Por: Eduardo Esquivel Torres
La mañana de este viernes, las oficinas centrales del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ubicadas sobre la avenida González Gallo, se convirtieron en el epicentro de la indignación social. Decenas de ciudadanos y colectivos civiles, convocados por organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), se manifestaron para exigir cuentas claras a la dirección del organismo ante lo que califican como una negligencia sanitaria sistemática.
La movilización, que arrancó en punto de las 11:00 horas, no solo se limitó a denunciar el suministro crónico de “agua de chocolate” que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En esta ocasión, los manifestantes sometieron la gestión del titular del SIAPA a una rigurosa “Evaluación Ciudadana”, acusando opacidad en el manejo del presupuesto y exigiendo una auditoría profunda sobre el destino de los millonarios recursos destinados al Plan Estratégico Integral del Agua, cuyos resultados, aseguran, siguen sin reflejarse en las llaves de los usuarios.
Bajo consignas que reclamaban el derecho humano al agua limpia, los inconformes presentaron un pliego petitorio con demandas dirigidas a la cúpula del organismo metropolitano:
Exigen que la dirección aclare la presencia de sedimentos, metales y bacterias como E. coli, detectadas en muestreos independientes, las cuales, afirman, ponen en riesgo la salud pública.
Demandan la creación inmediata de una plataforma de datos abiertos que transparente a qué empresas se les otorgan macroconcesiones, mientras los sectores populares sufren desabasto o reciben agua contaminada.
Respaldan la presión social y política para suspender por completo el cobro del servicio a las familias afectadas mientras el SIAPA no garantice la potabilidad del recurso.
Los colectivos advirtieron que, de mantenerse la cerrazón de las autoridades hídricas y la simulación en la limpieza de las redes de distribución, escalarán sus acciones por la vía legal.
Entre las medidas contempladas destaca la promoción de juicios políticos en contra de los directivos del SIAPA por la presunta violación sistemática al derecho humano al agua y el daño, que consideran, ha afectado la economía de miles de jaliscienses, quienes se han visto obligados a gastar más en filtros, pipas y garrafones de agua.
