Viernes 1 de mayo.- El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguró que el proceso judicial iniciado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forma parte de una estrategia más amplia contra funcionarios presuntamente vinculados con el narcotráfico.
A través de un posicionamiento público, legisladores estadounidenses señalaron que cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas hacia su país deberá rendir cuentas ante la justicia. En ese contexto, advirtieron que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”, al tiempo que ubicaron el caso del mandatario sinaloense dentro de una línea de acción que también contempla a otros actores internacionales.
El pronunciamiento se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos relacionados con narcotráfico y colaboración con el crimen organizado.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar el curso legal ante las acusaciones. Señaló que, en caso de existir pruebas “contundentes e irrefutables”, se deberá proceder conforme a la ley, lo que podría incluir una eventual detención o incluso una solicitud de extradición.
La postura del Gobierno federal surge en medio de un contexto de creciente tensión con Washington, tras el inicio del proceso judicial en Nueva York contra Rocha Moya, quien es el funcionario de mayor rango entre los señalados en la investigación.
