Las estrategias legales contra el “tarifazo”
Carlos Delgadillo Macías
Según las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, votadas en abril de 2024 y publicadas en junio de ese mismo año (e impulsadas por Morena y sus aliados), si un juez decide otorgar la suspensión provisional a las personas que promuevan un amparo contra el alza en la tarifa del transporte público en Jalisco, sólo aplicaría para los firmantes, no para toda la población de Jalisco. Esto porque, con esas modificaciones, se prohibieron los efectos generales para normas generales.
Ahora bien, es mucho más viable atacar no propiamente el alza en la tarifa, sino el uso de la tarjeta “Al estilo Jalisco” como la vía para obtener el subsidio del gobierno del estado. Esto porque se podría argumentar discriminación contra los que, por cualquier razón, no pudieran tramitar la tarjeta o no tan fácilmente. Por ejemplo, sería viable argumentar que los visitantes foráneos podrían acceder a la tarjeta, si sólo están de paso en la ciudad, los adultos mayores a los que se les complicaría tramitarla o la gente sin acceso a la tecnología. De nueva cuenta, el amparo no tendría efectos generales, sino sólo para los firmantes.
En cuando al referéndum impulsado por Carlos Lomelí y Morena Jalisco, fue una aberración legal. Según la norma, sólo aplica para derogar o abrogar leyes o reglamentos expedidos por los Ayuntamientos o el Congreso estatal. El aumento en la tarifa del transporte no se votó y no se vota como ley, sino que se sustenta en un acuerdo administrativo. El referéndum ataca sólo leyes formales, no ese otro tipo de actos.
Lo que sí aplicaría sería más bien el plebiscito, que puede someter a consulta los actos administrativos de los Ayuntamientos o del Ejecutivo estatal. En el caso específico de la tarifa, el obstáculo principal es que los temas tributarios o fiscales están excluidos de la figura. Si el gobierno de Pablo Lemus argumenta que el alza en la tarifa tiene que ver con las finanzas gubernamentales, se entraría en un debate jurídico. Otro reto sería la concreción del ejercicio, no tanto por la cantidad de firmas para promoverlo (0.5% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal), sino por el 33% que requeriría de participación del padrón total para ser vinculante.
Con los números actuales, sería necesario que en el plebiscito participaran alrededor de 2.2 millones de personas. Como comparación, por Pablo Lemus votaron 1.6 millones. Tendrían que salir a participar más personas en el plebiscito de las que votaron por el gobernador (independientemente del sentido de su voto en el plebiscito). La cifra es muy alta.
Luego de varios tumbos, por lo que se está optando es por un plebiscito no propiamente contra la tarifa sino contra el uso de la tarjeta para acceder el subsidio, que también fue un acto administrativo. El gobierno de jalisco podría argumentar que esa forma de otorgar el subsidio es la forma más segura para las finanzas públicas, por ejemplo, para llevar el tema al terreno fiscal o tributario y así excluirlo de la figura del plebiscito. Sería mucho más discutible que el monto en sí. Lo que se pondría en tela de juicio sería la manera en que se decidió dar acceso al “apoyo”. De nueva cuenta, además del obstáculo de la viabilidad estaría el de la participación del 33% del padrón.
Las movilizaciones, con toda la dignidad que han tenido, no han mostrado un nivel de participación como para pensar en que millones de personas saldrían a votar en el plebiscito. La recolección de firmas por vía digital es mucho más sencilla que salir a las calles, primero, y que llevar a la gente a las casillas, después. Para que eso funcionara los partidos políticos de oposición tendrían que entrometerse y gastar millones de pesos, opacos, además. Y competirían contra el gobierno de Jalisco. Sería un ejercicio caro para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y también para los partidos, que quién sabe si estarían dispuestos en destinar esos recursos para eso, con el riesgo de fracasar.
Hay señales: Carlos Lomelí ya parece haber dejado el tema del referéndum, que era completamente inviable, y ya está hablando de promover la “revocación de mandato” del gobernador. Y está preparando una gran movilización para el 14 de febrero por el tema del “tarifazo” y también de los gastos en la renovación de La Minerva y la Plaza de la Liberación. ¿Pero estaría dispuesto a desembolsar lo que costaría promover el voto y mover a la gente masivamente en un plebiscito estatal? Es dudoso.
Siendo crudos, lo que está sucediendo es que, desde diferentes frentes, se está aprovechando el tema del “tarifazo” para reunir firmas, canalizar el descontento, golpetear al gobierno de Lemus y obtener los máximos réditos políticos posibles, con estrategias inviables algunas o muy complicadas otras, sin que hasta ahora la movilización ciudadana “independiente” o no perteneciente a la base de los partidos sea suficiente.
Lo del alza en la tarifa parece muy complicado de revertir. Lo del uso de la tarjeta puede ser más endeble y, sólo con avances en lo del plebiscito y la movilización ciudadana se podría llevar a una mesa de negociaciones. Pero que realmente se lleve a cabo un plebiscito por ese tema se antoja muy difícil. Lo del “amparo colectivo”, con las reformas recientes, conduciría a una “solución” muy limitada, si es que se tuviera éxito en tribunales.
