Morelia, Michoacán.-Jaime Hernández Díaz y Salvador Galván Infante aseguran que hablaron sobre la delicada situación que se estaba presentando en la Universidad debido a las solicitudes expuestas por el SUEUM y el SPUM.
Ambos exrectores de la máxima casa de estudios en la entidad denunciaron ante la opinión pública lo que consideraron como una grabación ilegal, editada y manipulada de una conversación que sostuvieron a puertas cerradas en las oficinas del edificio de la Dirección de Transformación Digital de la UMSNH, un espacio que se utiliza como parte de la Comisión de Rectoría.
Luego de que se diera a conocer información en medios de comunicación sobre un supuesto intento de pedir la salida de la Rectora Yaraví Ávila por parte del Dr. Jaime Hernández Díaz y el Mtro. en C. Salvador Galván Infante, los mismos emitieron un comunicado en el que denuncian espionaje y manipulación de audios, lo cual constituye un delito, por lo que actuarán en consecuencia.
En el documento dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, los exrectores refieren que un audio editado y manipulado dolosamente fue difundido, aclarando el contenido real del mismo.
“El 5 del mes en curso recibimos la visita del Comité Ejecutivo del SPUM, quien nos entregó una solicitud de remoción de la actual Rectora de la Institución. Al final del evento, sostuvimos una charla informal únicamente los miembros de la Mesa Directiva, sobre diversas experiencias políticas que ambos hemos vivido desde posiciones políticas muy distintas. Tocamos el tema de la alternancia política en el Estado de Jalisco”.
Su plática, que hacía referencia a un tema de hace varias décadas, aludía a que el Partido Acción Nacional sustituyó al Partido Revolucionario Institucional. Poco después aparecieron pintas en las bardas de distintos puntos de la ciudad de Guadalajara con la consigna “que regresen los corruptos y se vayan los pendejos”. Tal comentario fue sacado de contexto con intenciones perversas.
Los exrectores denunciaron que el audio en cuestión pone al descubierto, y es una prueba fehaciente de lo que se ha venido denunciando en los corrillos de la Universidad, acerca de una red de espionaje político en los diversos edificios de la Institución. La plática, al tener lugar en una oficina a puertas cerradas, evidencia la presencia de micrófonos ocultos, lo que atenta contra los derechos humanos y constituye un hecho delictivo, sancionado por las leyes mexicanas.
A decir de los exrectores, su postura es una denuncia pública del espionaje que se practica en la Universidad, con el objetivo de que se ponga un alto a esa práctica ilegal que va en contra de los valores de libertad que habían caracterizado la vida universitaria nicolaita. Se comenta en diversos sectores de la Universidad que dicha actividad se ha venido organizando desde las oficinas centrales de la Rectoría.
Hicieron un llamado a la Comunidad Universitaria para reflexionar sobre la gravedad de esta acción delictiva.
Con respecto al audio, explican que la postura que asumieron al recibir el documento del SPUM, “y que seguramente también se encuentra grabada”, refleja la postura de la Mesa Directiva de la Comisión de Rectoría.
Al referirse a datos específicos del audio editado, los exrectores explicaron: “nos referimos a la delicada situación que se estaba presentando en la Universidad debido a las solicitudes expuestas por el Sindicato de Empleados SUEUM y el de Profesores SPUM, y reflexionamos sobre lo grave que sería adoptar una medida apresurada e irresponsable que nada tiene que ver con la manera en que se presenta la grabación editada a conveniencia”.
Entre los temas que se detallan, abordaron los riesgos que entrañaba judicializar la elección del Rector, y “recordamos la historia de los amparos que presentó en la década de los años cuarenta el Rector Victoriano Anguiano Equihua”. También mencionaron la experiencia vivida por el Rector Raúl Arreola Cortés, con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica de 1986, y que él lo hizo porque conocía la historia de la Universidad. Acontecimientos que derivaron en la creación de la Comisión de Rectoría, y que lamentablemente permanecen en el olvido de la mayoría de los universitarios actuales.
Recordaron que, en los 39 años de existencia de la Comisión de Rectoría, al cumplir con su función de nombrar Rector, nunca ha dado motivo a un conflicto universitario, en buena medida porque siempre se ha privilegiado la consulta con el Consejo Universitario y la paz en la vida institucional. La muestra más reciente y clara de ello fue el nombramiento de la actual Rectora.
Por último, aseguraron: “se equivocan aquellos que piensan que estamos enfermos de poder. Invariablemente hemos demostrado con nuestra conducta en la vida universitaria durante muchos años que hemos sabido anteponer el interés general de la Universidad por encima del interés personal, con un espíritu genuino de compromiso nicolaita por el bien de la Universidad”.