donde se construyó el Palacio de la Comunicación (PALCCO) para beneficiar a un particular ligado a medios de comunicación. Ese asunto se tradujo en un juicio en donde también existe la denuncia por presuntos actos de corrupción y contubernio entre el citado juez y autoridades municipales.
En la célula azul se incluye al juez Arturo González Santana, excolaborador de Abraham González en Gobernación y cercano a la familia González Uyeda. Otros en la misma lista de la Corriente Azul son Guillermo Siordia Romero, juez mercantil, el exconsejero Jaime Gómez, juez penal, y Alan Rafael Acosta Navarro, quien por cierto aspira a ser integrante de la Judicatura al amparo del exsenador panista José María Martínez.
En la misma corriente aparece Salvador Peña Sánchez, a quien le tocó atender un juicio por la posesión legal del World Trade Center y el conflicto que prevalece entre dos grupos de accionistas. También le tocó atender un juicio por la posesión ilegal de decenas de hectáreas que reclama el ejido El Zapote y en donde el abogado de los afectados, Víctor Hugo Hernández, denunció abuso de autoridad por parte del juez Peña.
En marzo de 2018, los ejidatario denunciaron al juez Peña Sánchez y a un agente del Ministerio Público por presunto abuso de autoridad y por operar en favor de la representación patronal del aeropuerto para facilitar que un particular invadiera el terreno que reclama el ejido. Finalmente, a Peña Sánchez no se le pudo comprobar el supuesto abuso de autoridad, según determinó el juez Juan José Rodríguez Velarde. Peña Sánchez recibió asesoría de Carlos Soto.
Miembro de la Corriente Azul es Octavio Esqueda Ávalos, a quien se le reconoce por su conexión con el grupo del excandidato panista Ricardo Anaya. Se trata de un exfuncionario sumado a la causa de Movimiento Ciudadano y del gobernador Enrique Alfaro, y excolaborador del gobierno panista de Emilio González Márquez.
Lo cierto es que mientras continúan las investigaciones de la muerte del juez Sergio Zúñiga Luján, algunos de los integrantes de la Corriente Azul a la que pertenecía el juez victimado, han optado por bajar su perfil o por guardar silencio.
En vida, el juez Zúñiga enfrentó el intento de instauración de juicio político y cerca de una veintena de quejas en su contra; confrontó una campaña permanente de desprestigio por presuntos actos de corrupción, aunque finalmente, antes de poder comprobar legalmente sus presuntos ilícitos, alguno de sus adversarios determinó acabar con su vida.
