Miércoles 27 de septiembre de 2023.- Hagamos anunció que solicitará a la Contraloría del Estado de Jalisco que inicie investigaciones a la Secretaría de Transporte (SETRAN) y a su titular, Diego Monraz, sobre los probables malos manejos en la operación del subsidio a transportistas que asciende cada año a unos 250 millones de pesos.
Señaló el partido, a través de un comunicado, que derivado de una investigación periodística en que se detectaron entregas de recursos a empresas que no pertenecen al padrón de concesionarios, Hagamos pedirá que se investigue:
1.- Si SETRAN habría entregado 94.7 mdp a 5 empresas de transportistas para comprar 164 unidades. Se presume que dichas empresas no están en el padrón de concesionarios y no se conoce el destino de las unidades que aparentemente se compraron. Algunas de estas empresas incluso ya no existen como es el caso de la que operaba la ruta 380 que fue sustituida por Mi Macro Periférico.
2.- Seis empresas habrían recibido recurso para comprar más unidades de las que tienen permitidas y tampoco se conoce si las unidades fueron adquiridas o dónde se encuentran. La suma por este concepto llega a los 94.13 millones de pesos.
3.- El gobierno de Jalisco ha destinado 789 millones de pesos de los impuestos de las y los jaliscienses para que los transportistas compren 1,545 nuevos camiones, sin que se conozca si ya fueron adquiridos, donde se encuentran operando y las condiciones en que se encuentran.
Hagamos señaló desde un principio que la formalización del subsidio al transporte público era un premio a los transportistas y debía ejecutarse con total transparencia y mecanismos confiables.
Indicó que en caso de ser confirmado algún desfalco, la Secretaría del Transporte estaría incurriendo en graves faltas que deben ser sancionadas, al igual que los transportistas “que siguen siendo beneficiados con acciones como las alcancías que no dan cambio y se desconoce el monto y destino de esos recursos”.
“En los próximos días presentaremos acciones en la Contraloría e informaremos a la sociedad sobre esta situación, sin que se descarte la posibilidad de emprender acciones legales en la Fiscalía Anticorrupción”.
