Josefina Real
Lunes 20 de julio.– “Están envenenando la salud pública de Jalisco, así de grave”, advirtió el senador por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, al exigir soluciones integrales ante la grave crisis hídrica que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El también médico y presidente del Consejo Político de Morena en el estado señaló que “durante meses muchas familias denunciaron agua turbia, maloliente, con falta de cloro, con bacterias, y durante ese tiempo el gobierno trató estas denuncias como una exageración, como si fuera algo aislado”.
“Hoy el debate cambió. Cambió porque la propia autoridad ha reconocido que durante años hubo descuido en la potabilización del agua que llega a los hogares; o sea, olvidaron el mantenimiento, el crecimiento, la atención y la infraestructura de las plantas de tratamiento que proveen de agua a la zona metropolitana”, indicó.
Aseguró que tienen “reportes de personas con diarrea, con sarpullidos, con intoxicación y con manifestaciones dérmicas, y como médico no puedo aceptar que un problema de salud pública se trate como si fuera un expediente de obra”.
Lomelí urgió a la clase política y a las autoridades a abandonar paliativos, como la entrega de vales para garrafones de agua, y asumir una política pública digna que garantice el acceso al agua limpia como un derecho humano y no como un negocio.
Denunció, además, que el actual plan hídrico estatal, elaborado mediante inteligencia artificial, resulta vergonzoso al pretender solucionar una crisis de esta magnitud distribuyendo agua embotellada mediante vales.
Asimismo, advirtió que la falta de mantenimiento a la infraestructura histórica pone en riesgo severo a la población, pues un colapso en las líneas principales de abasto dejaría sin el servicio vital hasta al 70 por ciento de los habitantes metropolitanos.
Exigió abordar la problemática hídrica del estado de manera integral a través de seis puntos clave: atención inmediata al agua contaminada en los hogares; modernización y mantenimiento de plantas potabilizadoras; renovación de la red de distribución; manejo integral y solución a las inundaciones; sustitución y transparencia del acueducto construido en 1986, y reevaluación de la gestión del SIAPA.
“Habría que determinar si seguimos con ese refugio de nómina política que es el SIAPA o si los municipios asumen su responsabilidad con el artículo 115 constitucional”.
