Medios locales acusan a Martha Alejandra Ávila Ortega de vetar a periodistas no alineados, mantener en la opacidad las actividades del gobierno independiente y violar leyes de transparencia y servicio público.
Uruapan, Michoacán.-La actual Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Uruapan ha inaugurado una gestión de puertas cerradas para el periodismo crítico y de alfombra roja para los aplaudidores de turno. Su “selectividad” no es profesionalismo: es el temor de una funcionaria inexperta a rendir cuentas ante cuestionamientos reales.
Frente a este escenario, la postura entre diversos representantes de los medios de comunicación de la ciudad es contundente: “Martha Alejandra Ávila Ortega es una inútil, no sirve para nada”.
Ruptura y “bloqueo” a la prensa local
Periodistas consultados acusan a la Directora de Comunicación Social de vetar a la mayoría de las plataformas informativas locales y restringir los boletines e invitaciones únicamente a un grupo selecto de afines.
La relación con la prensa independiente está rota desde que Ávila Ortega asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024, coincidiendo con la administración municipal del alcalde con licencia Carlos Manzo Rodríguez y la posterior gestión de la alcaldesa encargada, Grecia Itzel Quiroz García.
Las denuncias por su actuar se acumulan. Eduardo Ibáñez, director del portal El Tiempo de Apatzingán, señala:
“Nunca manda nada; solo invitan a sus actividades a los que tienen convenio. Les pagan de a gratis. Ella no hace nada, que se ponga a trabajar y desquite su sueldo”.
Por su parte, Felipe Arturo Ibáñez, director del medio digital Diario de Michoacán —cabecera fundada en 1972 por Odiseo Ibáñez González con amplia trayectoria e influencia en la región—, critica la falta de apertura institucional y la compara con las prácticas del gobierno federal:
“Es la misma tónica que la 4T: solamente a sus protegidos. Hacen lo mismo, no hay cambios pese a ser un supuesto gobierno independiente. Desde el 9 de agosto de 2024 no envía información ni convoca a ruedas de prensa, las cuales nunca realiza”.
Ibáñez añade que en la ciudad la oferta de medios impresos ha desaparecido casi por completo, a excepción de ABC de Michoacán, medio al que señala de mantener una postura alineada con la presidenta municipal Grecia Quiroz.
Otros reporteros del municipio coinciden bajo anonimato:
“Nos enteramos por redes sociales de lo que hace el Ayuntamiento. Desaparecieron las Mesas de Atención Ciudadana y solo invitan de forma arbitraria a quienes están dentro del convenio”.
Un periodista de la región complementa el diagnóstico:
“A todos los que Carlos Manzo no quería los mandaron llamar e hicieron convenios por 20 mil pesos; son comunicadores que cubren únicamente nota roja o que tenían señalamientos previos. Pero la administración los integró a su grupo”.
Por su parte, Lucero Estrada, directora de Enlace Informativo, cuestiona la opacidad del perfil académico de la funcionaria:
“Jamás me han compartido información ni eventos de la edil. Solo se atiende a un grupito de elegidos que se sienten intocables. Martha es una funcionaria inútil; además, asegura tener maestría, pero en la Dirección General de Profesiones no aparece ninguna cédula a su nombre”.
El periodista Paco Flores advierte que la estructura de comunicación municipal se encuentra acotada y bajo reestructuración:
“Había un grupo de WhatsApp de 40 personas creado en la gestión de Carlos Manzo, pero con la llegada de Grecia Quiroz todo cambió: dejaron de convocarlos porque transmitían en vivo y comprometían a la edil. Actualmente se habla de que Guillermo Díaz asumirá la titularidad del área y será presentado próximamente”.
La postura académica y las implicaciones legales
El licenciado Guillermo Ramírez, catedrático de periodismo en la Universidad Vasco de Quiroga, manifestó su preocupación por la forma en que actúa el gobierno municipal al limitar el flujo informativo:
“Si un coordinador de comunicación social no envía información a los medios ni difunde las actividades de su alcalde, se produce un incumplimiento grave de sus funciones políticas, institucionales y estratégicas. La falta de comunicación activa genera un vacío informativo que daña directamente la gestión pública”.
La controversia no radica en un reclamo corporativo por convenios publicitarios, sino en el incumplimiento de las obligaciones de una servidora pública financiada con impuestos de la ciudadanía uruapense.
Perfil y antecedentes
Ávila Ortega, de 37 años y originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán (según registros del Instituto Electoral de Michoacán), es hija de una conocida familia de rotulistas locales apodados “Los Pollos”, quienes colaboraron con material publicitario durante la campaña a la alcaldía. De acuerdo con fuentes locales, el nombramiento respondió a compromisos políticos previos.
En la síntesis curricular difundida por la administración se indica que es Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Don Vasco, Maestra en Psicopedagogía y Docencia por la Universidad Contemporánea de las Américas, y maestrante en Marketing Político por la Universidad IEXE de Puebla; sin embargo, dicha formación no ha podido ser verificada en los registros oficiales de profesiones.
Asimismo, en la Plataforma de Transparencia Pública del Ayuntamiento de Uruapan no figura su remuneración actual, aunque el puesto homólogo de Director de Comunicación Social registra un sueldo bruto promedio de $21,270.00 pesos mensuales.
Mapeo de consecuencias institucionales y administrativas
La omisión sistemática de la labor informativa conlleva responsabilidades de diversa índole dentro del marco legal mexicano:
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Impacto Político y Social:
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Invisibilidad y pérdida de narrativa: El silencio institucional cede el espacio a la especulación y las críticas sin capacidad de réplica por parte de la autoridad.
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Opacidad gubernamental: Retener información vulnera el derecho constitucional de la ciudadanía a estar informada sobre la aplicación de recursos y obras públicas.
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Sanciones por la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA):
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El Artículo 49 (Fracción I) de la LGRA obliga a los servidores públicos a actuar con eficiencia, profesionalismo y disciplina. El incumplimiento de funciones constituye una Falta Administrativa No Grave.
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El Artículo 75 establece sanciones que van desde la amonestación pública o privada, la suspensión del cargo (de 1 a 30 días sin goce de sueldo), la destitución del puesto, hasta la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos (de 3 meses a 1 año).
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Responsabilidad Penal y Financiera (“Aviaduría”):
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Cobrar un sueldo omiso sin cumplir las funciones operativas de un cargo puede configurar los delitos de Peculado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público.
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Tanto el funcionario que percibe el sueldo sin devengarlo como el superior jerárquico que avala la nómina (en este caso la presidencia municipal) incurren en responsabilidad legal. Las normas vigentes exigen la restitución total del daño patrimonial causado al erario municipal.
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La réplica denegada
Este medio buscó directamente a Martha Alejandra Ávila Ortega vía WhatsApp para cuestionarla sobre la falta de envío de boletines y la ausencia de convocatorias a la prensa local:
—¿Por qué no envía información a los medios ni difunde las actividades del Ayuntamiento? —se le preguntó.
(Sin respuesta).
—En los hechos, al cobrar sin ejercer la función asignada, ¿se considera usted ‘aviadora’?
—No, no soy aviadora, yo trabajo. Usted está inventando todo eso —respondió la funcionaria.
—Tiene usted el derecho de réplica para precisar su versión con hechos y evidencias.
A partir de ese mensaje, la Directora de Comunicación Social optó por el silencio. El mismo silencio que ha caracterizado su relación con la prensa de Uruapan.
