Por: Eduardo Esquivel Torres
Martes 28 de abril de 2026.- Ante la persistente crisis de agua de mala calidad que afecta a miles de ciudadanos, el Congreso del Estado aprobó un exhorto contundente dirigido al titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
El acuerdo legislativo obliga al organismo a demostrar científicamente si el agua que distribuye es apta para el consumo humano o si, como denuncian los usuarios, representa un riesgo sanitario.
La iniciativa, impulsada por la bancada de Morena y respaldada por casi todas las fuerzas políticas (PAN, PRI, Hagamos, Futuro, PVEM, PT y diputados independientes), establece que el SIAPA tiene un plazo máximo de 30 días naturales para entregar estudios físicos, químicos, microbiológicos y bacteriológicos detallados.
Estos análisis deberán realizarse colonia por colonia dentro del polígono abastecido por la planta potabilizadora PP1 Miravalle, con el fin de verificar si el servicio cumple con la norma federal NOM-127-SSA1-2021.
La acción legislativa responde a una ola histórica de denuncias ciudadanas. Durante años, los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) han reportado de manera sistemática:
Suministro de agua turbia, amarillenta o con sedimentos. Presencia de malos olores persistentes en las tomas domiciliarias.
Falta de respuestas efectivas por parte del organismo operador, que frecuentemente minimiza los reportes argumentando que el color no afecta la salud.
Los legisladores calificaron la postura del SIAPA como una muestra de “indolencia y gran falta de actuación”, señalando que el organismo ha fallado en su responsabilidad primaria de garantizar agua de calidad.
Por primera vez, el Congreso plantea repercusiones económicas directas contra el SIAPA si los estudios confirman la mala calidad del líquido:
Si el agua no cumple con la norma, el SIAPA deberá otorgar un saldo a favor a los usuarios del polígono Miravalle, proporcional al tiempo que recibieron servicio deficiente.
De confirmarse que el problema persiste en las colonias con reportes vigentes, el Legislativo advirtió que tomará medidas legales para condonar totalmente el pago de la tarifa a los afectados.
Con este acuerdo, el Poder Legislativo busca transitar de la queja a la rendición de cuentas, estableciendo que el acceso al agua limpia no es negociable y que, de fallar el servicio, el usuario no debe estar obligado a costearlo.
