Puntos y Contrapuntos

Criterios

A la par con la pretendida refundación de Jalisco, que trataría de consumar el próximo gobernador Enrique Alfaro Ramírez -quien iniciará funciones el jueves 6 de diciembre del 2018- y con la cuarta transformación de la República, que impulsará el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del sábado 1 de diciembre de 2018, hay quienes consideran que igual debería suceder en la Universidad de Guadalajara con la caída del actual cacique (ex rector 1989-1995) Raúl Padilla López, quien ha controlado con mano férrea esa institución desde hace 29 años.

La llegada de López Obrador a la presidencia de la República es observada por profesores y académicos de izquierda, agrupados en la organización “Universitarios de Jalisco comprometidos con la cuarta transformación de México”, como la gran oportunidad para llamar a cuentas al cacique y a la cofradía dorada que manejan en forma discrecional y patrimonialista la principal institución de educación pública superior en el occidente de México.

El pasado mes de agosto esa organización difundió un documento que advertía: “Creemos que AMLO como Presidente no pondrá ni quitará Rectores como Salinas (Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República 1988-1994), pero estamos convencidos que garantizará la libertad de los universitarios para elegir libremente sus sindicatos y los órganos de gobierno de la universidad; además, combatirá la corrupción y la impunidad en todas las instituciones de educación superior y exigirá rendición de cuentas”.

“Lo anterior es muy importante porque, en el caso de nuestra universidad, todo mundo sabe que Padilla maneja el presupuesto y las plazas de trabajo para controlar toda la estructura del Gobierno interno de la institución e incrementar su influencia política en todas las instituciones del Estado de Jalisco”, explicaba ese colectivo de profesores.

Entre sus integrantes están Horacio García Pérez, ex presidente de la FEG (1979-1981) y exregidor por el Partido Socialista Unificado de México en el Ayuntamiento de Guadalajara (1983-1985); Beatriz Híjar Medina, exdiputada local del PSUM (1983-1986) y Primitivo Madrigal Michel, coordinador general de la Red de Militantes de Morena en Jalisco, entre otros.

LOS ABOGADOS

El pasado martes 13 de noviembre del 2018 fue publicado en la página 10 de la primera sección del periódico El Informador un desplegado de un cuarto de plana firmado por 60 profesores de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que expresaban su oposición a que esas instalaciones, ubicadas en las inmediaciones de la Glorieta de la Normal, fueran demolidas para construir un conjunto habitacional, proyecto atribuido a la inmobiliaria universitaria Uniterra, que controla el presidente del Corporativo de Empresas Universitarias, el exrector Raúl Padilla López.

Dirigido a los presidentes de la República Enrique Peña Nieto (constitucional) y Andrés Manuel López Obrador (electo), firmaban, entre otros, los profesores, todos ellos abogados: Jesús Burgos López, Alberto Romero Torres, Cecilia Lozano Meraz, Carmen Patricia García Torres, Enrique Cárdenas Huezo, Francisco Javier Hidalgo y Costilla, Rubén Vázquez, Thaís Loera, Esperanza Loera, Pedro Serratos Valle, Carmen Patricia García Torres y Guillermo Meza García.

Exigían además la “democratización de los órganos de decisión, entre otros el Consejo General Universitario, los consejos de Centro, de las respetivas divisiones de estudios, en los que sólo pueden participar profesores titulares; es decir, no pueden aspirar formalmente a esos consejos quienes sean de asignatura, asistentes y asociados, como lo somos más del 90% (de los docentes de la UdeG)”.

Reprochaban: “La gran mayoría no decide en la UdeG. Esta es la forma de control que prevalece. Debe otorgarse participación a todos los académicos en los diferentes Consejos, así como Comisiones Dictaminadoras. Existe una discriminación que contraviene los principios constitucionales, no debe haber maestros de primera y de segunda”.

EXIGE PARTICIPAR

El pasado martes 20 de noviembre del 2018, el exvicerrector de la UdeG (2001-2003), Ricardo Gutiérrez Padilla, quien ha sostenido con esta universidad un larguísimo litigio de carácter laboral desde 2006 hasta la fecha, para exigir su reinstalación como profesor y su reconocimiento como aspirante a la rectoría para el periodo 2019-2025, hizo un reclamo público a las autoridades de esa institución educativa a través de redes sociales en Internet.

En su comunicado advierte: “Hace tres semanas (31 de octubre, 2018), presenté para conocimiento y atención del Consejo General Universitario (CGU) un documento mediante el que hice declaraciones precisas y formulé solicitudes concretas, todas relativas a mi decisión de participar como aspirante al cargo de Rector General de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2019-2025”.

Agrega: “Lamentablemente, las autoridades responsables de registrar, comunicar y dar curso a mis peticiones han optado por mantener en secreto el contenido de mi escrito (…) y ni siquiera se ha notificado a los miembros de la Comisión Electoral del CGU de su existencia…”.

Explica: “En concordancia con la conducta desplegada por las autoridades universitarias (aún en funciones) a lo largo de más de doce años, es razonable inferir que se está gestando un nuevo intento de bloqueo a mi derecho fundamental de votar y ser votado; de participar como candidato en el proceso de elección del Rector General de la institución para el periodo 2019-2025, de la misma forma en que lo hicieron para los procesos electorales de los años 2007 y 2013: mediante el uso de artilugios jurídicos que me dejen en estado de indefensión para hacer valer mis derechos al interior de la institución”.

Detalla: “…la litis del juicio laboral sostenido con la institución se resolvió el día 23 de mayo del año en curso (2018) mediante sentencia condenatoria del órgano judicial a mi favor, ordenando mi reinstalación como Profesor Investigador de Carrera a Tiempo Completo en la Universidad”.

Anticipa que en caso de que sus requerimientos y derechos no sean escuchados y respetados, recurrirá al poder judicial para solicitar el amparo y la protección de la justicia de la Unión, a fin de que se ordene su registro directo en la contienda por la rectoría de la UdeG.

DISCRECIONALIDAD

El viernes 17 de octubre de 2003, Gutiérrez Padilla fue destituido de la Vicerrectoría de la UdeG, para desactivar su pretensión de instrumentar el llamado Plan P3E, que contemplaba condicionar a méritos académicos la asignación de recursos, propósito que afectaba las facultades discrecionales del jefe político de la institución, el ex Rector (1989-1995) Raúl Padilla López -quien ejercía un poder real por encima de su hermano José Trinidad, entonces Rector en funciones-, para premiar o castigar afinidades o rechazos.

El lunes 27 de octubre de 2003, la “nomenclatura” de rectores de centros universitarios y funcionarios leales a Raúl, dinamitaron el programa de “Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación” (P3E) que era uno de los proyectos estrella de José Trinidad (hermano menor de Raúl).

José Trinidad, el Rector general se vio obligado a “flexibilizar” ese programa, a los modos y gustos de su hermano mayor, “El Licenciado” Raúl, como también se conoce genéricamente al cacique universitario, quien utilizó como grupo de presión al Consejo de Rectores de centros universitarios y al entonces secretario general Carlos Jorge Briseño Torres, su incondicional en aquellos tiempos.

Gutiérrez Padilla -sin relación familiar con el cacique de la UdeG- fue finalmente despedido de su cargo de profesor en la UdeG el viernes 29 de septiembre de 2006.

Para equilibrar fuerzas en el Consejo de Rectores, Raúl Padilla López recurrió a una carta que le resultaba complicado jugar, porque en el fondo le despertaba desconfianza, pero que era la única que le permitiría brindarle un aliado fuerte a su hermano, para que lo apoyara y lo protegiera contra las acechanzas de otros integrantes del Grupo UdeG que constantemente desafiaban la autoridad de José Trinidad, presumiblemente con la anuencia disimulada del cacique, en un retorcido juego de control sobre su propio hermano menor.

El nuevo Vicerrector Ejecutivo, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, asumió ese cargo el martes 18 de noviembre del 2003. Después Bravo Padilla llegó a la Rectoría General para el periodo 2013-2019. Pidió licencia al cargo de Rector en 2018 para ser postulado como candidato a una diputación plurinominal por Movimiento Ciudadano y es actualmente coordinador de la fracción de 28 legisladores naranjas en el Congreso de la Unión.

SU REFUGIO

Desde hace 29 años Raúl Padilla López controla con mano férrea la UdeG. Opera desde la presidencia del Consejo de Administración del Corporativo de Empresas Universitarias (CEU), que en el ámbito de la racionalidad y la pertinencia tendría mucho que explicar sobre los recursos con los que operan los negocios que financia la institución, que bien podrían destinarse a labores sustantivas de la UdeG, como docencia, academia e investigación.

En 2013, las operaciones del CEU fueron calculadas en 713 millones 329 mil 809 pesos. Ese año el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la UdeG tuvo un presupuesto menor, de apenas 425 millones 624 mil 541 pesos; el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades operó con 572 millones 9 mil 255 pesos y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) tuvo 568 millones 637 mil 928 pesos de presupuesto anual.

En 2018, el costo de las operaciones del CEU fue calculado en 567 millones 882 mil 595 pesos. En contraste, el CUCEA tendrá un presupuesto menor que el CEU, de 561 millones 956 mil 295 pesos; el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño tendrá 317 millones 149 mil 616 pesos y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias tendrá 371 millones 393 mil 840 pesos. Este año, el CUCS, el más favorecido en la UdeG, operará con 803 millones 698 mil 133 pesos.

El presupuesto de egresos del CEU 2018 supera ampliamente, uno por uno, los presupuestos anuales de todos y cada uno de los centros universitarios regionales y del Sistema de Universidad Virtual.

Desde 2014 a la fecha, año con año, la UdeG ha rechazado a más del 60 por ciento de los aspirantes a cursar una licenciatura, mientras el cacique dispone de presupuestos generosos para administrar 14 negocios, entre inmobiliarios, de servicios, faranduleros y presuntamente culturales, que no le aportan utilidades a la institución, que pudieran reinvertirse en respaldo de alguna tarea sustantiva y trascendente en los ámbitos de la investigación, la docencia, la academia o la ciencia.