Puntos y Contrapuntos

Criterios

 

La Cuarta Transformación de México, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría naufragar en Jalisco, atada a la muy cuestionada honorabilidad y fama pública del actual superdelegado del gobierno federal en la entidad, Carlos Lomelí Bolaños.

Se le señala de haberse enriquecido como empresario farmacéutico al amparo de administraciones vinculadas a López Obrador y a gobiernos afines, primero relacionados con el PRD y después con el partido Movimiento de Regeneración Nacional, lo que también podría llevar al fondo del océano el proyecto político electoral de Morena en Jalisco, en los comicios del 2021.

El presidente de la República está obligado a instruir a la Secretaría de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que investiguen las empresas de Lomelí Bolaños, así como las de sus familiares, socios y amigos, para clarificar el origen de sus fortunas y para verificar la legalidad de todos los contratos que les han adjudicado –algunos de manera directa–, en su relación como proveedores de medicamentos del sector público.

Del mismo modo, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debería solicitarle formalmente a la Auditoría Superior de la Federación que haga un seguimiento detallado en la fiscalización de los recursos públicos vinculados a las empresas de Lomelí Bolaños y sus afines, para certificar la legalidad de los contratos adjudicados, así como la calidad y precios de los productos adquiridos.

Trámites similares debería ordenar en Jalisco el gobernador emecista Enrique Alfaro Ramírez, para que la Contraloría provea a la Fiscalía de la entidad de elementos para que documente carpetas de investigación sólidas, que permitan iniciar procesos penales contra los proveedores de medicamentos del sistema de salud de la entidad que hubiesen cometido delitos que causaran quebranto a las finanzas del Estado.

De igual manera, el Congreso de Jalisco debería instruir a la Auditoría Superior del Estado para que fiscalice con mayor rigor las cuentas públicas que tengan alguna vinculación de negocios con las empresas de Lomelí Bolaños y personas cercanas a sus afectos y confianza.

 

LARGA HUELLA

“Empresario polémico financia a López Obrador”, decía el encabezado de la nota que el 26 de junio del 2012 –hace siete años– publicó el periódico Excélsior, de la Ciudad de México.

Advertía la referida nota: “Personaje controvertido, investigado por realizar presuntos negocios con narcotraficantes, Carlos Lomelí Bolaños aspira al Senado, de la mano del grupo político que le ayudó a convertir a su empresa en la cuarta más importante de abastecimiento farmacéutico en sólo 11 años, y al cual ha financiado en sus incursiones electorales”.

La nota planteaba las siguientes consideraciones: “Lomelí Bolaños es uno de los empresarios fuertes del país que financian la carrera política de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2000, cuando fue uno de quienes contribuyó económicamente a apuntalar la campaña del tabasqueño por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal (GDF), pero también estuvo cerca de él en el 2006 y en este proceso electoral (del 2012), en el cual también respalda con donaciones a Enrique Alfaro, candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno del estado”.

Advertía que la relación había sido muy rentable: “Lomelí también ha sido retribuido por este grupo político, pues a pesar de ser señalado en 2008 de incurrir en diversos casos de fallas en el abastecimiento de medicamentos en el sistema del Seguro Popular de Jalisco ha logrado un aumento en sus contratos, al grado que actualmente trabaja con 29 hospitales del Gobiernos del Distrito Federal; 460 centros de atención médica de Jalisco; 100 en Aguascalientes y cinco hospitales centrales de Nayarit, amén de otros cinco que tuvo en Colima como clientes”.

Hablaba sobre el espectacular crecimiento de las empresas de Lomelí Bolaños: “Se trata de un empresario que en 11 años pasó de 10 a 500 empleados, y que a pesar de criticar a los gobiernos del PAN y del PRI, al momento de hacer negocios no le interesa la filiación política de los gobiernos con los cuales ha logrado contratos que ubican a su empresa, LoMedic, como la cuarta más importante en el abastecimiento farmacéutico del sector público de salud”.

Aclaraba la nota de Excélsior. “Investigado durante dos años por las autoridades de Estados Unidos, a Carlos Lomelí no se le pudo comprobar ninguno de los cargos que se le imputaron y por los cuales enfrentó restricciones para el ingreso al vecino país”.

Después revelaba algunos datos que podrían explicar por qué el dueño de Lomedic parece estar blindado por el gobierno de Morena: “Aunque Lomelí Bolaños tiene buenas relaciones con Andrés Manuel López Obrador y con su coordinador de campaña (en 2012), el senador Ricardo Monreal, quien en 2001, cuando era gobernador de Zacatecas, lo nombró ciudadano distinguido de la capital del estado (…) enfrenta la crítica de muchos perredistas del estado (de Jalisco), quienes lo consideran un candidato vulnerable, precisamente por el antecedente de la acusación de narcoempresario”.

Advertía la información de Excélsior que durante el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal (2000-2006)  “LoMedic fue la empresa que obtuvo distintos  contratos para la distribución de medicamentos y equipos médicos, convirtiéndose en la principal proveedora del Sistema de Bienestar y Seguridad Social del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del DF y de la propia Secretaría de Salud del DF, contratos que le fueron  renovados por el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012)”.

Este es el enlace a la nota referida: https://www.excelsior.com.mx/2012/06/26/nacional/843591

 

HISTORIA SIN FIN

Las historias de empresas farmacéuticas vinculadas al actual superdelegado del gobierno de López Obrador en Jalisco son recurrentes, como un arroyo de aguas turbias que no deja de fluir, a veces las observamos en la superficie, en otras ocasiones son subterráneas, a las que siempre se les debe poner atención.

Toda la información referida en el siguiente bloque, publicada el pasado lunes 20 de mayo del 2019, es producto del trabajo de las periodistas Valeria Durán y Laura Sánchez, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que se autodefine como “una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”.

Todas las citas siguientes son textuales.

Carlos Lomelí Bolaños, Súper Delegado de Morena en Jalisco, es el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Además, Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato más con otro gobierno surgido de Morena. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le asignó directamente un contrato por 36 millones.

Al frente de Abisalud han estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, exsecretario y sobrino, respectivamente, de Carlos Lomelí.

Documentos públicos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, además de Abisalud, existen otras ocho empresas en las que han participado 11 familiares y colaboradores cercanos al Súper Delegado, mismas en las que han intercambiado puestos en los últimos años.

Estas son: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

De las nueve compañías, las cuatro farmacéuticas que han sido reconocidas por el Súper Delegado Lomelí en su declaración 3de3, en el apartado de conflicto de interés, presentada en febrero pasado, son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, en todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, en donde el Súper Delegado no reconoce tener participación.

Esas personas son su exesposa, Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de ésta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada.

En la misma condición están operadores cercanos de Lomelí como José Hiram Torres Salcedo, quien fuera su secretario particular y candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena en las elecciones de 2018, y Juan José Soltero Meza, excoordinador de la campaña a la gubernatura en Jalisco de Carlos Lomelí (y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco).

Terminan las citas textuales en este bloque.

LA MISMA SEDE

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que las empresas vinculadas con Carlos Lomelí Bolaños trabajan en domicilios afines. Los siguientes párrafos son textuales.

Sin embargo, además de establecer los vínculos entre sus socios y representantes, esta investigación encontró que varias de las farmacéuticas, reconocidas o no por Lomelí, comparten domicilio.

A partir de solicitudes a archivos públicos se documentó que el excandidato compró en 2008 una finca de 162 metros cuadrados, sin número, sobre la calle Chicle de la colonia El Colli; hoy ese inmueble está marcado con el número 205.

Actualmente en ese predio está construido un edificio. Según consta en los documentos consultados, para obtener un contrato con el IMSS, en 2014, y también para darse de alta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en 2015, Abisalud dio como su domicilio la calle Chicle y el número 205-1.

Por su parte, en junio de 2015, el Súper Delegado refirió como domicilio particular el número 205, interior dos, ante el mismo IMPI para registrar Lomedic, empresa que siempre ha reconocido como suya.

Además, la empresa MC-Klinical, fundada por su exesposa y actualmente representada por su hija Lourdes Lomelí, difundió en el padrón de proveedores de Zapopan, en diciembre de 2018, que su domicilio se encontraba también en la calle Chicle número 205, pero en este caso no especificaron algún interior.

En el mismo Registro Público de Jalisco se encontraron archivos en los que Lomelí aparece como dueño de otro lote localizado en el número 234 de la calle Chicle, justo frente a los domicilios de las empresas arriba mencionadas. En este segundo terreno se encuentran las oficinas de la empresa Lo Vending, manejada por sus hijos y fundada por él.

Los documentos del Registro de Jalisco muestran que en noviembre de 2017 Lomelí incorporó a un fideicomiso, manejado por BanRegio, dos lotes de su propiedad: predios que corresponden a los números 234 y 205 de la calle de Chicle.

Terminan las citas textuales.

Este es el enlace al reportaje citado: https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/index.html

 

OTRAS MANCHAS

El 28 de noviembre del 2018 el periódico Reforma, de la Ciudad de México, publicó que “El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) distribuyó en sus farmacias medicinas falsificadas que le surtió Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa proveedora de medicamentos a la que le rescindió el contrato por compras a sobreprecio”.

La nota advertía: “La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó que el lote SK828 del fármaco inyectable Aclasta, cuya sustancia activa es el ácido zoledrónico, usado para el tratamiento de la osteoporosis, es falso”.

El 12 de junio de 2018 el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión (2015-2018) promovió un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con los siguientes argumentos, textuales:

Desde el año 2016 se logró documentar que en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) se llevó a cabo un fraude en el que participó el ahora candidato del partido MORENA a la gubernatura del estado, Carlos Lomelí Bolaños.

Se tiene conocimiento de que, a finales de ese año, el IPEJAL otorgó un contrato por 501 millones a la empresa “Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V.” (Abisalud) para la compra de 271 medicamentos. De ese catálogo de medicamentos, 31 productos se obtuvieron a un costo mayor del reportado como precio de referencia.

Un ejemplo de ello es el del medicamento Omeprazol, cuyo precio unitario sugerido era de 217 pesos y se pagó en dos mil 520. Además, el contrato entre Abisalud y el Ipejal señalaba que se comprarían 171 cajas de Omeprazol 40 como máximo, sin embargo, y sin razón alguna, esa cifra se incrementó a 10 mil cajas. El dinero triangulado nada más por el medicamento Omeprazol asciende a 20 millones de pesos. De tal forma que, al hacer cuentas, los sobreprecios detectados por los 31 medicamentos dan una suma de 30 millones de pesos.

El candidato de MORENA ha señalado en varias ocasiones que él no tiene nada que ver con la empresa Abisalud, no obstante, y no es casualidad que la empresa de Carlos Lomelí, “Lomedic”, esté registrada con el mismo domicilio que Abisalud.

PUNTO DE ACUERDO Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Auditoría Superior del Estado a investigar y en su caso sancionar al candidato de MORENA al gobierno de la entidad, Carlos Lomelí Bolaños, por su presunta participación en el desvío de recursos y la venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Terminan citas textuales.

 

EPÍLOGO

El presidente López Obrador –como político muy experimentado– sabe bien que es muy común la triangulación de operaciones fraudulentas o corruptas para burlar la ley en la contratación de bienes y servicios para el sector público.

Igual lo sabe el actual coordinador de los senadores de Morena, el exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila. Sin duda, las mañas usuales, comunes y vulgares para encubrir maniobras indebidas usando testaferros confiables, no podrían pasar desapercibidas para el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, muy curtido en el servicio público.

Los tres, según está documentado, en diferentes épocas y circunstancias han tenido contacto cercano, político o de negocios, con Lomelí Bolaños. Monreal Ávila y Ebrard Casaubón, son, desde ahora, con muy desmesurada anticipación, dos serios aspirantes a suceder a López Obrador en la Presidencia de la República en 2024.

Lo que se ha investigado y escrito sobre el superdelegado del gobierno federal en Jalisco no es parte de una “grilla” maliciosamente articulada, como presumió este martes 21 de mayo de 2019 el presidente López Obrador.

Hay sobradas evidencias de presumible conflicto de interés y tráfico de influencias que involucrarían a las empresas de Lomelí Bolaños, familiares, amigos y socios. Para salud del gobierno de Morena y de las instituciones de la República, tendrían que investigarse. Como dijo el mismo presidente el lunes 4 de febrero del 2019: “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.