Guadalajara, Jalisco.-Ante la falta de una respuesta por parte del Estado a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, uno de los más contaminados del país, enfermos renales se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir que cumplan.
Luis Miguel Maldonado Loza, de 25 años, habitante de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, padece de insuficiencia renal, desde hace cinco meses, su hermano mellizo, Oscar tiene la misma enfermedad, pero él desde hace un año y siete meses.
Luis Miguel solicita que el gobierno de Jalisco implemente transporte a todos los enfermos para que puedan acudir al IMSS o al Hospital Civil a recibir atención médica, así como una ambulancia, puesto que en la madrugada cuando “nos ponemos graves, tenemos que pagar a un vecino 500 pesos de ida y de regreso igual” para que nos lleve a Ocotlán o a Guadalajara.
También, pide que se construya un hospital más cercano, y se dé un apoyo económico porque hay personas que no tienen dinero, ni para el camión. En su caso, dijo que una hermana aporta recursos para poder costear los gastos de él y de Oscar que se dedicaban a la construcción, y que debido a su enfermedad ya no pueden laborar.
Francisco de los Santos, vecino de Mezcala, donó un riñón para su hijo, se queja que la enfermedad renal es muy cara “y con la pobreza que tenemos, en algunas ocasiones mejor pedimos la muerte, porque no la podemos sostener, más el hospital está saturado y tardan en atendernos”.
A su hijo, de 24 años, le hicieron el trasplante en el Hospital Civil, a un costo de 80 mil pesos que fue aportado por una fundación, y el medicamento que toma su hijo lo compra la familia, con ayuda. “Yo vengo para pedirle al gobierno que limpien nuestros ríos, nuestros lagos porque apestan y creemos que es un factor que provocan las enfermedades de pulmón y renales”, señaló.
Recordó que tres hermanos de su esposa, fallecieron a consecuencia de una insuficiencia renal, por lo que exige que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ)informe cuáles son los síntomas del padecimiento, cómo evitarlo, y que mande varios nefrólogos para atender a los enfermos no afiliados al IMSS.
También, pide a la SSJ una ambulancia para que vaya por los enfermos que viven en zonas alejadas, ya que el único camino es una brecha, y la única opción es llevarlos en una camioneta, pero al no contar con equipo médico mueren, como sucedió el pasado 24 de diciembre con un joven de 18 años.
Ofelia Urcino fue acompañada de su hija Sandra Baltazar, de 27 años quien no puede caminar, “es por culpa del agua contaminada”, considera la señora, y solicita ayuda económica para poder dar tratamiento a su hija. “Debemos 180 mil pesos, pedimos 20 mil, pero con los réditos subió a eso, el dinero lo usamos para pagar operaciones, medicinas, estudios, un aparato y tratamientos, para que pueda caminar”, aseveró.
El gobernador tlatoani, Ramón Padilla Chávez, perteneciente a la étnica Coca, y representante de 27 pueblos indígenas acudió para exigir a la autoridad que se cumplan las medidas cautelares de la CIDH, y que se incluya a su comunidad, Atotonilquillo, que también se ha visto afectada por casos de insuficiencia renal. Además, de los cinco poblados aledaños a la laguna de Cajititlán.
Incluso explicó que en Atotonolquillo, ubicado a 8 kilómetros de la cascada de Juanacatlán, en diciembre pasado fallecieron 10 personas de dicha enfermedad y no se daban abasto en el velatorio y el panteón municipal.
El pasado 5 de febrero, la CIDH pidió al Estado que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago, en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala”, que se encuentran en Poncitlán.
La CIDH dio un plazo de 15 días al Estado para informar sobre las medidas adoptadas y que le informe de forma periódica.
El integrante del Foro Socio Ambiental GDL, y enlace comunitario de Poncitlán, Enrique Lira informó que ante la falta de respuesta del Estado, acudirá el próximo jueves a la Secretaría de Gobernación con Georgette Rosas Morales, directora de Políticas Públicas y Vinculación con Dependencias para saber cuándo darían respuesta a la CIDH.
Enrique Ibarra, secretario general de gobierno, al preguntarle si ya emitieron una respuesta a la CIDH, respondió que desconocía, y que debía consultarse al subsecretario de Derechos Humanos, Gerardo Ballesteros de León.