Partidiario
Criterios
Mientras la inseguridad, con su compañera inseparable, la violencia, se expanden por doquier con sus más horrendas expresiones de vileza humana inimaginable jamás –a la par con lo diabólico–, Enrique Alfaro Ramírez y su mayoría naranja en el Congreso local se distraen y desvían la atención de la sociedad con un desplante más de egolatría que de necesidad y congruencia, de querer imponernos una nueva Constitución que sabe hacia dónde va, cuando ni siquiera se cumplen a cabalidad las leyes vigentes.
La arrogante pretensión es un contrasentido en momentos en que hay asuntos mucho más graves y urgentes que atender, como es extirpar ese cáncer terminal que corroe las entrañas del estado, y de la zona metropolitana en especial, como comentábamos en la columna anterior (lunes 16-IX-2019), que se resume en miles de desaparecidos, ejecuciones y, sobre todo, en el macabro desentierro de 119 bolsas con cadáveres y partes de cuerpos desmembrados, como una segunda parte de los tráileres de la muerte de hace un año, con el paseo por la ZMG de sus cerca de 400 cuerpos en descomposición.
Decíamos también que, desgraciadamente, las autoridades ni se inmutan y hasta parecen cómplices, en tanto la sociedad se ha ido insensibilizando y mimetizando ante tanta barbarie, sin que alguien proteste o mueva un dedo para ponerle freno a todo esto.
Por fortuna, ayer martes 17, el Comité de Análisis sobre Asuntos de Interés Público de la Universidad de Guadalajara demandó una actuación judicial “expedita y acorde a la magnitud de los hallazgos” para que sean identificados los cuerpos de las personas a la brevedad posible.
En un desplegado publicado en los distintos diarios de la ciudad, denuncia que el hallazgo de tantas bolsas que contienen al menos 44 cuerpos, hasta ahora, “es indicativo del grado que ha alcanzado la violencia criminal en México y en particular en Jalisco (…) lo que pone en entredicho la eficiencia de las estrategias de seguridad seguidas hasta ahora, y en particular las acciones de prevención y combate a la desaparición forzada y a la cometida por particulares”.
Agregan que “no sólo es motivo de horror el número de víctimas, sino el estado en que se encontraron. La saña, crueldad e inhumanidad ejercidas”, y prevén que se agrave la crisis forense por la que atraviesa Jalisco.
“La narrativa de que se trata de ajustes de cuentas entre bandas criminales, sólo agrava el problema. Es un reconocimiento tácito de la incapacidad del Estado para disuadir en el uso de la violencia, para frenar la impunidad y garantizar la seguridad ciudadana”, precisa el desplegado en el que se reprueba “la criminalización de las víctimas realizada por el responsable de la seguridad en el estado, Dr. Macedonio Tamez, carente de fundamento, insensible e incongruente con el cargo que ostenta”.
Finalmente, los firmantes se muestran indignados porque ante el hallazgo de cadáveres embolsados no se hayan pronunciado ni el gobierno ni los representantes populares, y subrayan que “es común que en lugares de exterminio y fosas clandestinas, sean conocidos con anterioridad a su descubrimiento”, por lo que instan al gobierno dar a conocer algunos pormenores de cómo se dio todo.
Firman el desplegado quienes conforman el citado comité: Jorge Ramírez Plascencia, coordinador; Dayane Jetzabel Ortiz, Rogelio Barba, Alejandra Cartagena López, Dolores del Carmen Chinas, David Coronado, Lilian Paola Ovalle, Alejandra Ramírez, María Guadalupe Ramos Ponce y Carolina Robledo.
Vuelvo a preguntarme: ¿cómo es que nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo a unos centenares de metros de la población de La Primavera y de la misma sede de la Policía Federal? ¿Cómo es que ninguna de las autoridad policiaca del municipio zapopano o del estado haya percibido ningún extraño movimiento en la zona?
A propósito de lo que dice este colectivo en torno a lugares de exterminio y fosas clandestinas, ¿será mera casualidad que de los cuatro cuerpos identificados hasta ayer, tres hombres y una mujer, los primeros tengan antecedentes por delitos contra la salud, como lo anunció Blanca Jaqueline Trujillo, de la Fiscalía Especial de Desaparecidos? ¿Habrá verdad en esto o se está revictimizando incluso a quienes pueden ser inocentes?
¿Acaso podría haber algún paralelismo entre lo que sucede en Jalisco y lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde hay evidencias de ejecuciones extrajudiciales y se sospecha que “las organizaciones criminales se están alineando con las fuerzas de seguridad del estado para eliminarlos?” (Leer “Estrictamente Personal” de Raymundo Riva Palacio. El Financiero, 17-IX-19)
Entretanto, el gobernador Alfaro se obstina en sacar adelante una nueva Constitución para “refundar” Jalisco y olvida aplicar las leyes actuales para someter a la delincuencia, organizada o desorganizada, y pacificar al estado.
Bien se pregunta Bernardo Jaén en su artículo de antier en el espacio de partidero.com, si Alfaro “cuenta actualmente con la aprobación, legitimidad y apoyo de los ciudadanos de Jalisco para acompañarlo en este complejo proceso”, si de acuerdo con las últimas encuestas su trabajo tiene una aprobación de entre 32 y 33%. Y una tercera encuesta lo ubica con un apoyo de menos del 20%.
Concluye Jaén: “Además, más allá de las encuestas, se percibe en el ánimo social una marcada animadversión en contra del gobernador de Jalisco. Varios escándalos públicos lo han dejado muy mal parado antes sus antiguos simpatizantes; las declaraciones del gobernador no son bien recibidas en redes sociales, que es un termómetro importante para medir su nivel de aprobación. Además, en declaraciones públicas al gobernador se le ve irritado, impaciente y falto de control; su equipo de comunicación no le está ayudando a mejorar su imagen, al contrario, lo está hundiendo más en la desaprobación social”.
