Juan Carlos G. Partida
Lunes 24 de abril de 2023.- Lupita Castillo alza el brazo derecho que no tiene pero que sigue sintiendo, así hayan pasado 31 años desde que ella, una niña de 9 años, autorizó al médico a que lo amputara pensando, con la inocencia de su edad y la desesperación del dolor, que le volvería a brotar.
Iba al trabajo de la mano de su mamá, eran vacaciones de primavera todavía el 22 de abril de 1992 cuando todo estalló a su alrededor, en una secuencia que no recuerda hasta que le regresó la consciencia y estaba debajo de los escombros. Lloraba, gritaba y su madre nunca la escuchó.
“Pero hubo ángeles que me sacaron de los escombros y me dejaron tirada en una banqueta, me dijeron ‘espérate aquí ahorita viene una ambulancia’, hasta que me recogieron, me llevaron y me separaron de mi mamá. En el hospital me dijeron que no había nadie que me reclamara, nadie que (autorizara) operar el brazo: ‘Si te dejo así por más tiempo puedes morir, necesitamos quién nos autorice a que corten el brazo’. Yo les dije ‘pues córtenlo’. Yo tenía 9 años y me decía ‘me va a crecer de nuevo’”.
Es un sábado 22 de abril de 2023 de absoluto cambio climático, bajo un sol impune que rebota en la plancha de cemento del parque de San Sebastián de Analco e irradia desazón, una mañana en la que abundan los testimonios de dolor, de recuerdos que cobran más vida porque se dan en el barrio donde muchos pensaron y otros comprobaron que se había acabado el mundo.
Por si faltara un ingrediente a las historias, detrás de quienes las cuentan entre lágrimas está la escultura llamada “Estela contra el olvido”, una obra que donó Alfredo López Casanova y fue instalada en el aniversario 12 de la tragedia, financiada con aportes ciudadanos, de la Universidad de Guadalajara y del ITESO.
Es inevitable en la ceremonia del 31 aniversario, mientras la valiente Lupita de 9 años revive alzando el brazo que perdió, mirar al controvertido monolito: Una escultura que desde 2004 vecinos del parque en las calles Guadalupe Victoria, Analco, 5 de Mayo, tienen que ver todos los días y que muestra sin espacio para la imaginación el cuerpo descoyuntado de un niño, cabezas saliendo de hoyos, brazos, manos asidas a la esperanza de ser vistas.
“Más que dinero o que nos incluyan en el fideicomiso para recibir una pensión como damnificados, los que vivimos aquí junto al parque ya queremos que quiten esa chingadera. A mí me recuerda no que volví a nacer, sino a toda la gente que vi morir”, dice un vecino del parque, un robusto cincuentón al que las explosiones le quedaron a un muro de distancia y que hoy, aguijoneado por los fantasmas que reverberan en el calorón, lucha por evitar que le broten las lágrimas.
“Parece una fosa clandestina, ahora tan de moda”, termina el hombre, mientras la gota escurre breve por su mejilla antes que, veloz, el dorso de su mano la quite.
EL CABALLO DE TROYA
El gobernador Enrique Alfaro, la noche del viernes 21 de abril, horas antes de que iniciara el memorial, anunció que cedería a la exigencia de los damnificados respecto a que la pensión económica que se otorga a una cincuentena de ellos, será actualizada conforme a los incrementos al salario mínimo y ya no a la Unidad de Medida de Actualización (UMA) que se basa en la inflación.
“En este gobierno sabemos escuchar y reconocer las demandas justas”, dijo Alfaro en redes sociales, antes de soltar la flecha en respuesta a las varias manifestaciones en su contra realizadas por damnificados semanas antes, en las cuales exigían el cambio ante el mayor avance en los incrementos al salario mínimo contra las UMAs:
“Ahora, en lugar de incrementar mil 215 pesos en los apoyos mensuales, para pasar de 15 mil 558 a 16 mil 774, recibirán un aumento de 3 mil 111, lo que significa un apoyo mensual de 18 mil 669 pesos para este 2023. Esto representa, en total, un incremento anual de 1 millón 787 mil 289 pesos”, dijo Alfaro.
El mensaje del aumento tan solicitado y desoído hasta entonces pareció un dado envenenado porque desató la rebatinga en pleno memorial horas después, un homenaje al cual Alfaro después de anunciar con pesos y señales el aumento en el apoyo, evitó acudir pese a ser invitado y prefirió enviar a su secretario de Gobierno, Enrique Ibarra.
Y es que hay muchos damnificados que cuando se creó 30 años atrás el fideicomiso para apoyarlos económica y médicamente, no fueron incluidos debido a que no se enteraron con oportunidad y desde entonces han pugnado, sin lograrlo, ser tomados en cuenta.
Tal vez por ello a mitad del acto de remembranza del sábado uno de ellos, quien se identificó como Héctor Peña, pidió una auditoría a la fundadora de la asociación civil “Lesionados Sobrevivientes de la Explosiones de 1992”, Lilia Ruiz Chávez, a quien acusó de actos de corrupción para sólo beneficiar a sus familiares y allegados.
El secretario Ibarra, a quien interrumpieron cuando iniciaba su discurso, debió salir en defensa de Ruiz Chávez y dijo que ella no maneja ni ha manejado el dinero del fideicomiso, pero la gritería e intercambio de señalamientos públicos continuó hasta que alguien pidió guardar un minuto de silencio en memoria de los ciudadanos que murieron en las explosiones, mientras Peña insistía en que son más quienes no son reconocidos como víctimas y por tanto no reciben recursos.
Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, anunció que el gobierno municipal buscará lograr un punto de acuerdo en el Cabildo para que el apoyo, ahora de 4 millones anuales que se entrega, se mantenga de forma permanente y aumente conforme a los nuevos términos, sin importar quién esté a cargo del gobierno local.
“Estaremos proponiendo en la siguiente sesión que se apruebe que el recurso de los 4 millones de pesos, más indexado el índice inflacionario, se garantice el depósito por los años venideros, independientemente de qué gobierno venga. Que el Ayuntamiento como institución gubernamental tenga la obligación de depositar estos recursos hasta que todos los damnificados fallezcan”.
Sonia Solórzano, víctima en 1992 y representante legal del comité técnico dentro del fideicomiso de afectados, tronó contra la presunta solidaridad del gobernador Alfaro al anunciar el cambio de UMAs a salario mínimo para actualizar los apoyos cada año.
“No nos está regalando nada, nos está resarciendo el daño que ellos mismos provocaron. Desde 1998 y 2000, mediante un decreto, se estableció actualizar los apoyos mediante UMAs (unidad de medida de actualización) y esta administración dice que ha duplicado los apoyos, cuando estos se incrementan por sí mismos”, dijo
También recordó que no todos los 54 integrantes del fideicomiso reciben el 100 por ciento de apoyo, sino sólo 46 de ellos, por lo cual siguen sin “cuadrar” los números ya que en diciembre pasado había 13 millones de pesos en la cuenta del fideicomiso mientras el gasto anual de apoyo económico apenas supera los 10 millones de pesos.
“Que no se nos olvide que solo 46 de los 54 (integrantes del fideicomiso) recibimos el 100 por ciento, 1 recibe el 50 por ciento, 1 recibe el 37 por ciento, 2 reciben el 35 por ciento, 1 recibe el 30 por ciento y 3 no reciben un solo peso porque no calificaron ningún tipo de discapacidad. Por eso pedimos claridad y transparencia dentro del comité, no que nos exhiba al poner signo de pesos y cantidades, se está incitando el odio contra nosotros porque hay personas que nos dicen que nos están pagando mucho sin hacer nada, olvidándose que somos víctimas”.
Solórzano porta, desde tres años atrás, un “pulso de vida”, una alerta remota para llamar a la policía cuando se sienta amenazada por un hombre que le ha dicho que la va a matar y contra quien logró una orden de restricción, un sujeto que ella afirma está ligado a quienes no les gusta que existan apoyos económicos a los damnificados “por no hacer nada”.
Lilia Ruiz Chávez, de la asociación civil Lesionados Sobrevivientes de las Explosiones de 1992, dijo que las autoridades “nos ven y nos tratan como limosneros, pero no estamos pidiendo limosna, el derecho nos asiste por haber resultado víctimas de una tragedia provocada por la corrupción, la negligencia y las omisiones del gobierno en los tres niveles. Estos derechos adquiridos no los quieren quitar sin ningún argumento”.
Otra invitada que prefirió no asistir, a quien los damnificados han acudido sin éxito para obtener apoyo en sus demandas, es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, quien les ha dicho que cualquier reclamo en este sentido no es competencia de la supuesta defensoría social.
“La invitamos a este y a otros eventos más para que dé la cara ante los medios que para esperar algo de su parte”, dijo Lilia Ruiz, sabedora de que Godínez está en el cargo gracias a una cuota política a favor de MC y que, por tanto, responde a intereses emanados de quienes la pusieron en el cargo.
@jcgpartida
